Guerrero implica a "todo" el Gobierno de la Junta en la trama de los ERE

La juez Mercedes Alaya ha imputado hasta seis delitos al ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero y le ha atribuido igualmente el pago con dinero público de "cocaína y copas" tras la declaración de su antiguo chófer.

Guerrero ha continuado este miércoles, en su primer día de comparecencia, su estrategia de tirar de la manta, implicando a "todo" el Gobierno de la Junta en la trama de los ERE. Ha asegurar a la juez Alaya que "nadie del Gobierno de la Junta puede decir que se haya hecho algo a sus espaldas", en alusión al sistema por el que se concedían las ayudas públicas donde se han detectado las irregularidades.

En su declaración, Guerrero añadió que cada consejero se preocupaba por las ayudas para su propia provincia y ha citado expresamente los casos de Gaspar Zarrías con Santana Motor y de José Antonio Viera con la Sierra Norte de Sevilla. Según Guerrero, tanto el consejo de Gobierno como el presidente de la Junta "conocían" el sistema de concesión de las ayudas, algo que dice que es un dato objetivo, porque además estaban otras consejerías como la de Innovación, no sólo la de Empleo.

Francisco Javier Guerrero estuvo declarando ante la juez Mercedes Alaya en su primera comparecencia desde las 11:25 horas y durante seis horas. Manifestó que tenía ganas de que llegara este día. "Vengo con ganas de contar mi verdad y tendré que decir lo que yo sé de mi vida", ha aseverado el ex director de Trabajo, que ha insistido en su inocencia y que ha mostrado su intención de responder "a todas las preguntas" que le hagan durante su declaración ante la juez Alaya.

Guerrero precisó que "se ha dicho de todo", en alusión a las diferentes declaraciones que se han producido durante la investigación de este caso.

Tras un breve receso, la juez comenzó a la una de la tarde el interrogatorio propiamente dicho de Guerrero, que ratificó su declaración ante la Guardia Civil y pidió ampliarla en este momento. La primera pregunta formulada por la instructora se refirió al cargo que ocupó en el consejo comarcal de la Sierra Norte de Sevilla.

Respondió a la juez sobre el convenio marco de 17 de junio de 2001, por el que se concedían las ayudas públicas de la partida 31L, al asegurar que fue un instrumento que se creó ante los reparos puestos por la Intervención General de la Junta en las ayudas otorgadas a la empresa Cárnicas Molina y por la "preocupación" del Gobierno andaluz por mantener la paz social ante varias crisis empresariales.

Guerrero rechazó, no obstante, que el convenio se hiciera para evitar los reparos de la intervención de la Junta.

Durante más de una hora la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla leyó un exhaustivo relato de imputacion a Francisco Javier Guerrero, al que imputa formalmente tres delitos continuados de malversación de caudales públicos, prevaricación y cohecho, y otros tres delitos de falsedad: dos de ellos relacionados con falsedad en documentos oficial y otro en documento mercantil.

Al término de este relato de imputación, la instructora incluyó la referencia al testimonio de su antiguo chófer, Juan Francisco Trujillo, al manifestar el relato de Imputación que una vez que Guerrero finalizaba su jornada laboral en la Dirección general de Trabajo, ambos "iban a locales de copas donde consumían alcohol y cocaína" con parte del dinero de los fondos públicos. Guerrero negó con la cabeza cuando la instructora realizaba estas manifestaciones, han asegurado fuentes del caso.

Entre los hechos que le imputa la juez se incluye también que tenía conocimiento de todos los "intrusos" que fueron introducidos en los

ERE para cobrar ayudas públicas a pesar de que no habían trabajado para estas empresas. Guerrero también hizo un gesto de negar esta afirmación de la juez cuando ésta se refirió a la inclusión de María del Carmen Fontela en el ERE de Río Grande.

La instructora citó en al menos media docena de ocasiones al PSOE, al afirmar que muchas de las ayudas se concedieron a Ayuntamientos gobernados por el PSOE y a empresas de personas vinculadas con este partido. Alaya le ha recordado en este punto las ayudas que por importe de 29 millones de euros se concedieron a "entramados de empresas" de la Sierra Norte de Sevilla, vinculados a los empresarios José Enrique Rosendo y José María Sayago, el primero hijo del ex alcalde de El Pedroso (Sevilla) y también imputado en la causa Rafael Rosendo. El relato de imputación fue exhaustivo y en el mismo la juez ha ido detallando todas las ayudas concedidas a empresas donde se han detectado irregularidades.

Algunas fuentes destacaron que la inclusión del carácter continuado de varios delitos en la imputación a Guerrero pretende salvar la posible prescripción que pudiera afectar a algunos hechos aislados.

Por su parte, Guerrero aseguró a su llegada a los juzgados de Sevilla que es inocente de las presuntas irregularidades que se le atribuyen. "No me siento culpable de nada", afirmó Guerrero ante un numeroso grupo de periodistas que le esperaban antes de entrar en los juzgados para prestar declaración ante la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

Por otro lado, Guerrero pidió el aplazamiento cuando la instructora le preguntaba por los pagos de minutas a despachos de abogados con fondos públicos, algo que Guerrero ha negado que haya autorizado.

En sus últimas respuestas, Guerrero insitió en que las ayudas que se concedían a los trabajadores eran individuales y se agrupaban por paquetes, pero no entiende cómo unos empleados han sido incluidos en el ERE de una empresa distinta, ha dicho en relación a la inclusión de dos trabajadores de la empresa Promi en el ERE de Saldauto.

La declaración de Guerrero continúa este jueves y con toda probabilidad continuará por la tarde dado que la juez aún no ha llegado a la mitad del interrogatorio que tenía previsto hacer al ex responsable de Trabajo.

La juez Alaya ha habilitado una sala de vistas para acoger a los más de 40 abogados defensores personados en la causa que han asistido a la declaración de Guerrero.

La anécdota de la primera sesión se producía a la llegada a los juzgados de la juez Mercedes Alaya y la ha protagonizado una espontánea que esperaba en los alrededores y que saludaba animadamente a la magistrada como muestra del apoyo ciudadano que recibe por su labor judicial en el casos de los ERE.