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En los últimos meses ha aumentado en nuestro país la intensidad del debate público al respecto de la denominada "gestación subrogada". Desde diferentes sectores sociales, unos favorables a la regulación legal de la práctica de los "vientres de alquiler" y otros contrarios, se ha manifestado que era urgente abrir un debate sobre este asunto. Debate que ha de ser abierto, sincero y argumentado, pues de lo contrario no estaríamos ante un debate, sino ante un intento de que la sociedad española aceptara, como algo normal, la práctica de alquilar vientres, que para algunas personas es el único modo de acceder a la maternidad o la paternidad.
Un debate en el que conviene involucrarse y tomar posición, como lo hago yo en estas reflexiones, porque trata sobre nuestro modelo de sociedad. Y un debate que aborda la misma Ponencia marco del PSOE para su 39 Congreso, mostrando su rechazo a esta práctica, como recientemente hemos tenido ocasión de analizar en la Escuela de Igualdad celebrada en Granada.
Para los defensores del alquiler de úteros para la gestación de hijos en favor de terceros, el deseo de ser padres, enmarcado en el ámbito de la libertad individual, ha de ser condición suficiente para su regularización, minusvalorando las consecuencias éticas y jurídicas de esa práctica. Se está equiparando un deseo con un derecho. Y en modo alguno los deseos son derechos ni han de serlo.
Abordar esta cuestión invocando el principio de la libertad individual suele conducir al error en el análisis, puesto que no conviene olvidar que el principio de libertad, jurídica y políticamente, debe conjugarse con otros principios del mismo rango, como el de igualdad, el de dignidad o el de integridad física. Y, por supuesto, enmarcarlo en los valores éticos y democráticos de la convivencia colectiva que da sentido al Estado de derecho en el que, afortunadamente, vivimos.
Dicho de otro modo: si la sociedad desea ganar espacios de libertad, ha de utilizar esa libertad para plantearse a qué modelo de sociedad se aspira y, entre otras cosas, establecer los límites de lo que se puede comprar o vender. Cómo señalan diversas expertas en la materia, no podemos sacrificar esta aspiración por la mera invocación de una elección personal. Quienes reducen la libertad a la mera elección, abren la puerta al "todo vale". Y, pese a quien pese, y creo que éste es otro principio básico, en nuestro sistema garantista "no todo vale". Por ejemplo, no podemos tolerar ni regular que una persona necesitada "venda" un riñón o un ojo para obtener recursos. De ahí que sea más fructífero para dirimir y debatir sobre la "gestación subrogada" evaluar sus consecuencias éticas y jurídicas que no abordarla desde el limitado marco de la experiencia individual, las vivencias o los deseos. Legítimos, pero claramente insuficientes para el análisis.
Las diversas publicaciones que ya existen sobre este asunto plantean la existencia de demasiados interrogantes, como para que alegremente se defienda una posición favorable a aceptar el alquiler de vientres, sea éste altruista o comercial. Lo primero es la existencia de un contrato o negocio jurídico, en el que el objeto del mismo es el útero de la mujer y la criatura que nace. En este caso, no es posible evitar la mercantilización y, por lo tanto, la cosificación de que se hace objeto a la mujer gestante y los propios niños. De hecho todos los datos disponibles nos confirman en la idea de que estamos ante un nicho de negocio evidente.
No se sostiene la afirmación de que haya un tipo de contrato del alquiler de úteros "altruista" porque si así fuera no habría agencias de intermediación lucrándose, abogados de despachos especializados beneficiándose, etc. Y sobre todo, si así fuera, sería normal que una mujer con una buena posición económica, alquilara su vientre para la gestación de un hijo de una persona o pareja con escasos recursos. Eso hoy no ocurre. Por el contrario, son personas famosas, y con elevadísimos ingresos, quienes recurren a vientres de alquiler de personas, por lo general, con escasas disponibilidades económicas.
Creo que la única posibilidad de aceptar y regular esta práctica, llegado el caso, sería la acreditada existencia de un vínculo de amor o solidaridad, por el cual una mujer cediera su vientre, de manera altruista, para la gestación de una criatura de una persona o pareja a quien le uniera un fuerte vínculo familiar, afectivo o emocional. En cualquier caso, estamos ante un debate que ya está aquí, en el que conviene separar los aspectos emocionales de los aspectos jurídicos y éticos. Y en el que ha de primar la defensa de los valores colectivos que conforman nuestra convivencia por encima del resto.
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