La Universidad de Granada estima en unos 6 millones el dinero que necesita para el pago de los complementos de sus trabajadores

El rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, desglosó en sesión ordinaria del claustro universitario este miércoles los números de lo que los propios rectores andaluces definieron como "incumplimientos de los compromisos contraídos por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación". Si a nivel general, de todo el sistema andaluz, en el comunicado remitido la pasada semana se cifraba en 50 millones la cuantía de lo que se calificó como "recorte unilateral", en la Universidad de Granada se estima en 12 la cantidad a reclamar en la Junta.

Según expuso Mercado a los claustrales, a la UGR se le adeudan 3,3 millones de la cláusula de salvaguarda que tiene fijado el modelo de financiación de las universidades públicas andaluzas. Esa cláusula fue pactada por todas las partes -universidades y Junta- y especifica que ninguna universidad puede recibir menos que el año anterior, cantidad a la que hay que sumar los incrementos salariales. A esta cantidad -ya reclamada con anterioridad- de 3,3 millones, se suman otros 1,8 millones de incremento del IPC de 2023 (un 0,5% en las nóminas). En total, 5,1 millones.

A nivel andaluz los rectores, en su última comparecencia conjunta, el pasado martes en Sevilla, especificaron que se les deben por estos dos conceptos 25 millones: 16,8 por la partida de nivelación y 7,5 millones por el IPC de 2023. "A día de hoy, 18 de diciembre, no sabemos si vamos a tener esa cantidad", reconoció el rector ante los claustrales reunidos en la Facultad de Ciencias. "No se pide por pedir, sino para gastos estructurales", reseñó el rector ante los convocados, para a renglón seguido pedir que esa financiación pase a ser consolidable y, de este modo, los presupuestos de los próximos ejercicios se revaloricen sobre esas cantidades.

Por otro lado, los rectores estimaron en otros 25 millones la cantidad que la Consejería debe abonar para hacer frente al acuerdo firmado en junio de este año con los sindicatos y universidades en mesa general de negociación. Ese dinero se debe destinar, explicaron los rectores, a una serie de complementos retributivos para el personal que trabaja en las universidades, concretamente los complementos autonómicos del personal docente e investigador (PDI) así como la carrera horizontal del personal de gestión, técnico y de administración, el conocido como PTGAS. La UGR cuenta con 3.807 docentes y 2.641 personas empleadas en gestión, administración y servicios, según los datos de la propia institución.

Mercado, ante el claustro, reseñó que por este concepto se deben a la UGR unos seis millones de euros, a lo que hay que sumar las cotizaciones de la Seguridad Social (otros 900.000 euros). Dio esos datos de forma "rigurosa", según él, ante los claustrales, que pudieron escuchar de boca del rector que la UGR "no tiene remanentes" y que lo que buscará será "plantear todas las posibilidades" para afrontar las necesidades en infraestructuras.

Los rectores, en rueda de prensa la pasada semana, indicaron que lo firmado "determina con claridad dos cosas en primer lugar, que se deben satisfacer los más de 24 millones de euros del Modelo de Financiación según lo acordado en Córdoba hace más de 6 meses y, por otro lado, que debe aportarse la financiación adicional necesaria para poder pagar al personal de las Universidades Públicas de Andalucía los complementos retributivos acordados".

En aquella comparecencia conjunta de rectores de las diez universidades públicas andaluzas también se indicó que la Consejería había propuesto abonar 21 millones, iniciativa que los rectores "saludamos", según Mercado, pero consideraron que tenía determinadas lagunas. Esos 21 millones, dijo el rector ante el claustro, "no son para nóminas y además no son consolidables". "Jurídicamente y técnicamente hay dudas", subrayó, para aclarar que la Consejería "entendió" esos argumentos y "quedamos" en retomar en enero la negociación.

Aparte de lo que colea del ejercicio 2024, Mercado adujo ante los miembros del claustro que para 2025 se requieren otros 20,4 millones para la UGR por el incremento de gastos de personal, acuerdos de mesa de negociación y obligaciones legales, además de las cotizaciones de la Seguridad Social que se derivan de esos compromisos y pagos por sentencias judiciales. Pese a estas dificultades la UGR ha hecho lo que Mercado calificó ante los claustrales como "presupuesto realista" y un "ejercicio de confianza". "No les quepa duda de que la UGR siempre ha cumplido sus obligaciones legales", trasladó al auditorio.

Mercado no sólo reclamó a la Junta. También recordó la infrafinanciación de los campus de Ceuta y Melilla. Ambos requieren de 24 millones para su funcionamiento y el Estado apenas aporta 9 desde el año 2012.

Nueva defensora universitaria

"De esto que hemos hablado es de tener los recursos mínimos para seguir funcionando", añadió ante los asistentes en salón de actos de la Facultad, escenario de la sesión constitutiva del claustro tras las últimas elecciones y de la votación de la nueva defensora universitaria, María del Carmen Carrión. La que fuera decana de Ciencias sucede en el cargo a Antonio Ángel Ruiz Rodríguez, que se despidió del cargo la pasada primavera.

Carrión presentó 143 avales de "todos los sectores y todos los campus". Entre sus motivaciones para asumir este puesto, explicó la exdecana, está el "poner al servicio de la institución mis más de 30 años de experiencia en distintos ámbitos de gestión", lo que "me ha permitido un conocimiento amplio" de la Universidad. "Me presento para ofrecer experiencia, dedicación y entrega", añadió, para después indicar que uno de sus objetivos es "dar a conocer la defensoría". "He preguntado a estudiantes de grado y posgrado y muchos de ellos ni sabían que existía" este organismo dentro de la Universidad.