El ex alcalde de Gójar se sentará en el banquillo acusado de tres delitos

La Fiscalía pide 10 años de cárcel y siete de inhabilitación para el ex alcalde de Gójar y diputado provincial Francisco Javier Maldonado (PP) por la presunta concesión ilegal de tres casetas de aperos, la modificación de un informe técnico para darle cabida legal y la alteración del PGOU.

El Juzgado de Instrucción 1 de Granada ya ha ordenado la apertura de juicio oral por esta causa. En la misma también está imputado el actual alcalde de Gójar, el socialista Pedro Clavero, para quien la Fiscalía ha pedido un año de cárcel y otro de inhabilitación por la presunta autoría de un delito contra la ordenación del territorio, imputación que ha recurrido.

El ex alcalde está acusado de un delito contra la ordenación del territorio y dos de falsificación: uno en documento público y otro en documento oficial. La Fiscalía pide penas que oscilan entre uno y cuatro años y medio de cárcel para el resto de los acusados: la secretaria municipal, un secretario habilitado por el Ayuntamiento en aquella época, el arquitecto municipal, la concejal de Urbanismo, el primer teniente de alcalde y dos ediles de la corporación que asistieron a la comisión informativa en la que se resolvió por unanimidad a favor de la concesión de las licencias, entre ellos el actual alcalde.

Según el ministerio público, los acusados acordaron conceder la licencia de las tres casetas de aperos pese a que no tenían la superficie mínima exigida en el PGOU para poder construir.

Lo hicieron con informes desfavorables del técnico municipal y prescindiendo del informe jurídico preceptivo "a efectos de evitar que éste incidiese negativamente en la ilegalidad manifiesta", según la Fiscalía, que atribuye al ex alcalde un delito de falsificación en documento público porque supuestamente modificó el sentido del informe del técnico municipal que decía que no podían otorgarse las licencias por incumplir los requisitos del PGOU.

El otro delito de falsificación de documento oficial se deriva de la supuesta alteración y falseamiento del PGOU, dado que se publicó un plan de ordenación urbana que no se correspondía con el aprobado por la Comisión Provincial de Urbanismo para dar cobertura legal a las licencias.

El ministerio público también pide la nulidad de la norma aprobada y de las licencias autorizadas, así como la demolición de las obras que se hayan llevado a cabo en virtud de dichas licencias.

La petición de la Fiscalía y la apertura de juicio oral fueron dadas ayer a conocer en rueda de prensa por el actual alcalde -y también imputado-, Pedro Clavero (PSOE), que dijo que el caso se originó tras una denuncia telefónica de la entonces concejal de Urbanismo, también acusada, que finalmente no se ratificó en ella. La Fiscalía actuó de oficio y denunció a todos los miembros del anterior equipo de gobierno.