Denuncian el despido de los empleados que aplican penas a menores

El equipo integral de ejecución de medidas judiciales en menores en un medio abierto de Granada, compuesto por 17 psicólogos, pedagogos y mediadores sociales, denunció que desde el inicio de este año se han quedado sin trabajo por el incumplimiento de las cláusulas de la adjudicación de este servicio.

Estos trabajadores, que se encargan de materializar y acompañar a los menores en el cumplimiento de sentencias como pintar un calabozo o emprender el camino de Santiago que han popularizado al juez Emilio Calatayud, han perdido su trabajo al incumplir la nueva adjudicataria del servicio la obligación de subrogar sus contratos.

La Junta de Andalucía ha adjudicado este servicio para menores a una nueva empresa tras reducir las exigencias de cualificación de los profesionales y eliminar los programas de intervención en droga y salud mental. El portavoz de los afectados, Héctor González, detalló que el Gobierno autónomico se ha negado a mediar en su conflicto laboral, por lo que tramitarán acciones judiciales la próxima semana por considerar que su situación es un despido improcedente. "La ley obliga a la nueva adjudicataria a subrogar a todos los trabajadores en las mismas condiciones y no entendemos que la Junta permita que no se haga lo que marca la legislación", indicó González.

Estos trabajadores se presentaron en la sede de la empresa con un notario para aclarar su situación laboral, ante lo que la nueva adjudicataria ha reconocido que no tiene intención de responder a su derecho a la subrogación. Los afectados criticaron que la nueva empresa ha reducido los salarios a los nuevos trabajadores en un 50% y ha rebajado a la mitad el presupuesto para dietas, por lo que consideran que se resentirán todos los servicios ofrecidos, tanto a los menores, como a sus familias.