¿Quién compró la casa Agreda?

Granada/La investigación judicial sobre la venta del edificio histórico de propiedad municipal casa Agreda a una ONG internacional ha llegado a un punto en el que la acusación popular propone al juez escarbar más e investigar el posible uso de esa organización como "tapadera" para la adquisición de este inmueble, lo que significaría introducir en la causa el posible delito de blanqueo de capitales. Los antiguos responsables del Ayuntamiento de Granada que están siendo investigados en este caso se oponen a abrir esa línea de pesquisas y alegan que, respecto a su intervención en el proceso de venta, "lo que afecta es la solvencia económica" del comprador, que quedó acreditada en su momento por el Banco Marroquí.

Desde el inicio de las actuaciones judiciales, la acusación de Vamos Granada (cuyo letrado es el antiguo fiscal anticorrupción español Carlos Castresana) ha pedido indagar sobre el origen de la organización compradora, ante los indicios expuestos por esta parte de que es una "pantalla" para que otras personas invirtieran fondos de "procedencia ajena" en esta transacción inmobiliaria en el Albaicín.

Aunque en aquel momento, en 2016, el juez instructor rechazó esa línea de investigación y además archivó la causa completa casi de inmediato, la orden de la Audiencia Provincial de seguir indagando los indicios delictivos abre ahora de nuevo todas las posibilidades, siempre y cuando el magistrado (que es el mismo) acepte sondear ese terreno.

Esta acusación popular ha solicitado que se cite como investigados a la propia ONG Aide y a cuatro personas que figuran como sus máximos responsables. La defensa de la exconcejal Isabel Nieto rechaza esta petición al considerar que son "ciudadanos extranjeros que no residen en España" con unos "supuestos antecedentes en el extranjero" (en Reino Unido) por "tráfico de armas y municiones" que, a juicio del letrado de Nieto, son "poco indicativos" por su "antigüedad".

Los abogados coordinados por Castresana han solicitado al juez que libre una comisión rogatoria internacional a las autoridades judiciales de Marruecos para la averiguación del patrimonio de la organización Aide, sus actividades, fondos, rendimientos... Y que requiera al Banco Marroquí de Comercio Exterior y al Banque Chaabi du Maroc para que aporte los extractos de movimientos de las cuentas desde las que se hicieron los primeros pagos para el proceso de compra de casa Agreda al Ayuntamiento de Granada.

También pide esta parte que se libre otra comisión rogatoria a Francia (país que oficialmente albergaría la sede de Aide) para que este país remita los datos sobre esta organización. Según la información de la que dispone esta acusación, la parte compradora no tendría ni los proyectos ni la actividad que difundió en Granada cuando se postuló para la compra. "La supuesta ONG es una entidad prácticamente inactiva y sin patrimonio, que fue utilizada como pantalla o tapadera por otras personas o entidades". Como Aide asumió compromisos en su oferta económica por encima de los 5 millones de euros, la acusación considera que podría tratarse de "fondos ajenos", pues de ser propios "serían fiscalmente opacos hasta la fecha". De ahí que se proponga la imputación y la investigación del delito adicional de blanqueo de capitales.

La defensa de Nieto y de otros dos funcionarios de Urbanismo considera que esta línea de investigación es "políticamente incorrecta" e "improcedente", pues estaría basada en "ideas y principios discriminatorios" por la procedencia marroquí. A su entender lo único que el Ayuntamiento hubo de tener en cuenta era la solvencia económica y la formalización de los pagos a cuenta.