La UGR aligera su deuda con los proveedores y la deja en la mitad
La Universidad cierra el ejercicio 2016 con un resultado positivo de 16,6 millones

Granada/La Universidad de Granada (UGR) ha cerrado el ejercicio 2016 con un superávit de 16,65 millones de euros, un presupuesto de gastos liquidados de 375,76 millones de euros, un remanente de tesorería (de libre disposición) de 51,14 millones de euros y un activo total de 671,09 millones. Estos datos van parejo a la reducción sustancial de la deuda que la UGR mantiene con sus proveedores, una de las prioridades en la gestión del actual equipo de gobierno. Según las cuentas anuales aprobadas ayer en consejo de gobierno, la cantidad adeudada a acreedores ha pasado de los 61,6 millones de 2015 a 29,5 del último ejercicio. En el desglose de la memoria, se detalla que el mayor esfuerzo para aligerar la deuda se ha hecho con respecto a los acreedores presupuestarios. La UGR ha pasado de deberles a sus acreedores 50,2 millones a 18,6. El dinero a pagar de las administraciones públicas, por contra, crece, de los 6,5 millones de 2015 a los 7,5 de 2016.
En comparación con la situación financiera a 31 de diciembre de 2015, las cuentas de 2016 muestran una importante mejora de los resultados y una tendencia al equilibrio presupuestario y el control del gasto. La gerente de la Universidad de Granada, María del Mar Holgado, destacó la "total desaparición de las tensiones de tesorería, fruto de la importante minoración de la deuda de la Junta de Andalucía hasta niveles no significativos en las cuentas de la institución", lo que ha permitido "el pago a proveedores en un reducido número de días. Igualmente, Holgado destacó el "esfuerzo que ha supuesto para la institución el abono íntegro de la paga extraordinaria de 2012 adeudada a sus trabajadores, liquidación que permitirá en años posteriores aumentar el esfuerzo inversor en una mayor dotación de infraestructuras y equipamiento docente e investigador", señaló la UGR a través de una nota.
El pago de la deuda de la Junta ha sido una de las exigencias más reiteradas por los rectores de las universidades públicas andaluzas, no sólo la UGR. Otra de las reivindicaciones ha sido la suficiente dotación de las instituciones de educación superior, una exigencia que los rectores recuperaron tras el anuncio del gobierno de Susana Díaz que bonificar las matrículas universitarias a quienes aprueben.
Las cuentas anuales de 2016 fueron aprobadas ayer por unanimidad y ahora pasarán al Consejo Social. Los estados financieros a 31 de diciembre de 2016 fueron presentados por la gerente, quien explicó que "mediante las políticas de austeridad y eficiencia en el gasto de toda la comunidad universitaria, la Universidad de Granada mantiene una situación económico-financiera equilibrada, saneada y sostenible".
En la cuenta de resultado económico patrimonial recoge que en 2016 se recibieron 306,1 millones en transferencias y subvenciones. Por la prestación de servicios ingresó otros 60 millones de euros, para sumar un total de 369,6 millones de ingresos de gestión ordinaria a lo largo del pasado ejercicio, una cantidad superior a la fijada para 2015, cuando se ingresaron 359,2 millones.
La misma memoria detalla que se destinaron 276,4 millones a gastos de personal, mientras que a gastos de gestión ordinaria (fundamentalmente suministros) se destinaron 70 millones. El total de la partida de gastos de gestión ordinaria ascendió el pasado año a 391,6 millones.
Los interinos exigen de nuevo la adaptación de sus contratos
Nueva protesta del profesorado interino de la Universidad de Granada. Ayer, se manifestaron en el Hospital Real, donde se celebró consejo de gobierno, para exigir la adaptación de los contratos de ayudante doctor y contratado doctor interino con acreditación a contratado doctor. El colectivo afirma que su situación es "excepcional, discriminatoria e injusta". En 2012 fueron contratados por la Universidad bajo figuras interinas, creadas para paliar la situación generada por la limitación impuesta por la tasa de reposición. Cinco años después, no se les ha facilitado una vía para estabilizar sus puestos de trabajo, lo que, denuncian implica que no se les reconozcan quinquenios ni sexenios ni pueden acceder a determinados méritos. Además, alegan que se vulnera su derecho a la promoción profesional y que se les exige una sobrecualificación.
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