El fiscal no ve delito en la actuación de Carmen Reyes con el censo

La Fiscalía ha interpuesto un recurso contra el auto de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por el que acordó dar el primer paso para sentar en el banquillo de los acusados a la parlamentaria del PP Carmen Lidia Reyes, por el caso de la supuesta alteración del censo en Lanjarón antes de las elecciones municipales de 2007.

El portavoz del grupo socialista de Lanjarón, Mariano Ruiz Rodríguez, ya anunció en un comunicado que se opondrá al recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal, que entiende que la actuación de la diputada del PP, que es aforada, no es constitutiva de los delitos que le imputa el juez "puesto que la responsabilidad en la formación del padrón le corresponde al alcalde y a los funcionarios encargados de su gestión, que son los que remiten a la Oficina del censo Electoral las certificaciones correspondientes".

El recurso del Ministerio Público se produce tras la resolución del magistrado Miguel Pasquau, en la que disponía continuar la causa en el TSJA, dada la condición de aforada de la diputada, por los trámites del procedimiento abreviado, que es el paso previo a la apertura de juicio oral. En su resolución, el instructor apreciaba indicios de delito en la actuación de la parlamentaria popular, que también es la presidenta del PP local de Lanjarón y portavoz del grupo popular en ese Ayuntamiento.

Según el auto, los hechos permiten deducir, "siempre indiciariamente, la existencia de un pacto o acuerdo entre los cuatro imputados tendente a lograr un incremento fraudulento de potenciales votantes de su partido político" en las elecciones municipales de 2007 "mediante la inclusión en el padrón municipal, y por tanto, en el censo electoral, de personas conocidas por cada uno de ellos". Para ello, añade la resolución, "los imputados presuntamente sugirieron a dichas personas que tramitaran la solicitud, indicándoles cómo y en qué fechas habían de hacerlo y encargándose personalmente de la presentación de las solicitudes de quienes, por no residir en Lanjarón, no podían hacerlo por sí mismos".

El fiscal, en su recurso, entiende que la aforada no intervenía en la tramitación de los empadronamientos, sino como "intermediaria de los solicitantes, que eran los que suscribían las solicitudes de empadronamiento, limitándose a rectificar los errores que los funcionarios observaban en las solicitudes". El Ministerio Público destaca que a los solicitantes no se les atribuye responsabilidad penal en el auto judicial y pide que la resolución quede sin efecto.

La acusación particular, ejercida por el portavoz del grupo socialista de Lanjarón, ha anunciado que se opondrá al recurso del fiscal, toda vez que de los hechos investigados se desprende, indiciariamente, que la diputada actuó en connivencia con el que fuera alcalde del municipio, José Rubio, la exconcejal Francisca Gallardo y la por entonces secretaria general del PP en Lanjarón, Sonia Gutiérrez Quiles, para alterar el censo y conseguir más votantes afines al PP.

El propio auto del Tribunal andaluz destaca que los imputados eran "conscientes de que muchos de estos solicitantes no reunían los requisitos legales de residencia para ser empadronados en Lanjarón", y atribuye un presunto delito electoral a los imputados, "que actuaron de forma coordinada en la presentación masiva de solicitudes de empadronamiento en los últimos días de enero de 2007".

El portavoz socialista de Lanjarón ha afirmado que sería deseable que todas las instituciones colaboraran para velar por la limpieza del proceso electoral "que, en el caso de Lanjarón, fue vulnerado para inflar el censo con votantes afines al PP".

"Quien es capaz de robarle la voluntad a un pueblo es capaz de robarle cualquier cosa", ha incidido el portavoz socialista, quien ha asegurado que Reyes está siendo investigada por un delito de la máxima gravedad que supone la misma alteración de la democracia.

Para Ruiz, un cargo público que está dispuesto a romper las reglas del juego democrático y a saltarse las normas que nos hemos dado entre todos no merece representar un minuto más a los ciudadanos, por lo que confía en que se haga justicia.