Picaresca 'china' para eludir la ley Antibotellón

"Un día vas al negocio y está Chin Lu y al siguiente está Lun Chi". De esta manera tan gráfica la Policía Local granadina intenta explicar la picaresca que envuelve a los negocios regentados por ciudadanos chinos y que, en muchas ocasiones, escapan a la cadena de sanciones interpuestas por los agentes cada fin de semana por vulnerar la ley.

Lo denuncia la Policía Local de casa y también el último informe elaborado por el Defensor del Pueblo Andaluz dedicado a la Ley Antibotellón. El documento advierte de los problemas que tienen los ayuntamientos para cobrar las sanciones que se les pone a los titulares de estos negocios -principalmente, extranjeros aunque también de origen nacional- que pueden llegar hasta los 3.000 euros e incluso legan a suponer la clausura del local en caso de reincidencia. La esencia de esta picaresca, que ha convertido en un coladero sin fondo todas estas denuncias, se basa en los cambios de titularidad de las licencias de apertura de estos negocios. "Se evita el cierre efectivo de los establecimientos traspasando el titular de los mismos y cayendo la denuncia anterior en saco roto que nunca pagan", explican.

El porcentaje de estos casos es tal que el propio informe sugiere la posibilidad de introducir alguna modificación en la Ley que permita evitar este tipo de artimañas que impide cobrar a los ayuntamientos las multas impuestas por el incumplimiento ya sea por vender alcohol a deshoras, a menores o carecer de cualquier tipo de documentación. La recomendación del Defensor del Pueblo Andaluz es importante porque la cantidad -no cuantificada- que se pierde por estos impagos es notable para los consistorios por lo que se pide la revisión.

En cualquier caso, perseguir este tipo de infracciones es uno de los cometidos de la Unidad de Medio Ambiente de la Policía Local. Tan sólo en 2011 este grupo realizó 5.689 seguimientos a establecimientos, más otras 1.007 visitas realizadas por otras unidades policiales.

Este año, durante el mes de enero se han realizado otras 24 inspecciones y se han formalizado 9 denuncias, entre ellas, dos por venta de alcohol fuera de horario; una por venta de alcohol a menores; otras dos, por venta de tabaco; otras dos por falta de licencia y dos más por carecer de seguro de responsabilidad civil.

No sólo se mantienen las denuncias a los establecimientos por este tipo de conceptos, también las sanciones por beber fuera del espacio habilitado para ello, el botellódromo, una actividad altamente relacionada con la supervivencia de estas tiendas y su apertura en horario nocturno. Concretamente, durante el mes pasado, se pusieron 136 sanciones por este concepto.

La cuestión es que pesar de la información traslada por los ayuntamientos y la publicidad que se ha hecho durante estos años, siguen existiendo reductos habituales en los que pandillas de jóvenes se juntan para beber.

El Bajo Albaicín, las escalerillas de Hacienda, los recovecos de la zona de Subdelegación del Gobierno o la zona Centro siguen siendo algunos de los rincones que acumulan más denuncias. Al margen de estos sitios habituales se les suman ahora otros como la llamada Plaza de la Libertad en la Chana o algunas zonas del Zaidín que, en lugar de por la noche, reúnen a los jóvenes a las salidas de clase, entre las 13:30 y las 14:00 horas. En estos casos, los bebedores utilizan hipermercados para hacerse con el alcohol y, aunque no esté permitido dispensar a menores, las argucias no faltan para poder comprar las botellas sin complicaciones.

Las cifras de denuncias por se han mantenido altas durante el último año, según la Policía Local. Con la Ordenanza de la Convivencia en la mano se pusieron 3.284 multas por beber fuera del botellódromo. Como suele ser habitual, el año pasado los meses más conflictivos comienzan con el inicio del curso. Así, en septiembre la Policía Local puso 334 denuncias; en octubre, 365; noviembre, 642 -el mes más problemático- y 433, en diciembre.

Precisamente, el problema que se encuentran los agentes de la Policía Local para cobrar las sanciones a los establecimientos no es el único. La concejal de Protección Ciudadana, Telesfora Ruiz, ya alertó hace un par de meses de la nueva casuística que ha aparecido con las fiestas de los pisos de estudiantes. 632 sanciones fueron las denuncias que se pusieron el año pasado por este concepto y no fueron todas las existentes.

Ruiz explicó la dificultad que tienen los agentes para identificar a los inquilinos por lo que poner la sanción es imposible. "La policía llama a la puerta, los jóvenes bajan la música pero no abren para evitar que les pongan la multa". Por eso, explicaba la concejal, y ante la imposibilidad de detectar la raíz directa del problema, el Ayuntamiento baraja que los propietarios del inmueble puedan ser responsables solidarios o subsidiarios de las multas. La idea sería sancionar de manera indirecta a los dueños de los pisos y que ellos, posteriormente, puedan quitar esa cantidad a los inquilinos de la fianza.

La realidad existente demuestra que aunque el Ayuntamiento haya puesto un total de 4.183 denuncias sobre este tema desde que se pusiera la Ordenanza de Convivencia en marcha, unas 40 semanales, hacerlas efectivas es muy difícil. Ya no sólo los ayuntamientos solicitan una revisión de la normativa para evitar este tipo de problemas. A su reivindicación se suma el Defensor del Pueblo. La cuestión es que la Junta recoja en guante y ponga remedio a este problema.