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La Junta quiere que sean los ayuntamientos los que regulen en cada territorio la actividad de las viviendas turísticas, de forma que ateniendo a la situación particular de cada municipio tengan capacidad para poner en marcha medidas restrictivas o para fomentarlas. Renuncia así el Gobierno andaluz a establecer un marco único que sirva de guía de planificación para un sector que ha tenido un crecimiento claramente desmesurado en las principales zonas turísticas de la región. En algunos casos, entre los que cabría citar las capitales de Sevilla, Málaga, Granada o Cádiz el crecimiento de las viviendas turísticas y la consiguiente reducción de las destinadas a uso residencial, tanto en propiedad como en alquiler, ha cambiado el paisaje urbano de las zonas más céntricas de esas ciudades. Se ha expulsado a los vecinos de toda la vida para sustituirlos por viajeros ocasionales o de fin de semana. No está de más que los ayuntamientos puedan poner en marcha ordenanzas para regular los excesos que se puedan producir. Pero esos planes locales tienen que estar sustentados en una legislación general que sirva como marco de referencia. La Consejería de Turismo pretende, y ello es un planteamiento razonable, que los ayuntamientos tengan las herramientas para poder actuar en la dirección que más convenga a los intereses locales. También se abren las puertas para que las comunidades de propietarios, de acuerdo con la ley de propiedad horizontal, puedan vetar la conversión de pisos residenciales en viviendas turísticas cuando una mayoría de los tres quintos de los vecinos así lo decida. La Junta debe ser consciente, en cualquier caso, de que una regulación adecuada de este tipo de actividad y la capacidad de que sea limitada es una de las acciones básicas para que el turismo sea sostenible. En las principales ciudades de Andalucía empieza a detectarse un rechazo al turismo que tiene mucho que ver con la proliferación sin tasa ni control de este tipo de viviendas.
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