Hacienda actualizará tras 16 años la normativa de Administración digital

Reducir costes y mejorar la gestión aplicando las últimas tecnologías disponibles. Ese es uno de los objetivos estratégicos que se ha marcado Juan Bravo, consejero de Hacienda, Industria y Energía, para esta legislatura. Para lograrlo, debe revisar una normativa que data de 2003, pero que, a nivel estatal, viene determinada por dos leyes del año 2015 en cuyo desarrollo destaca la Administración andaluza. Un informe de la consultora Ernst&Young coloca a Andalucía en la sexta posición entre las regiones con mayor nivel de cumplimiento de las leyes nacionales que marcan la transformación digital de las administraciones públicas.

El documento de la consultora revela que la Junta ha puesto en marcha el 82% de las medidas sobre la materia que recogen las leyes de Procedimiento Administrativo Común y del Régimen Jurídico del Sector Público.Por encima están el País Vasco, Galicia, Cataluña, Asturias y Madrid, situándose la media de todos los territorios en el 77%.

El informe de Ernst&Young valora las características del portal web de las regiones, su asistencia a los ciudadanos y las empresas, el registro electrónico y la posibilidad de representar a otro ciudadano, el archivo electrónico, la identidad digital y la firma electrónica, la sede electrónica de las administraciones y las comunicaciones y notificaciones a los ciudadanos. Sólo en este último punto detecta un bajo nivel de cumplimiento.

En el otro lado, la consultora destaca que la Junta cuenta con un portal web que permite que los ciudadanos lleven a cabo procesos de participación ciudadana y una sede electrónica que destaca por ofrecer “asistencia en medios electrónicos constante y completa”. También valora positivamente que en la web está disponible “un buscador inteligente” que permite identificar todas las oficinas de asistencia, “incluyendo resultados con detalles de contacto y mapas”.

A pesar de la buena calificación recibida por el informe, la transformación digital es una de las prioridades para el titular de Hacienda, que procede, como su antecesor, Alberto García Valera, de la Agencia Tributaria, un organismo con un alto grado de digitalización. Uno de los primeros gestos tras el cambio de gobierno fue convertir a María Pérez Naranjo, que ya formaba parte de la Consejería de Hacienda con el PSOE, en directora general de Transformación Digital.

Pérez Naranjo será la encargada de comandar el “cambio de mentalidad” que quiere implantar Juan Bravo en la Junta. Para ello, lo primero que tiene que hacer es actualizar la normativa con un nuevo decreto de Administración Electrónica. “Con la legislación actual, no estamos capacitados para hacer determinados trámites”, apuntan fuentes de la consejería de Hacienda.

Entre las medidas que se pretenden implantar destaca el registro electrónico único o la mejora de los medios de autenticación e identificación de los ciudadanos, las empresas y los empleados públicos. “El objetivo es caminar hacia una administración menos burocrática y orientada a satisfacer las demandas de la ciudadanía”.

Pérez Naranjo destaca la posibilidad de poner en marcha la contratación electrónica para facilitar la relación de la Administración regional con sus proveedores. “La mejora más perceptible será la agilización de dicha relación, liberándola del desplazamiento y los horarios de las oficinas de registro”, detalla la directora general de Transformación Digital, que también alude a la importancia de no solicitar documentación a los ciudadanos que ya está en poder de la Junta por trámites previos.

Para desarrollar estas iniciativas es necesario un Plan Estratégico que también debe estar listo tras el verano y que, tras salir a licitación pública, corre a cargo de Deloitte. Será la hoja de ruta de una estrategia que se inaugurará en los próximos meses con una medida que permitirá a los ciudadanos tener en una aplicación móvil la mayoría de carnets que dependen de la Junta –bibliotecas públicas, familias numerosas, licencias– y conocer datos como el historial sanitario o si la Administración ha abonado una subvención o beca que se la haya concedido.