Los delitos urbanísticos salpican a una veintena de cargos públicos municipales

Durante años, el ladrillo ha sido la principal fuente de financiación de los ayuntamientos. Las nuevas urbanizaciones eran, a la vez, fuente de riqueza para los consistorios y oportunidades de negocio para los promotores cuando ser constructor no era una actividad de riesgo. Pero donde hay tentaciones puede nacer el pecado y, en este caso, donde se mueven ingentes cantidades de dinero puede surgir el delito. Durante el año pasado, la Fiscalía de Ordenación del Territorio, Patrimonio y Medio Ambiente realizó unas veinte diligencias de investigación penal -o lo que es lo mismo, indagó si se había cometido delito- por parte de alcaldes, concejales y técnicos municipales por delitos de prevaricación urbanística, según el propio fiscal considera en la Memoria de actividades de 2009, que estima como un "elevado número".

Especial mención le merecen al Ministerio Público "las causas seguidas contra el alcalde -ya ex regidor- y otros responsables del Ayuntamiento de Atarfe", aunque en este caso se excluye precisamente la causa que le podría llevar a la cárcel si la Audiencia Provincial así lo estima cuando vea el recurso, en septiembre, sobre los vertidos ilegales en el municipio.

El fiscal considera que en la mayoría de los casos de prevaricación urbanística, "el modus operandi coincide". Se trata de "la utilización de un instrumento de planeamiento" que no es el idóneo "que permite eludir los controles y las garantías legales". Incluso se establece cuál es la figura de planeamiento que "mejor se presta a este fraude de los controles legales para la consecución de un fin ilícito", que no es otro que el estudio de detalle. De hecho, incluso se establecen tres estadios: uno, el de una ordenación "vigente y vinculante que no permite el lucro pretendido", al que le seguiría "el acuerdo con los promotores para alterarla en su beneficio por medio del convenio urbanístico" que culminaría con "la utilización de un procedimiento que sortea todos los controles y garantías aplicables porque se sabe que el resultado perseguido viola los parámetros urbanísticos vigentes". Porque el estudio de detalle, detalla el fiscal, es una figura "puramente accesoria" que no puede servir para modificar un Plan General de Ordenación Urbana.

En cuanto al mapa de la presunta prevaricación urbanística en la provincia -más allá de los límites de Atarfe-, la Fiscalía de Granada resalta el procedimiento que se sigue contra el anterior alcalde, el ex concejal de Urbanismo y otras nueve personas por la construcción del Centro Comercial Nevada en Armilla -de la que recuerda que se ha solicitado la "demolición íntegra". También subraya otras "acusaciones y sentencias de importancia" que tuvieron lugar durante el año pasado que se refieren a los ayuntamientos de Almuñécar, Carataunas o Monachil.