1954 La norma eterna

El 27 de septiembre de 2013 una docena de estudiantes de la Coordinadora Sindical se manifestaron antes de la solemne apertura del curso académico de la Universidad de Granada. Desplegaron una pancarta, reivindicaron -megáfono en mano- la necesidad de una universidad pública y de calidad y arremetieron contra el ministro de Educación, José Ignacio Wert, al tiempo que pedían al rector de la Universidad de Granada, Francisco González Lodeiro, que se uniera a las movilizaciones. Estos hechos, hace 60 años, hubieran sido un escándalo que, con la norma vigente en aquel momento en la mano, se hubiera saldado con un castigo ejemplar para los manifestantes. Las faltas graves de los alumnos -como la "insubordinación contra las autoridades académicas"- se castigaba en 1954 con la expulsión, que podía ser perpetua, de la Universidad. Hoy, seis décadas después, aquella normativa que prevé expulsiones de por vida y amonestaciones públicas y privadas, para los casos menos graves, sigue vigente.

El texto de la norma apenas ha cambiado en estos años, aunque en la actualidad únicamente se aplica a los estudiantes -"escolares", en la terminología de 1954- ya que el articulado que hacía referencia la profesorado se derogó tras la aprobación del Real Decreto 898/1985. En la web de la Universidad de Granada donde puede consultarse el documento -http://secretariageneral.ugr.es- se advierte claramente de que el contenido del Reglamento "ha de ser interpretado de acuerdo con los preceptos constitucionales", lo que ha dejado sin vigor, por ejemplo, los tribunales de honor para el personal docente. Estos remiendos, sin embargo, se antojan insuficientes, a tenor de la opinión que de dicha norma se tiene dentro de la UGR, donde se recuerda que la norma afecta a todas las universidades por igual.

El vicesecretario de la Universidad, Francisco López Bustos, alega que poco puede hacer la institución académica para actualizar el texto. La norma sigue vigente porque "los legisladores deben cubrir esas lagunas, y no lo han hecho", a pesar de que el Gobierno se comprometió a ello. En el Real Decreto 1791/2010 del Estatuto del Estudiante Universitario se afirma que se presentará antes del 1 de enero de 2012 un proyecto de ley reguladora que recogiera infracciones, sanciones y medidas complementarias específico para el ámbito universitario. El texto se abordó un mes antes de que el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero convocara elecciones, por lo que no pasó del Consejo de Ministros. Por cierto, el Estatuto del Estudiante deja en manos del rector el "fomento de la convivencia", como se denomina en su artículo 44, esto es, la toma de decisiones relativas a los derechos y deberes de la comunidad universitaria.

López Bustos reconoce que el texto debería actualizarse, pero "a pesar de que sea obsoleto, el Tribunal Supremo ha confirmado en reiteradas ocasiones que está vigente". Los estudiantes están sujetos a este régimen especial por la particular naturaleza de su relación con la Universidad mientras están matriculados.

¿En qué falla el Reglamento? "Sobre todo en que hay que encajar conductas nuevas a una terminología de hace 60 años", explica el vicesecretario de la UGR, además de haber quedado obsoleto el cuadro de sanciones. Las condenas más duras -inhabilitación o expulsión- no suelen aplicarse, aunque el problema no está únicamente en la tipificación de conductas y de penas. Ignacio Jiménez, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada y asesor para el Estatuto del Estudiante, explica que "el régimen disciplinario es una de las pocas cosas que no han cambiado en la Universidad". Los problemas para aplicarla hace que la mayoría de los rectores de las universidades públicas españolas se muestran reticentes a sancionar de acuerdo al documento sexagenario. "Es una patata caliente". El rector, precisamente, es la autoridad que debe aplicar el Reglamento, un cargo que, además, representa la máxima autoridad académica, por lo que, por su cargo, puede ser objeto, precisamente, de las protestas del alumnado, como ocurrió en los actos de apertura de 2013 y de 2012. En esos casos, el rector sería juez y parte del proceso... algo "que chirría en el marco constitucional actual", reseña el profesor.

La incapacidad para legislar de las universidades, evidentemente, no ha conducido a la 'parálisis' en cuestión de cómo debe organizarse la vida interna en los campus. "Las universidades sí pueden hacer reglamentos", explica el profesor de Derecho. De este modo se ha conseguido defender la autenticidad de los ejercicios o la propiedad intelectual, conductas 'en alza' gracias a la irrupción de internet y la facilidad de acceso a trabajos publicados en, prácticamente, cualquier universidad del mundo. La Normativa de Evaluación y de Calificación de los Estudiantes de la UGR, aprobada en 2013, sanciona el plagio académico con un cero, eso sí, "con independencia de las responsabilidades disciplinarias a que haya lugar", es decir, que se puede iniciar un procedimiento en el que se abra un expediente disciplinario en el que la sanción venga determinada por el citado Reglamento de 1954. "Con este texto intentamos eliminar parte del anacronismo legal", subraya Ignacio Jiménez.

Según el informe anual de la Inspección de Servicios -área que tiene como función "velar por el correcto funcionamiento de los servicios, colaborar en las tareas de instrucción de los expedientes disciplinarios y llevar a cabo el seguimiento y control general de la actividad universitaria"- en el curso 2010/2011 se instruyeron como expedientes disciplinarios nueve casos.

Sin embargo, esta necesidad de regular de las universidades se topa con un problema de base; tiene que haber uniformidad en todo el territorio, explica Ignacio Jiménez. "Si estamos propiciando la movilidad universitaria, no tiene sentido que el maltrato, por ejemplo, sea sancionado de una manera en Jaén y de otra en Baleares".

¿Por qué, después de tantos años, no ha habido interés en cambiar la norma que deja más lagunas que soluciones? "Al parecer, ningún responsable político quiere pasar a la historia como el que reguló la disciplina en la Universidad, exclusivamente por cuestiones de imagen. En la anterior legislatura se midieron muy bien los tiempos para que la normativa se quedara redactada y no llegara a entrar en vigor", explica el Defensor Universitario, Enrique Hita, en relación a la redacción del texto cuando el Ejecutivo de Zapatero tenía ya un pie fuera. "El resultado es tan absurdo como tantas cosas hoy día en España: se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario, donde se establece, junto a los derechos, un conjunto de obligaciones para los estudiantes que son el contrapunto de los derechos de los demás, pero luego no pasa nada si no se cumplen. Lo peor de todo es que sí pasa. Se le termina aplicando al alumno un reglamento preconstitucional que, cuando te paras un poco a analizarlo, compruebas que no es muy garantista", explica Hita. El Defensor del Pueblo ha pedido hasta en tres informes (el último de 2012) la necesidad de rehacer la ley.

Los estudiantes tampoco le ven demasiado sentido al Reglamento del 54. El coordinador general de la Delegación de Estudiantes de la UGR, Ramón Ricardo Rosa, señala que el documento en vigor "responde a una manera de ver el mundo en la época" por lo que es "anacrónico" y merece ser derogado cuanto antes. De hecho, Rosa señala que ya se ha creado un marco normativo que suple el objeto para el que se creó el texto, por lo que no tiene sentido.