La Policía Autonómica retira en un año a 62 menores granadinos de sus familias

Es posiblemente uno de los episodios más dramáticos para una familia. La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social es la responsable de la tutela de aquellos menores que se encuentren en situación de desamparo y, en consecuencia, puede ordenar la retirada de su unidad familiar. Un momento tremendamente duro, que viene experimentando un progresivo incremento en los últimos años.

Si en 2010 el número de retiradas de menores llevadas a cabo por la Policía Autonómica alcanzaba las 46, el año pasado -último dato contabilizado- ascendieron hasta las 62. Una subida de más del 26% que evidencia un aumento de las causas que propician este tipo de actuaciones. Entre los motivos que la Junta puede alegar como situación de desamparo se encuentra el abandono voluntario del menor por su familia, la falta de escolarización habitual, el sufrimiento de malos tratos físicos y psíquicos o abusos sexuales perpetrados por los miembros de su unidad familiar o de terceros con consentimientos de estos. También están entre estos supuestos la inducción a la mendicidad, delincuencia, prostitución u otra explotación de análoga naturaleza; el trastorno mental grave de los progenitores o guardadores que impida el normal ejercicio de la patria potestad o guarda; y la drogadicción o el alcoholismo continuado del menor con el consentimiento o la tolerancia de sus tutores.

La consecuencia de la retirada del niño o adolescente de su familia biológica es la asunción de la guarda y custodia por la Delegación de Igualdad y Bienestar Social. La Administración habrá de promover medidas de acogimiento familiar, residencial o adopción, mientras que a los padres se les suspende temporalmente el ejercicio de la patria potestad. Los resultados muestran que en Granada se produce el mayor número de retiradas de toda Andalucía, concretamente más de un tercio de las actuaciones de la Policía Autonómica en esta materia.

Por otra parte, es especialmente significativo la caída que sufren los atestados instruidos por abandono de menores. El año pasado únicamente se contabilizaron dos, lo que constituye un descenso del 97%. De esta forma, la provincia ocupa del primer puesto de la tabla autonómica, aunque junto a Cádiz y Sevilla son las tres únicas provincias andaluzas donde se producen este tipo de hechos.

Igualmente relevante es el exponencial aumento que sufrieron las actuaciones policiales ejercidas sobre niños o adolescentes internos en centros de menores. Sin embargo, en este aspecto el factor diferenciador lo marcan los sexos. Así, el número de menores varones bajó desde los 91 de 2010 hasta los 20 del pasado año. En el lado opuesto, las chicas subieron de las escasas diez hasta las 179 del último ejercicio. Pese al incremento de más del 50%, Granada se sitúa como una de las provincias donde menor número de intervenciones se producen en centros de menores.

En definitiva, 250 menores fueron objeto de protección durante ese año, de los que 110 eran nacionales y 140 extranjeros. Finalmente, del total de atestados instruidos contra menores resultaron implicados 214, cifra que representa el mayor valor autonómico.