Salud abrió 331 expedientes en materia alimentaria y ambiental el año pasado

Hay una serie de establecimientos que se tienen que someter a inspecciones sanitarias para verificar el estado de sus instalaciones. Todas las industrias que fabriquen, almacenen, envasen o distribuyan alimentos, establecimientos de restauración como bares y restaurantes, comedores escolares, establecimientos minoristas, etc., pueden recibir en cualquier momento la visita de inspectores de la Delegación Provincial en materia alimentaria. Pero también llevan los controles de salud ambiental para piscinas, residencias, hoteles, hospitales o empresas químicas, entre otras.

Si no se cumplen las condiciones establecidas por ley, la irregularidad conlleva la apertura de un expediente sancionador que puede acarrear multa e incluso el cierre del negocio en caso necesario.

El año pasado, los 41 farmacéuticos y 68 veterinarios que forman el cuerpo de inspectores de instituciones sanitarias de la Delegación –repartidos para la capital, el área sur, el Área Metropolitana y la zona nordeste– realizaron 11.432 inspecciones a establecimientos (5.255 a negocios de restauración, 3.648 a minoristas y 2.559 a industrias). Unas visitas que generaron la apertura de 209 expedientes en materia alimentaria y 122 en ambiental, un porcentaje bajo (un 3% del total de las inspecciones).

“La mayoría de los expedientes en alimentación fue por déficit higienico-sanitario, con 174 sanciones, seguido del déficit en el transporte (22), mataderos en mercados (7), venta ambulante (4) y otros (2). Los 122 de materia ambiental fueron 45 en aguas potables, 47 por la ley de tabaco, 14 en control de legionella, 13 en piscinas y 3 en otros”, explicó la jefa de Salud Pública de la Delegación Provincial, Isabel Marín.

De Salud Pública dependen las inspecciones de salud ambiental y alimentaria. Las de establecimientos sanitarios como clínicas o farmacias dependen del equipo provincial de inspección.

“Está cubierta toda la provincia. No hay ningún pueblo que no tenga un inspector asignado”, matizó Marín. Y las inspecciones se pueden realizar por dos vías, programadas desde la Consejería de Salud o la Unión Europea para verificar determinados tipos de residuos, o de oficio, realizadas todo el año y aleatoriamente a cualquier establecimiento. “Aunque siempre hay diferencias en función del riesgo para la salud de determinada actividad, que establece inspecciones semanales, mensuales o anuales. Además, cuando la empresa está obligada por ley a tener un registro sanitario siempre hay una inspección previa para autorización de la licencia”, dijo.

También se realizan inspecciones a instancias de otros organismos. Por ejemplo, el año pasado, 1.076 de las 5.255 inspecciones a negocios de restauración fueron a instancias del Ayuntamiento de Granada.

Cuando el inspector descubre alguna anomalía en su visita, se levanta acta con la irregularidad (por ejemplo, la temperatura inadecuada de un frigorífico o la falta de cloro en una piscina). Si tiene fundamento se manda al servicio de Procedimiento de la Secretaría General de la Delegación, que establece la sanción en función de la ley vigente. La multa económica puede ir de leve (hasta 3.000 euros) a muy grave (hasta 600.000).