El juez del caso Ágreda investiga también el contrato del Palacio de los Olvidados

El juez de Instrucción número 9 de la capital, que este verano abrió diligencias para esclarecer las denuncias contra la venta municipal de la Casa Ágreda a una organización externa, también investiga la adjudicación de otro edificio histórico municipal del Albaicín a una empresa privada. Se trata del inmueble donde se instaló el museo sefardí llamado Palacio de los Olvidados.

El edificio se encuentra en el número seis de la Cuesta de Santa Inés, frente al de Casa Ágreda; y ambos formaban un conjunto de patrimonio histórico municipal del que el anterior equipo de gobierno del PP se deshizo mediante diferentes fórmulas de adjudicación.

El titular del Juzgado ha remitido al Ayuntamiento una petición para que le remitiera el expediente de este inmueble que durante algunos años fue sede de la Agencia Albaicín, el organismo municipal que se creó para gestionar los fondos europeos destinados al cuidado y recuperación de este barrio.

Las denuncias llegadas a la Fiscalía sobre presuntas irregularidades cometidas en 2015 por los máximos responsables municipales durante la venta "en diferido" de la casa Ágreda han salpicado directamente al ex alcalde José Torres Hurtado y a la ex concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, dado que aquel expediente fue tramitado por este área municipal.

Dos años antes, en 2013, el Ayuntamiento ya había adjudicado otro de sus edificios históricos, donde hoy se encuentra el museo privado Palacio de los Olvidados, que recoge la historia sefardí de Granada y se ha convertido en uno de los reclamos turísticos del barrio.

El Ayuntamiento sacó a licitación en febrero de 2013 este edificio con dos modalidades posibles, la venta o el alquiler con opción a compra en los siguientes cuatro años. Los precios mínimos marcados en el pliego eran de una renta de 2.800 euros mensuales, en el caso de optar por el arrendamiento, y de 845.690 euros para una posible venta.

Como sucedió en el proceso de adjudicación de la Casa Ágreda, al anuncio municipal de este otro inmueble solo acudió una empresa, Ciudad de los Cerros SL, con domicilio en Úbeda (Jaén), que se interesó por el arrendamiento sin mejora económica respecto al pliego. Es decir, que ofrecía los mismos 2.800 euros. Dado que fue la única opción presentada, el Ayuntamiento resolvió la adjudicación a esta sociedad, que tiene una opción de compra en los próximos años, descontando las rentas mensuales que se pagan del precio fijado para la venta.

La denuncia inicial de la Fiscalía presentada al juez por la adjudicación de la Casa Ágreda a la organización AIDE hacía hincapié en la diferencia sustancial que había entre el precio en el que fue adjudicado el edificio y el de otras tasaciones realizadas anteriormente por el propio Ayuntamiento. Aunque estaba obligada a hacer una rehabilitación de unos 5 millones de euros, la entidad podría haber adquirido esta propiedad desembolsando 1,8 millones de euros, cuando constaba una valoración interna de 6,1 millones de euros.

En aquella tasación de 2008 se incluyó también la del edificio del número 6 de Santa Inés (el actual Palacio de los Olvidados) y otro en San Matías. El Ayuntamiento pretendía venderlos desde aquella época. Aquella valoración fue de 1,3 millones de euros.

Por tanto, hay otro punto coincidente entre este caso y el de Casa Ágreda, que es la rebaja económica que los responsables municipales hicieron para sacarlo a concurso.

En el año 2008, el Ayuntamiento de Granada tenía previsto ingresar 10 millones de euros con la venta de la Casa Ágreda, el Palacio de Santa Inés y el edificio de San Matías. De hecho, esa cifra fue incluida en los presupuestos municipales en varios ejercicios económicos como ingreso previsto. Pero esas ventas, a esos precios, siempre resultaron frustradas.

Con el paso de los años, el gobierno del PP consiguió adjudicar el alquiler con derecho a compra de Santa Inés (por 2.800 euros mensuales más una prima de 10.800 euros para mantener el derecho a compra) y la Casa Ágreda, por 260.000 euros en concepto del derecho de superficie durante 40 años. El actual gobierno socialista ha iniciado el proceso de reversión de esta polémica adjudicación.

El nuevo ejecutivo también ha puesto en alquiler este verano el edificio de San Matías, aunque en esta ocasión no incluye la opción de venta, lo que garantiza que el inmueble seguirá formando parte del patrimonio municipal.