Innovando en participación ciudadana

En vísperas del Día de Reyes, el BOJA publicó la Ley de Participación Ciudadana de Andalucía, una Ley que persigue una profundización democrática en sintonía con las nuevas demandas sociales y las posibilidades actuales de la tecnología. La nueva Ley complementa los mecanismos de democracia representativa preponderantes con procesos de participación directa, los cuales implican una desintermediación entre la ciudadanía y el objeto de su acción política, ya se trate de una deliberación, una toma de decisiones o el ejercicio del control de lo público.

Si bien nuestra Constitución ya contemplaba la participación ciudadana, dicho mandato ha adquirido una renovada dimensión en las últimas décadas. Por ejemplo, el renovado Estatuto de Autonomía para Andalucía consagra "la participación ciudadana en la elaboración, prestación y evaluación de las políticas públicas, así como la participación individual y asociada en los ámbitos cívico, social, cultural, económico y político, en aras de una democracia social avanzada y participativa".

¿De dónde proviene este protagonismo de la participación ciudadana? Sin duda, en primer lugar, cabe mencionar en la constatación social de las limitaciones de la democracia representativa con el consiguiente distanciamiento entre representante y representado. Todo ello ha confluido, en tiempos recientes, en el surgimiento de experiencias como los presupuestos participativos, cuyo referente más claro se sitúa a finales de los años 80 en Porto Alegre (Brasil). En nuestro país, en un contexto socioeconómico muy diverso, las primeras experiencias se remontan a finales de los 90 y principios de siglo XXI, siendo la región andaluza pionera con la aplicación de presupuestos participativos en municipios como Córdoba o Puente Genil gobernados en aquel momento por Izquierda Unida. Con posterioridad este tipo de iniciativas políticas fueron impulsadas con diverso grado de intensidad y continuación por gobiernos de todo color político, desde el Ayuntamiento de Sevilla, siendo alcalde el socialista Monteseirín, hasta la Diputación de Málaga, de la mano del Partido Popular. Las demandas de profundización democrática se han visto reforzadas recientemente a través de protestas como las del 15-M, lo que ha vuelto a impulsar las iniciativas de participación ciudadana en una amplia variedad de formas. En segundo lugar, un factor clave para entender la participación en nuestra sociedad ha sido el desarrollo de Internet, eliminando o reduciendo las limitaciones existentes en el ejercicio de la acción política derivadas de las constricciones en el tiempo o en el espacio. Los últimos años han visto la aparición de numerosas plataformas que promueven la participación ciudadana, así como de espacios informales en redes sociales y páginas web para la discusión de temas de interés general.

La nueva Ley sitúa, en esta materia, a Andalucía en un lugar destacado frente al resto de comunidades, dado que, si bien en líneas generales, estas han regulado con anterioridad la participación, cuando lo han hecho ha sido dentro de leyes que abordan conjuntamente temas de transparencia y buen gobierno, sin contar por tanto con un desarrollo normativo tan detallado y completo como el andaluz (66 artículos).

Tal y como establece la norma, se persigue desarrollar nuevas formas de participación que "hagan posible avanzar en la conformación de un modelo de gobierno que promueva el diálogo de calidad con la ciudadanía, facilitando su participación en el diseño y evaluación de las políticas públicas, garantizando la información y la transparencia de su actuación". Se contemplan diversos procedimientos para involucrarse en el desarrollo de las políticas públicas y de la acción de gobierno. En primer lugar, la deliberación participativa, con el fin de conocer los intereses y propuestas de la ciudadanía a través de un debate público. Un proceso que, como ocurre con otros, podrá ser promovido bien por la Administración o por la ciudadanía con un mínimo de 20.000 firmas. En segundo lugar, destaca la participación ciudadana en la elaboración de presupuestos, tanto a nivel autonómico, como a nivel local, a través de presupuestos participativos. En tercer lugar se contempla la consulta popular mediante diversos medios como encuestas, audiencias públicas, foros de participación, paneles ciudadanos, jurados ciudadanos y consultas participativas. Finalmente, se recoge la participación en la proposición de políticas públicas y elaboración de normas; así como en su seguimiento y evaluación.

Entre otros elementos clave, la Ley da el derecho a participar a jóvenes desde los 16 años; límite que podrá ampliarse, en determinados temas, en aras de fomentar la participación infantil. Es sensible también con la importancia de preservar la igualdad de oportunidades para opinar, expresar y participar en los asuntos públicos, teniendo en cuenta las posibles brechas digitales y preservando la perspectiva de género. También podrán participar todas aquellas personas que ostenten la condición política de andaluces, así como personas extranjeras residentes y andaluces que residan en otros lugares. La Ley contempla además tanto medidas de fomento de la participación como el desarrollo de un sistema de participación digital acorde a nuestro tiempo.

Esta nueva norma, liderada por el partido socialista, ha sido aprobada por un amplio consenso de todos los partidos políticos (salvo la abstención de Izquierda Unida). Es justo destacar precisamente el impulso inicial en esta materia dado por IU en la anterior legislatura así como la propuesta de Podemos de inclusión de un sistema de participación digital.

Se abre ahora un periodo clave de un año para su implementación con la elaboración de los reglamentos que la desarrollen y de los instrumentos digitales que permitan su puesta en marcha. Será también un tiempo esencial para dar a conocer la ley y para diseñar medidas que contribuyan al aprendizaje compartido de las posibilidades y los instrumentos de la participación, tanto por parte de la ciudadanía como de la propia Administración. En esta tarea el papel de los centros educativos y particularmente de las universidades será determinante, como instituciones donde experimentar de forma práctica la democracia participativa. Contamos con un marco adecuado que nos dota de un conjunto de instrumentos con un gran potencial para el futuro de Andalucía. Es la primera Ley de Participación Ciudadana de Andalucía, pero no son los primeros pasos que se dan en esta materia, como se ha expuesto anteriormente; de igual forma que estoy totalmente convencido de que no serán los últimos. El marco legal debe ser permeable a las innovaciones democráticas que la sociedad experimenta. En este sentido, creo que es el momento de confiar en que la Junta de Andalucía y las entidades locales desarrollen las posibilidades de esta Ley con acierto y creatividad, explorando las posibilidades de lo ya legislado y dejando margen para que afloren otras formas de participación no previamente dibujadas. Sobre todo, estamos en el tiempo de la ciudadanía que debe ser quien se apropie de esta Ley y de sus instrumentos, movilizándose para sacarle el máximo provecho y para activar la inteligencia colectiva de las personas que viven en nuestra tierra.