Guerrero tira de su manta

Guerrero está dispuesto a no ser el último escalón de la pirámide que en su día dibujó la juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo relacionado con el fraude en las ayudas públicas de los ERE. El que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta durante nueve años (de septiembre de 1999 a abril de 2008) Francisco Javier Guerrero Benítez ha demostrado que está dispuesto a tirar de la manta, al menos, de la suya, de la que considera su verdad relacionada con el despilfarro de los fondos públicos y la concesión de ayudas a familiares, amigos y simpatizantes del PSOE, aunque Guerrero sigue defendiendo que pudieron ser discrecionales pero no arbitrarios a la hora de beneficiar a unos trabajadores frente a otros.

Desde su primera declaración ante la Policía Judicial -cuando la investigación aún no había sido entregada a la Guardia Civil-, Guerrero ya dejó claro que sus superiores, sin nombrar a ninguno en concreto, tenían conocimiento de todo lo relacionado con las ayudas que concedía la dirección general de Trabajo, la falta de control de las mismas, y defendió que él se limitó a aplicar el sistema que le impusieron a la hora de conceder las ayudas sociolaborales.

Guerrero ha prestado ya hasta cuatro declaraciones y las dos últimas, que han tenido lugar en menos de un mes, han permitido que la juez Mercedes Alaya haya imputado ya al ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá y tenga en el punto de mira al ex consejero José Antonio Viera, a quien Guerrero ha situado en el ojo del huracán al atribuirle un "papel esencial" en las ayudas concedidas a un grupo de empresas ubicado en la Sierra Norte de Sevilla y vinculadas a los empresarios José María Sayago y José Enrique Rosendo, este último hijo del ex alcalde de El Pedroso (Sevilla) Rafael Rosendo (PSOE), amigo de Guerrero y está imputado en la causa de los ERE por haber recibido ayudas públicas por importe de 109.750 euros.

Pero las "revelaciones" del ex director general de Trabajo parece que no han hecho nada más que empezar y todo apunta a que el próximo 7 de marzo, cuando Guerrero comparezca ante la juez Mercedes Alaya -a cuyo interrogatorio temen muchos imputados por la vehemencia de la magistrada a la hora de tomar declaración- va a seguir tirando de la manta y apuntando incluso más alto en lo que se refiere a la responsabilidad por las subvenciones otorgadas al amparo de la polémica partida 31L, que él mismo bautizó como "fondo de reptiles".

Según algunas fuentes consultadas por este periódico, el ex director general de Trabajo podría entregar a la juez documentación extraída del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) sobre los denominados PAIF (Programas de Actuación, Inversión y Financiación), que eran firmados por el consejero de Economía -cargó que ocupó entre 2004 y 2009 el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán- y el interventor de la Consejería.

De hecho, no es la primera vez que el nombre de Griñán surge durante la instrucción que realiza la juez Alaya, que ya ha pedido en varias ocasiones a la Junta que entregue las operaciones de endeudamiento superiores a 1,2 millones realizadas por el IFA o IDEA desde el año 2007. En un auto dictado en noviembre pasado, la instructora explica que en los casos en los que era preceptiva la aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno era necesaria "la previa autorización del titular del titular de la Consejería de Economía y Hacienda, cargos que han sido desempeñados en las fechas referidas por José Antonio Griñán y Carmen Martínez Aguayo". La petición de la juez se produjo después de que el Partido Popular, que ejerce la acusación popular en el proceso, denunciara que se "autorizaron y elevaron al Consejo de Gobierno para su aprobación" transferencias de financiación al IFA e IDEA del programa 31L.

En su declaración ante la Guardia Civil, Guerrero apuntó sobre las memorias que se emitían relativas a presupuestos y pagos realizados que éstas "pasaban los filtros correspondientes de la Consejería de Economía y Hacienda, y de la propia Intervención General de la Junta de Andalucía".

Guerrero también deberá aportar a la juez datos más concretos sobre la grave denuncia que hizo en su primera declaración ante la Guardia Civil, el pasado 26 de enero, cuando afirmó que tenía "conocimiento" de que se habían "destruido documentos" en la Consejería de Empleo a raíz de que se había iniciado la investigación de los ERE fraudulentos en Mercasevilla.

Las afirmaciones de Guerrero, a falta de su ampliación y ratificación en sede judicial, vendrían a corroborar las sospechas que de una u otra forma Mercedes Alaya ya ha ido apuntando en distintos autos y resoluciones dictados en los últimos meses. Y es que las explicaciones que la Junta de Andalucía ha dado sobre la forma en que documenta los expedientes de los ERE no convencen a la magistrada, que en junio pasado ya solicitó a la Policía Judicial que investigara si la Junta había "construido o reconstruido" de forma "apresurada" los expedientes administrativos relativos a los ERE y ayudas a un grupo de empresas. En otra resolución, la juez criticó que la Administración le enviase un "cúmulo de folios desordenados, inconexos y repetidos", y esta misma semana acusó a la Junta de "entorpecer considerablemente" la investigación por su retraso a la hora de entregas las ayudas concedidas por otras tantas consejerías.

De momento, la manta de Francisco Javier Guerrero sólo ha alcanzado, además de a Agustín Barberá, al ex consejero de Empleo y ex secretario de los socialistas sevillanos José Antonio Viera. Sobre este último, Guerrero ha dicho que fue el quien promovió las ayudas a las empresas de la Sierra Norte de Sevilla, al insistir en que esas subvenciones tenían que "salir adelante". Entre 2001 y 2008 se concedieron 60 millones de euros en ayudas, de las cuales unos 30 millones fueron a parar a empresas establecidas en esta comarca sevillana, sobre todo en la localidad de El Pedroso. Viera, según Guerrero, tenía "especial interés" en ayudar a estas empresas, porque el entonces consejero "llevaba mucho tiempo visitando esa zona", en la que iba a "cazar", tenía amigos que eran maestros y su pareja trabajaba como ATS.

Buena parte de estas ayudas se destinaron a empresas vinculadas a José Enrique Rosendo, cuyo grupo de sociedades percibió más de 13 millones en subvenciones públicas. En una de las empresas de Rosendo, Marco de Estudios y Proyectos siglo XXI trabajaron precisamente la hija de José Antonio Viera y el hijo del parlamentario socialista andaluz José Caballos, quienes percibieron unos salarios líquidos de 2.815 y 1.177 euros mensuales. La manta de Guerrero todavía puede dar mucho de sí.