La Junta protege su pacto con Vox y defiende la aplicación del ‘pin parental’

El acuerdo que PP y Ciudadanos firmaron con Vox para sacar adelante el Presupuesto de 2020 acarreó la inclusión de una medida que, siete meses después, se ha revelado como una fuente de conflicto no sólo entre el Gobierno de la Junta y la oposición parlamentaria, sino entre la Junta y el Ejecutivo central de PSOE y Unidas Podemos.

Ese acuerdo presupuestario de Andalucía, rubricado en junio por PP, Cs y Vox, contempla la implantación de lo que se conoce como pin parental, que no es sino "el establecimiento de una autorización expresa de las familias para la participación de sus hijos en actividades complementarias", según figura en el citado documento con firma tripartita.

La aparente asepsia contenida en la medida pactada, que aparece en el punto 19 del acuerdo, fue explicada ayer por el dirigente andaluz de Vox, Francisco Serrano, quien señaló en una red social que el pin parental es un "instrumento" del que podrán disponer "muchos padres para preservar a sus hijos de un adoctrinamiento impartido por dementes comisarias políticas de género que les inculcan su veneno de odio, irracionalidad e inmoralidad", recogió ayer Europa Press en una nota.

Bendodo se enroca con Vox

El Gobierno de la Junta se ha topado con un sapo que tragar, nada que no esté al alcance del carácter omnívoro de su consejero de Presidencia. Un días después de que la ministra de Educación, Isabel Celaá, advirtiera a las comunidades autónomas que pretendan poner en marcha el pin parental con acudir a la Justicia –refiriéndose al pacto en Murcia o Madrid, pero apuntando al resto de gobiernos regionales sustentados por Vox–, Bendodo se reafirmó ayer en el acuerdo presupuestario y defendió la implantación de tales autorizaciones paternas en el sistema educativo andaluz.

Claro que, como era de esperar, "dentro del marco legal". "Toda esta cuestión, como otras, deberá ir avalada por la normativa autonómica y estatal", dijo ayer Bendodo, según recogió Efe en una nota, amortiguando las posibles consecuencias de una futura denuncia del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

En un ejercicio de equilibrismo entre la lealtad al socio parlamentario y el cumplimiento de las normas vigentes, la Junta defiende la puesta en marcha de una medida que genera no poco conflicto entre diferentes posiciones ideológicas. Para ello alude al derecho de la libertad de los padres a que "que los andaluces decidan sobre el futuro de sus hijos".

En esa línea se pronunció el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, quien aseguró que no comparte la posición de Vox con respecto al pin parental, pero que para gobernar Andalucía existen dos "pensamientos y un solo proyecto", aunque también se posicionó en planteamientos liberales de permanecer a favor de "de la libertad de los padres".

Imbroda y las intenciones de Vox

En esas mismas coordenadas se movió también el consejero de Educación, Javier Imbroda, quien participó también ayer del debate creado durante la jornada después de que el Gobierno central insistiera en el mensaje apuntado el día anterior y reiterara ayer, por boca de su nueva portavoz, María Jesús Montero, que responderá "con contundencia" ante la aplicación del pin parental. Imbroda, además de mencionar los valores de la libertad, ahondó en el debate.

"No es sencillo, pero es cierto que lo que Vox transmite con este intento de implantación del pin parental es una cierta desconfianza en nuestro sistema educativo y nuestros profesores", dijo el consejero en Málaga, en declaraciones recogidas por Europa Press, para quien la polémica "se está yendo un poco de madre".

El mes pasado, el propio Imbroda ya afirmó en una entrevista difundida por una publicación educativa que no le parecía "mal" que se implantase el pin parental en Andalucía "siempre y cuando no sea para autorizar contenidos curriculares". "Estamos valorando cómo ese tipo de actividades van a poder formar parte del proyecto educativo del centro", señaló Imbroda.

Reacciones

La polémica desencadenó reacciones de agentes políticos y sociales durante todo el día. La portavoz del Grupo Parlamentario de Adelante Andalucía, Ángela Aguilera, tachó de "censura educativa" el uso del pin parental, que espera "se quede embrionario", tal como definió el jueves Imbroda que se encontraba la implantación de tales autorizaciones educativas en Andalucía. El sindicato educativo de CSIF señaló que "en los colegios no se adoctrina, pues está garantizado que el proyecto educativo cumple con los criterios constitucionales".