Sólo una de las 11 leyes del pacto de investidura de Díaz está ya vigente

Sevilla/Juan Marín está satisfecho con el grado de cumplimiento del pacto que llevó a Susana Díaz a la investidura en junio de 2015. Lo ha dicho en varias ocasiones. Antes del verano cifró en un 66% el porcentaje de implantación de las 72 medidas acordadas entre PSOE y Ciudadanos. Ahora, fuentes del partido naranja elevan unos puntos ese porcentaje. Pero no todo va al mismo ritmo en esta relación. Sólo una de las 11 iniciativas legislativas incluidas en el acuerdo ha llegado al BOPA y ya funciona. Es cierto que hay cinco leyes más en trámite, pero quedan cuatro congeladas y una -la Ley de Mecenazgo- difuminada en la lista de prioridades del partido naranja y del propio Gobierno regional. Y a la décima legislatura le queda, con suerte, un año.

La afortunada es la Ley de Participación Ciudadana, que superó el trámite el 13 de diciembre y ya está en vigor. Lo llamativo es que esta norma tiene más andadura en la política andaluza que Marín y los suyos. El texto es una herencia del Gobierno de coalición entre el PSOE e IU que llegó a entrar en la Cámara, pero vio cercenada su evolución con la convocatoria electoral de enero de 2015. A los izquierdistas no les gusta el texto aprobado finalmente, pero en el partido naranja están satisfechos con que la ley permita poner en marcha determinadas consultas y, de esta manera, hacer partícipes a los ciudadanos de la toma de decisiones.

Peor suerte tiene la Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía, que también estaba en el acuerdo entre PSOE e IU, pero ni siquiera llegó a tener anteproyecto en la pasada legislatura. Fue la segunda ley que presentó el Ejecutivo andaluz en junio de 2015, con Aquilino Alonso estrenándose en el Consejo de Gobierno. El entonces titular de Salud vaticinó que la norma estaría aprobada en la primavera de 2016. Año y medio después de cumplirse ese plazo la norma aún no ha llegado a la comisión de Salud para que los grupos debatan las enmiendas, pese a que entró en el Parlamento en diciembre de 2016.

Seis meses después, en junio de 2017, llegó al registro de la Cámara el proyecto de Ley de Fomento del Emprendimiento, que todavía está en proceso de recepción de enmiendas. El consejero de Economía, Antonio Ramírez de Arellano, anunció el 29 de marzo que ya había anteproyecto. Lo hizo en San Telmo, sólo seis días despúes de que Juan Marín apretase las tuercas a sus socios. El líder de Ciudadanos mencionó esta ley como una de las prioritarias. Incluso sugirió que, sin un impulso a esta norma, el apoyo naranja a Susana Díaz Corría peligro. A finales de mayo el Consejo de Gobierno envió el texto al Parlamento.

En aquel desayuno con la prensa para hacer balance de la primera mitad de la legislatura, Marín se acordó, entre otras, de la Ley de Agricultura y Ganadería, cuyo anteproyecto se presentó en otoño de 2016 después de cuatro borradores, pero que llegó al Parlamento el pasado mes de julio. El líder regional de Ciudadanos mencionó también a la Ley de Formación Profesional, cuyo primer anteproyecto data de 2014, pero que ha llegado al Parlamento tres años después, a principios del pasado mes de diciembre.

Con la firma, el pasado septiembre, de su tercer acuerdo de Presupuestos, el partido naranja ha perdido poder de influencia en el Gobierno andaluz. Díaz tiene vía libre para llegar a los próximos comicios, sean cuando sean, y Marín también lo sabe. Esa puede ser una de las razones por la cual el líder naranja subió el tono en las últimas sesiones de control de 2017. En la última le recordó a la presidenta de la Junta que la reforma de la ley electoral debía entrar en la Cámara antes de marzo para que estuviera vigente para las elecciones autonómicas. Marín incluso lanzó un órdago y anunció que su partido presentará una proposición de ley si no avanzaban los trámites del grupo de trabajo creado en la Comisión de Hacienda para consensuar entre los cinco partidos del Parlamento cómo debe ser la remodelación de la normativa electoral andaluza. Resulta paradójico que en ese mismo Pleno se decidiera porrogar hasta el verano los trabajos de dicho organismo, aunque desde Ciudadanos recuerdan que las conclusiones pueden presentarse antes.

Pese a todos los impedimentos, Marín debería darse por satisfecho con la situación de la Ley Electoral, que tiene muchas más posibilidades de aprobarse en plazo que otras cuatro normas en materia de regeneración que todavía están en el limbo de San Telmo. Una de ellas pasa por la creación de la Ley de Buen Gobierno y un Estatuto de Altos Cargos que defina "con mayor precisión y exigencia todos los aspectos referidos al código ético, las incompatibilidades y un régimen sancionador en caso deincumplimiento de sus deberes".

Las otras tres son reformas de leyes existentes, aunque dos de ellas son de ámbito estatal: la de la Cámara de Cuentas, la de Subvenciones y la de Contratos del Sector Público. Según el pacto firmado por Ciudadanos y el PSOE, antes del final de la legislatura, la Junta, diputaciones y ayuntamientos debían estar obligados por ley a colaborar con el organismo fiscalizador, que podría imponer multas coercitivas a los responsables públicos que ignoren sus peticiones. Ciudadnos aspiraba también a que el Gobierno andaluz -y el Parlamento- instaran al Ejecutivo central a modificar la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley General de Subvenciones para que los condenados por corrupción no puedan contratar con las Administraciones ni recibir ayudas o subvenciones.

Juan Marín pasa por delante del escaño de Susana Díaz después de intervenir en un Pleno.