El fraude del gasóleo adulterado podría rondar los 2.000 millones
La red habría estafado a Hacienda 5,5 millones sólo en el impuesto de Hidrocarburos
La red dedicada a la adulteración de gasóleo desarticulada por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria defraudó a Hacienda 5,5 millones de euros sólo en el impuesto de Hidrocarburos, pero el análisis de la documentación intervenida aumentará de forma considerable esta estimación "prudente". Se calcula que los implicados -que también operaron en la provincia de Granada- han incurrido en un posible fraude que puede rondar los 2.000 millones de euros anuales.
Responsables de las dos instituciones dieron a conocer ayer los detalles de la operación Nehar, iniciada por la Agencia Tributaria en 2011, llevada a cabo en 24 provincias de once comunidades autónomas y que se ha saldado con 98 detenidos, 52 registros y 50 inspecciones en gasolineras. En Granada el número de detenidos asciende a once.
Aún no se puede saber el montante del fraude a la Hacienda Pública, pero sólo en el impuesto de Hidrocarburos ha alcanzado los 5,5 millones de euros en ocho meses, lo que equivale a una distribución de 20 millones de litros de combustible.
Pero si calcula el fraude de este impuesto desde el inicio de la operación, la cifra se elevaría a los 12,5 millones de euros, a los que se sumaría la defraudación, aún por determinar, en el IVA y en otros impuestos.
Durante la operación, en la que han participado 750 agentes de ambas entidades, se han bloqueado numerosas cuentas bancarias de las nueve organizaciones desmanteladas y se han incautado 1,2 millones de euros en metálico. La red contaba con sus propias gasolineras y monopolizaba el mercado en la zona donde se instalaban, ya que ofrecía el combustible más barato.
Esto, según resaltaron los responsables de la investigación, provocó un efecto cascada, puesto que otras gasolineras "abanderadas" no tenían más remedio que comprar a la organización el combustible para poder competir en precios.
Alguna de esas gasolineras ha sido precintadas, pero debido al carácter secreto de las actuaciones, los responsables de la investigación no quisieron concretar los establecimientos de este tipo implicados en esta trama ni los nombres o marcas de los mismos.
Fue la Agencia Tributaria la que comenzó a investigar tras detectar en Castilla-La Manchados establecimientos donde se adulteraba el gasóleo.
En colaboración con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se tiró del hilo hasta dar con nueve grupos, sin dependencia orgánica y jerárquica entre ellos, con una estructura piramidal y con miembros que ya habían sido detenidos en 2009 en otra operación similar, la Toleum. La trama adquiría gasóleo agrícola y de calefacción (los tipos B y C), bonificados fiscalmente, y lo mezclaba con otros productos no sujetos al impuesto para abaratar aún más su coste fiscal. Con ello reducían el precio, pero ocasionaban importantes perjuicios al consumidor dada la baja calidad del carburante.
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