El Gobierno rechaza las prospecciones en el litoral por su impacto ambiental

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha concluido la tramitación ambiental de tres proyectos de exploración de hidrocarburos denominados Campaña Sísmica Chinook en Granada y Málaga, Adquisición sísmica del área de Casablanca, frente a las costas de Tarragona, y Sondeo exploratorio Fulmar-1 y Pelícano-1, en el Mar Cantábrico.

En todos los procedimientos de evaluación ambiental como los que ahora han finalizado, con la emisión de las correspondientes declaraciones de impacto ambiental, se garantiza la máxima protección ambiental mediante la aplicación de estrictos criterios técnicos. Y, mientras que en los dos primeros ha resuelto de manera favorable, en el caso que afecta a la provincia de Granada, el Gobierno deja fuera el proyecto Campaña Sísmica Chinook, ya que en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) considera que "no cumple con los requisitos de conservación del medio ambiente". El proyecto Chinook afecta a una superficie de 1.538 km2 frente a la costa de Motril, a 6 kilómetros del Cabo Sacratif y a 8 kilómetros del Puerto. Desde el punto de vista pesquero, afecta a 24 caladeros, entre ellos los del Seco de Motril, cantillo del Brazo de Motril, Cantillo de Nerja, Punta de la Mona, Carchuna, Torrenueva, Punta del Río y Seco de Torrox, donde faenan embarcaciones motrileñas.

Este proyecto consistía en la emisión de ondas sonoras desde una embarcación para identificar la posible existencia de hidrocarburos en el subsuelo marino.

La DIA negativa se basa en que "las medidas previstas en el proyecto no ofrecen las garantías suficientes para corregir los impactos que podría generar esta actividad". Por tanto, se han escuchado las alegaciones de la asociación Buxus y Ecologistas en Acción de Granada, entre otros colectivos, como la Cofradía de Pescadores de Motril, que habían mostrado su total oposición a dicha actividad debido, "tanto a los graves impactos que sobre la fauna y los caladeros pesqueros de la zona, como por los importantes daños que se podrían producir en el futuro sobre la actividad comercial, pesquera y turística en caso de ser positivo su resultado".

"La prospección sobre estos caladeros", según los ecologistas, habrían tenido "una grave incidencia sobre la fauna de la zona y sobre las áreas adyacentes, especialmente los lugares de interés comunitario de los Acantilados de Calahonda y Castell de Ferro y el Caletón de Salobreña, como consecuencia del desplazamiento de especies y el aumento de la carga y la competencia biológica sobre los recursos".

El sistema de prospección propuesto era el de air-gun o cañones de aire con un alta incidencia sobre los peces, crustáceos y moluscos y, muy especialmente, sobre los cetáceos y las tortugas. En sus alegaciones, defendían que la explotación del yacimiento supondría una grave afectación tanto al sector turístico como al comercial debido a los riesgos de contaminación sobre las playas, y apuntaban que el 76% de la contaminación del mar del Norte se debe a los barros de perforación utilizados en esta zona por los sondeos de investigación y explotación. Los ecologistas concluían que "este tipo de explotaciones responden a un modelo de abastecimiento energético ampliamente superado por la tecnología actual", donde las fuentes renovables y limpias representan ya una parte importante de la producción eléctrica del país y una apuesta tecnológica estratégica para el desarrollo económico y la generación de emple.