Andalucía concentra casi uno de cada tres dependientes desatendidos

Sevilla/La gestión del sistema de la atención a la dependencia se encuentra en una "situación crítica" en Andalucía. Prácticamente uno de cada tres dependientes de España a la espera de recibir las atenciones a las que tienen derecho reside en la comunidad. El ritmo de incorporación de nuevos beneficiarios al sistema "es claramente insuficiente para absorber el inmenso limbo que tiene por delante", según el último dictamen del Observatorio de la Dependencia, elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales.

La comunidad andaluza contaba con un total de 286.653 personas valoradas como dependientes al cierre del año pasado, según los datos recogidos en el informe. De ellas, el 64% -183.962- ya recibía alguna de las prestaciones o servicios indicados en la ley. El 36% restante se encontraba aún a la espera de recibir las atenciones a las que tienen derecho. Esta cifra supone que por primera vez se supere el listón de los 100.000 desatendidos. Concretamente, se sitúa en 102.691 personas, casi un tercio de los 355.596 dependientes sin prestación de España.

Junto a Andalucía, el informe encuadra también a Cataluña en las regiones en "situación crítica". En el caso catalán, el problema estriba en que "disminuye el ritmo de nuevas atenciones". "Se podría decir que son comunidades sistémicas, ya que ambas suman el 42% de los dependientes reconocidos y el 56% de las personas desatendidas", señala el dictamen.

Esta coyuntura contrasta con la aplicación de la Ley de la Dependencia en otras comunidades autónomas. En el plano positivo, el informe del Observatorio de la Dependencia destaca a Castilla y León, donde se alcanza una atención "prácticamente plena". Esta región cerró 2016 con 85.301 personas atendidas y sólo 525 en lista de espera.

También resalta a Asturias, Baleares, Galicia, Madrid, Murcia y Valencia, que presentan "listas de espera abultadas, pero la tendencia es positiva, especialmente desde la atención a los dependientes moderados en julio de 2015". En el caso de la Comunidad Valenciana, el dictamen incide en que "que por fin parece iniciar un camino de recuperación que será muy duro considerando los años de desidia que se han visto reflejados en los resultados de todos los dictámenes anteriores". El informe alerta también sobre el riesgo de estancamiento en el resto de comunidades. "Parecen haber llegado a un punto en el que no pueden absorber la lista de espera a base de incrementar atenciones al ritmo necesario considerando el camino que les queda por recorrer", recoge el dictamen, que concluye que "se mantienen las gravísimas desigualdades entre territorios tanto en cobertura como en modelos de gestión". "Es previsible que haya algunas comunidades que no puedan recorrer el camino que les queda sin un cambio drástico de modelo de atenciones y una inyección financiera específica", indica.

El Observatorio de la Dependencia calcula que el gasto público en este apartado ascendió en 2016 a 5.671 millones de euros, un 7,3% más que en el ejercicio anterior. De esta cantidad, el 78,9% fue soportado por las comunidades autónomas y el Estado se limitó a aportar el 21,1%, pese a que la ley señala que el reparto de las cargas financieras debe ser soportado a partes iguales entre ambos niveles de la administración. Si se incorporaran los 355.000 dependientes sin atender, el gasto público debería ascender hasta 9.500 millones, casi 4.000 millones más que el nivel actual.

La Junta ha criticado en numerosas ocasiones que el 80% del gasto del gasto de la dependencia en Andalucía salga de sus arcas frente al 20% aportado por el Estado. Esta semana se reunirá por primera vez la comisión de expertos que estudiará la reforma de la financiación autonómica. En ella se debe fijar un mecanismo para costear la dependencia, según se acordó en la Conferencia de Presidentes celebrada el pasado mes de enero. El Gobierno andaluz defiende que la dependencia tenga un tratamiento "singular" y no se detraigan los fondos de otras partidas, mientras que el Ejecutivo central aboga por abordar en conjunto todos los gastos que se derivan de políticas sociales, como acceso a la vivienda o discapacidad.