Arenas se alegra de que el Gobierno pueda tumbar la 'ley antialcaldes'

El candidato del PP andaluz a la Presidencia de la Junta, Javier Arenas, no tendrá que invertir el más mínimo esfuerzo en demostrar la ilegalidad de la llamada ley antialcaldes que, a juicio de su partido, quiere "expulsar" a los primeros ediles del Parlamento de manera "arbitraria e injusta". Si alguien lo hace, y lo consigue, será el Gobierno; más concretamente, el presidente, Mariano Rajoy, su jefe y amigo. Lo hará atendiendo al dictamen del Consejo de Estado, que ha visto suficientes fundamentos jurídicos para presentar un recurso contra la norma andaluza ante el Tribunal Constitucional. Esta circunstancia allana el camino de los once alcaldes del PP-A que, en los primeros puestos de las listas para el 25-M, tienen casi garantizados los escaños en la Cámara autonómica.

Arenas tiene tan claro que será el Ejecutivo de Rajoy el que recurra la ley, que ayer en Almería prefirió no decir nada acerca de si el PP va a impugnarla. Se trata de una decisión, según el líder de los populares andaluces, que "lógicamente, debe adoptar" el Gobierno. Arenas no ocultó, desde luego, su satisfacción por el dictamen emitido por el "gran órgano consultivo" del Estado. Para el dirigente popular es evidente que la medida, "que ya denunciamos como injusta y arbitraria" es propia de un "gobierno cada vez más descompuesto [en referencia al ejecutivo que preside José Antonio Griñán] que ha querido cambiar las reglas de juego en las últimas semanas de la legislatura que ha terminado".

Enfrente, el presidente andaluz defendió la incompatibilidad entre los cargos de alcalde y diputado autonómico porque considera que "es mejor que cada uno ocupe un solo asiento, ejerza una sola competencia y no tenga que ejercer el pluriempleo en la política". Para el jefe del Ejecutivo autonómico, quien dijo desconocer el contenido del dictamen al tiempo que mostró su estupor porque se haya hecho público, "lo que resulta sorprendente es que el PP, que declaró inelegibles los cargos de alcalde y diputado en Galicia, ahora considere inconstitucional" la ley andaluza que se limita a declararlos "incompatibles".

En cualquier caso, Griñán insistió en que "es mucho mejor, como por cierto decía Javier Arenas en los años 2004 y 2008, que cada uno ocupe un solo asiento, ejerza una sola competencia y no tenga que ejercer el pluriempleo de la política".

El coordinador general de IU-CA, Diego Valderas, aseguró que si el Gobierno decide recurrir ante el Tribunal Constitucional la norma andaluza, tendrá que hacer lo mismo con la Ley Electoral de Galicia, una normativa que, a su juicio, va más allá de la andaluza "al no hablar de incompatibilidad, sino de inelegibilidad ". El dirigente de la formación de izquierdas se preguntó si el Consejo de Estado está "desmemoriado" en relación al contenido de la Ley Electoral de Galicia. "Parece no tener sentido que vaya a por la ley andaluza y no a por la gallega, lo que supondría un elemento de desigualdad interpretativa".

Valderas insistió en que la ley andaluza es "más permisiva" que la gallega e hizo hincapié en que los alcaldes de su formación que van en las listas ya han anunciado públicamente que se presentan para ser diputados y que, en el caso de ser elegidos, renunciarán a la Alcaldía. Se refería así a Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda (Sevilla) y a Juan Serrano, primer edil de Canena (Jaén), que son los dos únicos alcaldes que IU-CA lleva en los puestos de salida de sus listas al Parlamento.

Por su parte, Unión, Progreso y Democracia (UPyD) defendió la incompatibilidad no sólo de alcaldes y diputados, sino también de los altos cargos: "No quiero decir que esto vaya a ser o no vaya a ser una supuesta condición según lo que pase el 25-M", dijo el candidato a la Presidencia de la Junta, Martín de la Herrán.