Los funcionarios tildan de "PP-lotazo" la privatización del Registro Civil

"El Registro Civil es público, es gratuito, es de Justicia. No dejes que se privatice. No al PP-lotazo del Registro Civil". Es el mensaje que estamparon ayer los trabajadores de Justicia en billetes de 50 euros fotocopiados, en los que incluyeron el rostro del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para distribuirlos durante una nueva protesta por la inminente privatización del Registro Civil.

El acto, convocado a las 11:00 horas a nivel nacional, se desarrolló en Granada a las puertas del Registro Civil, que se halla en el complejo judicial de La Caleta. Participaron varias decenas de funcionarios, que portaron además una pancarta con la leyenda "No a la privatización del Registro Civil". Los trabajadores que secundaron la protesta iban -algunos de ellos- ataviados con camisetas amarillas con la misma reivindicación, la cual defendieron a golpe de tambor.

La manifestación fue convocada por los sindicatos, entre ellos el STAJ (Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia), que considera "un recorte más de derechos" la entrega de la gestión del Registro Civil a los registradores de la propiedad y mercantiles.

En declaraciones a este diario, Miguel Esteban, delegado del STAJ en Granada, señaló que con esta nueva concentración los trabajadores pretenden dejar clara su firme oposición "a la privatización de un registro público que pagamos todos los ciudadanos".

El representante sindical explicó que el servicio del Registro Civil, en cuya modernización y digitalización se ha invertido en los últimos años 130 millones de euros, se va a ceder ahora a los registradores mercantiles, lo que pondrá igualmente "muchos registros personales en manos privadas". Recalcó que esta privatización no solo va a afectar a los funcionarios de los registros civiles, sino a todos los ciudadanos, "pues van a tener que pagar una serie de aranceles que van a cobrar los registradores mercantiles", cuando hasta ahora solicitar un certificado como el de nacimiento o defunción era totalmente gratuito.

Las plantillas de los funcionarios del servicio sufrirán además una "reestructuración", pues "serán enviados a otros órganos judiciales. Junto a ello, el sindicato advierte de que se perderá también empleo, "pues muchos de los funcionarios interinos que están en los registros civiles actualmente desaparecerían como puestos de trabajo". "Creemos que es una gran estafa y un gran engaño e intentamos paralizarlo", manifestó el delegado.

Por su parte, el coordinador regional del STAJ, Nicolás Núñez, consideró que se trata "de otro recorte más", que es además "muy grave", porque desaparece un servicio público que era gratuito y que viene funcionando desde el siglo XIX. "Es una supresión de derechos y servicios a los ciudadanos", apostilló, al tiempo que hizo hincapié en que los registradores mercantiles, por ser arancelarios y cobrar por sus servicios, buscarán la rentabilidad para poder mantener sus despachos y empleados.