Guerrero pedirá a la juez Alaya que cite como testigo a Griñán

La defensa del ex director general de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero, solicitará a la juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos, que cite a declarar en breve como testigos al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, al ex consejero de Empleo José Antonio Viera y al interventor general, con la idea de que corroboren la legalidad del sistema por el que se concedían las ayudas ahora bajo sospecha.

El abogado Fernando de Pablo, que representa al ex director de Trabajo -en prisión desde el 10 de marzo-, presentará un escrito en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en el que solicitará la práctica de estas diligencias. La declaración de Griñán se plantea en su condición de ex consejero de Economía, pues el letrado señala que cuando desempeñó ese puesto -entre 2004 y 2009- "suscribió los Programas de Actuación, Inversión y Financiación (PAIF) y las ampliaciones presupuestarias" para las partidas destinadas a las ayudas públicas.

Sobre la declaración del Interventor general de la Junta y los reparos al sistema, el letrado cree que el funcionario "nunca ha hecho un informe en contra, sino que puso de manifiesto unas discrepancias, pero no paralizó el procedimiento porque entendía que era legal a pesar de esos conocidos reparos".

De Pablo también tiene previsto citar al ex consejero de Empleo y ex presidente del IFA José Antonio Viera, al considerar que es uno de los "artífices, en unión de Antonio Fernández -que declara mañana-, del famoso acuerdo marco entre la Consejería y el IFA", pero "extrañamente" nunca ha sido citado mientras Fernández está imputado desde hace más de un año. La defensa del principal imputado en el fraude opinó que la instrucción de esta causa ha partido de una "base errónea" al estimar Alaya que la dirección de Trabajo "prescindió de un procedimiento para la concesión de las ayudas y que Guerrero no tenía competencia para otorgarlas, cuando en realidad estas subvenciones están completamente regladas".

La defensa cree que estos tres testimonios pueden contribuir a desmontar esa interpretación errónea de la juez, por lo que descartó la existencia de una trama organizada para cometer ilegalidades. "Si eso fuera realmente así, tendríamos tres organizaciones de delincuentes y un complot con las organizaciones sindicales y el Parlamento", en alusión a los distintos Gobiernos que han avalado el procedimiento. "Ni hemos tenido Gobiernos mafiosos ni la complicidad del Parlamento", sentenció De Pablo. Para el letrado, las actas de los consejos rectores del IFA, que la juez ha entregado recientemente a las partes, vienen a demostrar que el "la fiscalización, abono y seguimiento y control de las ayudas estaban encomendadas al IFA", por lo que los distintos organismos públicos que intervienen en el proceso "conocen lo que se estaba haciendo y que el sistema era correcto".

Entre las pruebas que pedirá destacan igualmente la declaración de los secretarios regionales de UGT y CCOO, para que "expliquen si consideran que hay alguna ilegalidad en unas ayudas que ellos avalaron". También solicitará que testifiquen los responsables de un bufete que "creó el marco legal" para las ayudas y el jefe de los servicios jurídicos de la Junta, porque éste había "visado" el procedimiento. El abogado de Guerrero ha decidido ahora instar la práctica de todas estas pruebas porque, al hallarse ya dos personas encarceladas -su cliente y el antiguo chófer, Juan Antonio Trujillo-, son "prioritarias".

De Pablo denunció que en la causa de los ERE hay una especie de "secreto de sumario encubierto", término con el que define el retraso a la hora de que las partes tengan conocimiento puntual de la investigación de la Guardia Civil. El letrado puso como ejemplo la "dificultad añadida" que supone para los defensores que se "enteren por la prensa de que el ex parlamentario Ramón Díaz ha declarado hace un mes ante la Guardia Civil y que María José Rofa lo hizo hace dos meses". Por último, criticó la entrega de documentos "casi semanalmente" que hace la acusación del PP porque es "inexplicable que se dosifique la documentación de esa forma".