Guerra de cifras y acusaciones por el bloqueo de la Dependencia

Un centenar de personas se concentraron ayer para reclamar a las diferentes administraciones la reanudación de la Ley de Dependencia. Una reivindicación que también realizaron en el mismo día los concejales del Ayuntamiento de Granada Juan García Montero y Fernando Egea, y la diputada de Bienestar Social, Marta Nievas, que culparon directamente a la Junta de Andalucía por tener "paralizado el servicio".

En concreto, los ediles del Ayuntamiento de Granada denunciaron la "paralización de la ayuda a la dependencia", pero también la reducción de la aportación por parte del organismo a las ayudas económicas familiares. Dos circunstancias que según explicaron están llevando a auténticos casos extremos a los más necesitados.

En el caso de la Ley de Dependencia, los ediles denunciaron que en la actualidad la Junta de Andalucía mantiene paralizados un total de 2.161 expedientes en la capital. Y es que según palabras de Egea, en el año 2010 se remitieron a la Junta de Andalucía 3.718 solicitudes de las cuales se valoraron 3.124 mientras que en el año 2012, de las 1.475 solicitudes presentadas, solo se valoraron 133. Es decir, que "no se han valorado ni el 9% de las solicitudes". Asimismo, indicaron que "en 2013 apenas se han concedido ayudas, en concreto, "una en marzo, una en febrero y ninguna en enero".

Una situación de riesgo social de la que incluso se ha hecho eco el Defensor del Pueblo Andaluz, que ha "mandado un mensaje de SOS". Por otra parte, los ediles denunciaron los retrasos y paralizaciones de los programas y la deuda que mantiene el organismo autonómico con el Ayuntamiento, que roza los 5 millones de euros "por distintos conceptos relacionados con el servicio".

También criticaron a la Junta por la demora producida en la valoración de muchos de los dependientes, y la escasa revisión de los que ya están valorados, pues "quedan por resolver 579 solicitudes de revisión de valoración de los dos últimos años".

Por ello, el Ayuntamiento de Granada va a presentar en el próximo pleno una moción que solicita a la administración autonómica que pague al Consistorio los casi 5 millones que adeuda por este servicio donde 2.607.000 euros se corresponden con el servicio de ayuda a domicilio de la Dependencia del segundo semestre de 2012, otros dos relativos al mismo servicio entre enero y febrero de 2013 pero también el pago de 305.973 euros por transferencias de créditos para el personal que trabaja en el servicio.

Pero las criticas no solo se volcaron sobre la Ley Dependencia. El PP también va a presentar en el mismo pleno una moción para que la Junta aumente su aportación en un 50% las ayudas económicas familiares, pues se ha producido un aumento de las peticiones en un 30% con motivo de la crisis económica. Entre otras cosas porque "no es de recibo que la Junta se invente nuevas fórmulas para ayudar si ya existen estos mecanismos", indicaron, refiriéndose a las últimas medidas sociales anunciadas por el organismo autonómico.

Por su parte, la diputada de Bienestar Social, Marta Nievas, criticó estas mismas circunstancias durante una visita al centro municipal de Servicios Sociales de Alhendin. Según relató, en los municipios de menos de 20.000 habitantes como Alhendín, los centros de Servicios Sociales de la Diputación son la "puerta de entrada a los servicios de la Ley de Dependencia" para mayores y dependientes. "Aquí se hacen los estudios de valoración pertinentes". Sin embargo, "ahora vemos que hay una paralización de estos informes y hay muchos recursos de la Ley de Dependencia que la Junta no está aplicando", indicó Nievas que subrayó que "hay gente que necesita ayuda a domicilio, teleasistencia o plaza en una residencia y la Junta de Andalucía no está resolviendo sus expedientes".

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Alhendín está asumiendo con la Diputación algunos servicios que no entran dentro de sus competencias, a la par que ha reforzado su colaboración con el Banco de Alimentos y Cruz Roja para la asistencia a los más necesitados.