El Gobierno logra sacar adelante la ley del suelo tras el batacazo del Presupuesto

El Gobierno andaluz ha logrado sacar adelante en el Parlamento la nueva ley del suelo apenas 12 horas después de que la Cámara le tumbase los presupuestos. La Ley de Impulso a la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) ha superado su debate final gracias al cambio de postura de Vox y el PSOE, que en mayo, junto al resto de la izquierda, propinaron la primera derrota parlamentaria al Ejecutivo de Juanma Moreno. Ambas fuerzas han justificado su viraje respecto a mayo, cuando provocaron la devolución inicial de la norma, en las negociaciones que han llevado a cabo en estos meses y que han provocado que Vox apoye el texto y los socialistas se abstengan.

"Cuando se quiere el acuerdo, se consigue", ha dicho durante el debate el portavoz del PSOE, Gerardo Sánchez, que ha contrapuesto las conversaciones sobre la Lista con las que se han mantenido, de forma paralela, sobre el texto caído de los Presupuestos de 2022. De las 48 enmiendas presentadas por los socialistas, 30 se han incorporado a la norma, muchas de ellas, explican los socialistas, buscando el refuerzo en materia de sostenibilidad. No ha sido posible el acuerdo sobre el asunto que más ha separado al PSOE del Gobierno. El artículo de la discordia es el 22.2, que permite la edificación de viviendas unifamiliares en terreno rústico bajo determinadas condiciones y ha sido motivo de negociación hasta última hora entre el propio Sánchez y su homólogo del PP, Juan Bueno. Los socialistas sostienen que el citado artículo abre la puerta a la construcción indiscriminada, mientras que los populares defienden que se trata de una forma de hacer legal una práctica que, a la larga, provoca problemas.

Más allá de ese desacuerdo, el tono entre socialistas y populares ha sido muy distinto al que se escuchó durante el debate presupuestario. Los portavoces de uno y otro partido han aludido a la necesaria renovación de la normativa urbanística autonómica, una tarea en la que ya se embarcó el PSOE en la pasada legislatura. El resultado fue la fallida Ley de Urbanismo Sostenible de Andalucía (LUSA), aunque parte del espíritu de esta norma está recogido en la Lista. Y esa herencia es uno de los motivos que ha llevado a Alejandro Hernández, portavoz de Vox, a cargar la norma recién aprobada que ha contado con el voto afirmativo de los 11 diputados de la formación de Santiago Abascal.

Hernández recuperó en su intervención la crítica que, el miércoles, justificó el rechazo a los presupuestos. "El Gobierno del cambio se queda en el enunciado, ustedes perpetúan las políticas socialistas del pasado", ha espetado el diputado de Vox, que después ha dedicado buenas palabras a la parte del texto sobre agilización de trámites urbanísticos y la "facilitación de actividad urbanística" como "motor para el desarrollo económico". "Contarán con nuestro voto, pero no con nuestra confianza", sentenció Hernández quien, no obstante, fue más cáustico en sus críticas a Unidas Podemos y los diputados no adscritos liderados por Teresa Rodríguez que con el propio Gobierno.

El diputado de Vox acusó a las fuerzas izquierdistas de apocalípticas por su rechazo al texto, una posición que defendió el portavoz adjunto de Unidas Podemos por Andalucía, Guzmán Ahumada, que cargó contra una Lista que, a su juicio, "no soluciona el problema de la especulación ni el del derecho a la vivienda" y que encamina a la comunidad hacia una nueva "burbuja inmobiliaria" como la que provocó la pasada crisis financiera.

La norma, que entrará en vigor a finales de año, una vez que se publique en el BOJA, debe desarrollarse por medio de varios reglamentos que, según explican desde la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, están muy avanzados. La titular, Marifrán Carazo, calificó el texto como la norma más relevante "de la legislatura y de los últimos años". La Lista viene a sustituir a leyes que datan de 1994 y 2002 y dota de más margen de maniobra a los ayuntamientos y facilita la aprobación de los planes de ordenación. Este es uno de los problemas más acuciantes que atenazan a los consistorios andaluces y es uno de los motivos que ha llevado al PSOE, que controla la mayoría de los gobiernos locales de la comunidad, a abstenerse ante esta ley. La nueva ley del suelo viene también a atajar el problema de las más de 300.000 viviendas irregulares que hay en Andalucía para dotarlos de las infraestructuras básicas de saneamiento, agua y electricidad, garantizando con ello las condiciones mínimas de seguridad y salubridad.