El parqué
Jaime Sicilia
Movimientos mixtos
Educación
Ni siquiera la convocatoria ordinaria de las elecciones andaluzas, prevista legalmente para marzo de 2019, permitiría la aprobación de la Ley de Formación Profesional. La norma, que formaba parte del paquete legislativo acordado con Ciudadanos para respaldar la investidura de Susana Díaz, comenzó su periplo parlamentario en diciembre de 2017 y aún se encuentra en la fase de ponencia parlamentaria, el periodo de la tramitación en que los grupos políticos acuerdan la mejora del texto mediante las respectivas enmiendas.
Teniendo en cuenta que la actual etapa de ponencia dio inicio el pasado mes de julio, y que dicho periodo no suele rebajarse del año de tramitaciones, la aprobación de la ley tendrá que esperar a la próxima legislatura. Más aún si, en efecto, la presidenta del Ejecutivo andaluz toma la decisión de adelantar las elecciones.
La formación profesional (FP) es uno de los lunares de la educación en Andalucía. Es un clamor en los centros de enseñanza. La oferta de plazas de ciclos formativos no corresponde a la amplia demanda. Así lo reflejan las estadísticas y así lo denunció el Defensor del Pueblo en su informe de 2017 –registró 30 quejas–. Resulta paradójico en tanto que la tasa de paro –principalmente la de la población menor de 25 años– no acaba de disminuir al ritmo deseado en la era posterior a la gran recesión.
El pasado mes de febrero, en la sede parlamentaria, la portavoz del PP en la Comisión de Educación, Marifrán Carazo, criticó al Ejecutivo por las continuas demoras en la tramitación de la Ley de FP. "El proyecto de ley se presentó por primera vez en 2014 –en la anterior legislatura– y se quedó colgada", declaró entonces Carazo, quien también recriminó que el actual texto, cuya tramitación está paralizada, fue anunciada por la presidenta en 2015, al comienzo de la actual legislatura.
Los años han pasado y todo sigue igual. O peor, aseguran desde los grupos de la oposición, pues la situación del empleo en Andalucía no puede permitirse la pérdida de tiempo. En Ciudadanos, Marta Escrivá, portavoz de Educación de la formación naranja, lamenta la inexistencia de conciertos añadidos en FP, extremo que no facilita la ley estatal. Desde el Grupo Podemos, Libertad Benítez, denuncia "la falta de oferta pública" y que el texto normativo actual, en fase de tramitación, "sigue profundizando en ese error". "No se ponen soluciones a los problemas estructurales", afirma Benítez, portavoz de la formación morada.
No le parece suficiente a la oposición los datos que aporta la Consejería de Educación para el curso 2018-2019: 58 nuevas títulaciones y 1.320 puestos escolares más que el curso anterior. Sigue habiendo decenas de miles de andaluces que se quedan sin plaza, denuncian desde el Grupo Popular. La urgencia de una gran reforma del sistema, facilitada por la esperada ley, se evidencia además con bajas tasas de titulación (24,3% de egresados del Grado Superior en el curso 2015-2016).
La FP Dual es otro de los puntales en los que se apoyan los novedosos ciclos formativos en Europa. La realización de las prácticas en empresas mientras permanece la formación del estudiante se ha convertido en una especie de bálsamo de Fierabrás para los expertos. Pero siempre hay problemas. "No es lo mismo poner en marcha la FP Dual en el tejido productivo de Andalucía que en Alemania", avisan desde la consejería, que comparan las 207 plazas del curso 2013-2014 con los 5.001 del presente curso.
En Cs y Podemos identifican múltiples flaquezas en la gestión de esta modalidad formativa. Escrivá expone "la exigencia a la que se somete a los docentes", mientras que Benítez destaca la precarización del actual sistema, que convierte a los estudiantes en "becarios eternos". La solución está en la ley, pero habrá que esperar sentados.
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