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Gafas de cerca
Tacho Rufino
VUT con placa y todo
La colmenala colmena
TEDDY Bautista, el controvertido presidente ejecutivo de la Sociedad General de Autores, se acaba de quedar sin su Versalles madrileño. La Dirección General de Patrimonio de Madrid ha revocado esta semana la cesión del Palacio del Infante Don Luis, el imponente edificio que utilizó Milos Forman como telón de fondo para sus Fantasmas de Goya, porque el proyecto para trasladar la sede central del organismo al conjunto histórico de Boadilla pretendía destruir "elementos arquitectónicos y arqueológicos". No hace ni tres meses que Bautista volvía a situar a la SGAE en el centro de la polémica. Lo desveló La Razón: había negociado una pensión de 24.500 euros al mes. El sueldo vitalicio se daba a conocer justo en el momento en que el Comité de Empresa denunciaba una "oleada de despidos" y pedía al Ministerio de Cultura que interviniese ante la "alarmante situación" creada.
Pocos lo creerán, pero la SGAE es un entidad sin ánimo de lucro. Es Cultura quien la autoriza para gestionar los derechos de autor y quien le otorga autonomía para funcionar. Tanta que al final la conocemos por sus negocios inmobiliarios, por cobrar en galas benéficas, por espiar en bodas o intentar recaudar en colegios por la representación de una obra de Lorca.
En la práctica es un organismo anacrónico que no responde a las necesidades de la sociedad actual, a los hábitos de consumo, a las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, ni a los problemas del sector. No sólo vulnera la competencia, sino que además sigue un sistema de recaudación y reparto incontrolable, discutible y a menudo injusto. Aquí radica, en mi opinión, uno de los problemas de fondo que explican su 'mala prensa' y la lucha abierta que mantienen los internautas contra la SGAE.
También en la teoría, es una situación que debería afrontarse (y solucionarse) con la 'ley Sinde' que desarrolla el Gobierno definiendo las estrategias para proteger la propiedad intelectual frente a la piratería. Aunque cada vez quedan menos dudas de que ése no es el camino. A los argumentos del conocido Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en internet se suma ahora un demoledor informe de la Federación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Lo firma Michael Boldrin, de la Washington University, y es así de tajante: "La disposición final primera de la Ley de Economía Sostenible, por fuerte que sean las presiones del sector, no es una buena idea. No lo es porque no va a aportar nada al cambio de modelo y probablemente lo haga más difícil. Equivocada porque es una ineficaz forma de defender a los artistas e inútil porque es ya hoy una forma antigua de luchar contra la piratería (…) Pretender proteger a los autores de obras cerrando páginas web es una forma socialmente poco eficiente de protegerles (...) Sólo hace el trabajo sucio a las discográficas".
La cultura no es gratis. Pero tal vez estemos perdiendo la perspectiva. Se ha producido un cambio sociológico tremendo en torno al concepto de la propiedad (es verdad que caen las ventas pero se consume más música que nunca) y seguimos rigiéndonos por unos principios que datan de la época del vinilo. Mientras, organismos como la SGAE están más ocupados ganando dinero con dudosas actividades 'extra musicales' que diseñando una transformación radical (sólo así será útil) de las reglas del juego que permitan consensuar una salida a la industria cultural. ¿Quién 'elegiría' sustituir un concierto como el del 20 aniversario de la OCG por una grabación pirata del 'top manta'? El problema no está en los creadores ni en los intérpretes ni en el público; el problema está en quienes confunden música con mercantilización y puro negocio. Cultura, con cuenta de resultados.
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