El fin de los alquileres de renta antigua abocará al cierre a un millar de negocios del centro

El fin de los alquileres de renta antigua en los locales comerciales de Granada está cada vez más cerca. La moratoria que se aprobó en el año 1994 a la Ley de Arrendamientos Urbanos -por la que se daba un plazo de 20 años para normalizar el precio de los contratos-, expira el 31 de diciembre de 2014, lo que puede traducirse en el cierre de numerosos negocios, principalmente del centro de Granada, que verán cómo el coste de sus alquileres se multiplica por cinco por permanecer en su local. A efectos prácticos esto supondrá que un negocio que actualmente paga de alquiler unos 500 euros, tendrá que desembolsar 3.000. A nadie se le escapa que esto supondrá la puntilla para muchos negocios que se verán ahogados por la nueva situación.

Con aquella moratoria del año 94 los inquilinos han podido mantener alquileres muy por debajo del precio marcado por el mercado inmobiliario, para desesperación de muchos propietarios que veían cómo en el local de al lado se pagaba hasta cinco veces más.

Preocupados por la situación, el grupo municipal socialista le propondrá hoy en el pleno al equipo de gobierno una serie de medidas 'salvavidas' que permitan reflotar y mimar al comercio tradicional de la ciudad. La primera de ellas pasa por analizar la citada moratoria para determinar posibles soluciones a estos históricos comerciantes. No será fácil, puesto que se trata de una ley estatal cuya implantación escapa a las administraciones locales.

La segunda propuesta contempla la revisión e innovación del Plan Especial Centro con la intención de proteger a todos estos negocios con más de 30 años que ya son parte de la esencia de Granada (Los Italianos, la Farmacia Zambrado, la tienda de ultramarinos Oliver en la plaza de la Trinidad...)

Dicha protección se haría incluyendo en el plan especial la categoría de 'Bienes Culturales, materiales e inmateriales de interés histórico y etnológico con relevancia local'.

"Este tipo de negocios tiene un valor que debe ser preservado y protegido. No podemos permitir que, por ejemplo la farmacia de Reyes Católicos se convierta en un Bershka", declaró la concejal socialista Raquel Ruz, quien cifró en 200 el número de negocios que podrían acogerse a esta medida.

"Son estos bienes culturales, materiales e inmateriales, de carácter etnológico lo que configuran y dan carácter a las ciudades. Las añejas tabernas, las farmacias tradicionales, los negocios centenerarios, las tahonas antiguas constituyen un bien patrimonial de las ciudades que se debe tutelar", explican los socialistas en su moción. El modelo ya se lleva a cabo en ciudades como Barcelona o Madrid donde, aunque el comercio cambie de actividad se sigue manteniendo la fisonomía del negocio.