La auditoría de la Alhambra detecta otros dos 'agujeros' en la gestión del aceite y la tienda

Granada/La auditoría realizada por la Intervención General de la Junta de Andalucía sobre la gestión de la Alhambra ha puesto de relieve la existencia de "graves irregularidades" y pérdida de fondos públicos en la explotación de otros dos servicios y productos, además del de las audioguías, que ya se investiga en sede judicial. Se trata de la venta de aceite y productos derivados de las aceitunas del Generalife y la gestión de las tiendas de productos de la Alhambra.

El informe destaca estos otros negocios en los que, al igual que en el alquiler de las audioguías, el Patronato de la Alhambra resultaba claramente perjudicado en favor de las empresas o personas adjudicatarias. El contrato de las tiendas es el único que sigue en vigor, después de la última adjudicación en septiembre de 2016.

En ambos casos, las adjudicaciones de los contratos iniciales están salpicadas de irregularidades (según el informe presentado al Juzgado), pero además se van introduciendo con el tiempo modificaciones acordadas que añaden más beneficios a las ya inicialmente ventajosas condiciones obtenidas por las empresas contratistas.

El interventor de la Junta hace especial y detallada referencia a las "graves irregularidades" de los contratos de producción y comercialización de las aceitunas de la Alhambra y sus derivados. La explotación comienza en 2008 con la entrega de toda la cosecha a E. P.-C., una persona que ya tenía relación con el Patronato porque ese mismo año se convirtió en el adjudicatario del servicio de comercialización de la Alhambra, lo que en la práctica (y según el informe de la Junta) significó que se convirtió en el "director comercial" del monumento, con oficina, teléfono y correo corporativo. Es uno de los investigados que el juez incluyó en el caso Audioguías en 2016, por su supuesta vinculación personal con la ex secretaria general de la Alhambra.

A pesar de existir ya esa relación contractual, el Patronato le adjudicó un nuevo contrato de distribución y venta relacionados con las aceitunas del Generalife, de modo que la Alhambra "le pagaba por vender el aceite (15.998 euros) propiedad de éste (le era cedido) sin que quedase constancia en ningún momento del uso que de este aceite hacía el receptor y de los ingresos que le podía generar, ingresos que en ninguno de estos casos acabaron en la tesorería del Patronato", sintetiza el auditor.

Más tarde, en 2011, la situación cambió un poco con la adjudicación de un contrato a la misma persona, pero esta vez a través de su empresa, SIC Nomade SL (que también ha estado imputada en el mismo caso judicial). Es un contrato menor (no hay concurso abierto) por seis años, lo que ya incumple la ley, que lo limita a un solo ejercicio. El informe de la Intervención pone en duda que las otras dos empresas que había que invitar a la contratación participaran de verdad, por la vinculación con la del adjudicatario final. Al final el negocio estipulado consistía en que, a diferencia de antes, ahora el adjudicatario debía pagar un canon variable al Patronato en función de las ventas de aceite envasado, aunque seguía asumiendo la propiedad de la aceituna, de las ventas a granel y se le otorgaba la explotación de marcas como "Alhambra" o "Dehesa del Generalife".

La auditoría destaca el importante "desequilibrio" de este contrato, porque "el Patronato incurre en gastos importantes de recogida y transporte de aceituna y el beneficiario no tiene ningún gasto fijo porque ni siquiera se le obliga a comercializar el aceite". Obtiene la cosecha completa "de forma discrecional y gratuita" y el derecho a explotar la marca.

Tenía que pagar solo un canon variable en función a las ventas que el propio contratista declarara anualmente, puesto que no había control ni seguimiento por parte de los responsables de la Alhambra, como pone de relieve el informe.

Además, los costes de envasado o etiquetado que en principio correrían a cargo de la empresa privada, al final también acabaron repercutiendo en el Patronato, que licitó otros pequeños contratos adjudicados a la misma sociedad, para pagar esos gastos. Es decir, la Alhambra le daba la aceituna, pagaba sus gastos de extracción, transporte y envasado y el contratista se llevaba los beneficios de las ventas, de los cuales solo debía abonar a la Alhambra el canon porcentual que quisiera declarar voluntariamente. Además vendía al propio Patronato las botellas de aceite que necesitaba para protocolo al precio de mercado de 3,5 euros la botella.

Consta que la Alhambra llegó a ingresar por este negocio 9.076 euros, aunque pagó 27.000 euros al año en gastos de recolección y transporte, así como 21.525 euros en contratos de comercialización y envasados al mismo adjudicatario de la aceituna. El informe dice que estos desequilibrios fueron comunicados en 2014 por personal del monumento a la secretaria general, sin que hubiera cambios en el contrato, que siguió en vigor hasta su fin (2015). El informe señala que la persona que habitualmente firma los contratos y modificaciones por parte del Patronato era el anterior jefe de la sección Económica, José María Visedo, uno de los principales investigados del caso que investiga el Juzgado de Instrucción 4 por la adjudicación del contrato de las audioguías.

El otro contrato que la auditoría destaca por el importante "menoscabo" económico para el Patronato es el de la explotación de las tiendas de la Alhambra. Fue adjudicado en 2009 a la empresa de Barcelona Laietana de Llibreteria SL, que presentó una oferta a primera vista tan favorable que la mesa de contratación la puso en duda por "desproporcionada". Eran 75.000 euros de canon fijo y un canon variable de entre el 12,5% y el 14%.

La cuestión clave aquí eran los gastos que el adjudicatario podría deducir y restar a ese canon, de modo que el Patronato haría frente a costes de establecimiento, obras, diseño de artículos o alquiler del local.

Según el informe de la auditoría, la empresa pasó al Patronato costes y se aplicaron compensaciones por encima de las permitidas. Según las cantidades señaladas, las deducciones irregulares sumarían 419.464 euros.

Las más cuantiosas son las relacionadas con los costes del local, que superaban en 210.861 euros la cantidad máxima permitida. Incluso se incluyó el IVA que debía pagar la empresa, así como otros gastos irregularmente deducidos, como una sanción de 15.750 euros de la Gerencia de Urbanismo por una infracción urbanística de la sociedad privada.

En 2012, además, se pactó introducir al contrato un anexo que permitía a la empresa desempeñar un servicio de información al público en las tiendas y deducirse los costes que esto conllevara. A raíz de esto, la sociedad repercutía pagos de nóminas al Patronato hasta 139.731 euros en total. El auditor destaca que ese servicio de información ya estaba encomendado a otra empresa y, por tanto, la Alhambra ya pagaba por esto.