Junta, sindicatos y patronal firman hoy el pacto social por más de 1.200 millones

Sevilla/El pacto social que suscriben esta mañana los representantes de la Junta de Andalucía con el presidente, Juanma Moreno a la cabeza, acompañado por el consejero de Presidencia Antonio Sanz; las secretarias generales de CCOO y UGT en Andalucía, Nuria López y Carmen Castilla y el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía Javier González de Lara y que fue adelantado por este periódico el pasado martes, ya tiene nombre –Pacto Social yEconómico por el Impulso de Andalucía– y cuantía económica que significará la movilización de una cantidad de más de 1.200 millones de euros en distintos apartados.

En cualquier caso, más aún que el montante económico del acuerdo, está un indudable componente político. En primer lugar, Juanma Moreno marca un estilo propio alejado del señalado por otros líderes de su partido (léase Ayuso o incluso el mismo Feijóo) de marcado enfrentamiento con los agentes sociales, especialmente los sindicatos. Además, se garantiza la paz social con éstos durante toda la legislatura, periodo de vigencia del acuerdo. Además, pone en marcha un articulado de medidas ya anunciadas previamente (las de vivienda y transporte principalmente) pero que entran a formar parte de un mismo paquete con lo que se garantiza su puesta en marcha de una manera más efectiva.

Las ayudas de este nuevo Pacto Social, tal y como adelantó este periódico, afectan directamente a familias, trabajadores autónomos y pequeñas y medianas empresas y tratan de evitar las consecuencias económicas derivadas de la invasión rusa de Ucrania y hacen una especial mención al aumento de los tipos de interés lo que desencadena una espiral de aumento de los precios de las hipotecas. En este capítulo se va a impulsar el denominado programa Garantía Vivienda Joven, mediante el que la Junta de Andalucía subvenciona el 15% de la hipoteca a los menores de 35 años quienes gozarán del 95% de la financiación de la vivienda hasta un valor máximo de 295.000 euros.

También destaca la bonificación del transporte público en un nivel similar al que aporta el Gobierno central. La Junta ya había asumido un 20% de rebaja adicional, que era la condición impuesta por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana para mantener el descuento del 30% que se adoptó en septiembre de 2022 y que se aplicará durante todo el primer semestre del año. Lo que se pretende ahora es que el Ejecutivo andaluz eleve esa participación hasta llegar al mismo 30% que asume el Ministerio, aunque se trata de un asunto todavía abierto puesto que la postura del ejecutivo parece que se queda en el 20% de bonificación.

Habrá que esperar también hasta el día de hoy para conocer hasta dónde van a llegar la pretensión de los sindicatos para que se subvencione a los grandes consumidores de combustible, es decir, aquellos que precisan del transporte individual para ejercer su actividad profesional. El objetivo es que puedan hacer frente al incremento de precios desde hace más de un año. Se estudia que la aplicación de esta medida sea tanto a las familias como a las pequeñas y medianas empresas, que han visto comprometida su continuidad por las facturas de suministros energéticos. Lo que no se conoce es la manera de llevarla a efecto, toda vez que las competencias sobre hidrocarburos son exclusivas del Gobierno central.

Los encuentros comenzaron a finales del pasado mes de noviembre, con la coordinación del consejero de Presidencia, Antonio Sanz y en ellas han tomado parte desde la Consejería de Empleo hasta la de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, pasando por la de Fomento (en especial en su departamento de Vivienda) e incluso la de Salud, ya que está previsto que se incluyan medidas sobre el acceso a los recursos sanitarios, sobre todo el acortar los plazos para acceder a a atención primaria o la consolidación de los 12.000 profesionales que fueron contratados como refuerzo durante la pandemia. Se ha tratado, en definitiva de conseguir un pacto “lo más transversal posible, ya que se trata de medidas que afectan a la calidad de vida de todos los ciudadanos, por lo que los servicios públicos se colocan en el primer lugar de las reivindicaciones”.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, apuntó en noviembre del año pasado que “ante las dificultades que estamos pasando, el Ejecutivo andaluz considera necesario iniciar un nuevo impulso en la toma de medidas económicas y sociales que desgraven el impacto que éstas tienen en la ciudadanía y que ayuden a reducir el sufrimiento de los andaluces, y es aquí donde los agentes económicos y sociales deben tener un papel destacado para poder llegar a acuerdos”.

El de esta mañana es la continuación del acuerdo de julio de 2020 con los mismos actores para la reactivación económica como consecuencia de la pandemia.