Teoría de los peones

LA juez Mercedes Alaya acaba de imputar esta semana al ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, pero se desconoce cuándo le llamará a declarar. Imputado queda, pero no habrá prisas. Fue, precisamente, Barberá el hombre que llevó ante la Fiscalía de Sevilla, y en febrero de 2009, la grabación en formato DVD donde los responsables de Mercasevilla -la empresa semipública hispalense que gestiona el mercado- proponían a los empresarios del restaurante La Raza un negocio. La fundación Mercasevilla pagaría a La Raza un total de 900.000 euros procedentes de la Consejería de Empleo para montar una escuela de hostelería siempre que la mitad fuera para ellos. Porque así se hacen las cosas en la Junta. Eso dijeron.

Este presunto soborno -que no se ha juzgado aún- es el prólogo del caso de los prejubilados falsos, porque en uno de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) de Mercasevilla se encontraron a dos personas que cobraban rentas subvencionadas por Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) sin haber trabajado nunca en este mercado. Eran beneficiarios de una prejubilación. Presuntamente, por la cara. El caso fue admitido a trámite por la fiscal jefe, María José Segarra, y ante las críticas recibidas por el PP sobre su inactividad, ella ya dio cuenta de todas las instrucciones que practicó, aunque, efectivamente, no llegó al núcleo del escándalo, porque el hoy alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, presentó una denuncia ante los juzgados, y por eso, pasó de Segarra a la juez Mercedes Alaya, que aquel día le correspondió por reparto. La Fiscalía está obligada a entregar el caso a un juez si media denuncia.

Pero volvamos a Barberá. Él es un peón en el caso de los ERE, como en su día lo fue el consejero de Empleo Antonio Fernández, imputado hace casi un año, en marzo de 2011, pero que aún no ha sido citado a declarar. Hace, por tanto, casi un año. Sin embargo, el chófer del ex director general de Empleo Javier Guerrero, que es el principal actor del caso de los ERE, y que se llama Juan Francisco Trujillo, y que fue imputado el pasado miércoles, ya tiene que ir declarar el próximo día 20 de marzo. ¿Por qué se atrasa la declaración de un ex consejero con tanto mando mientras se adelanta la de un conductor?

La declaración del conductor es de lo más escandalosa: él ya ha contado ante la Guardia Civil en Andújar que su jefe, Javier Guerrero, le concedió tres ayudas en un sólo día por 1,3 millones de euros, y parte del dinero se los gastaban ambos en cocaína y copas. Y que frecuentaban los mismos locales. Tan explosivo como bochornoso.

Declarará el 20 de marzo, cinco días antes de las elecciones autonómicas andaluzas del 25-M. Es decir, que conoceremos la conversación, con todo su jugo, a tres o cuatro días de la jornada de reflexión. Desde luego, temas para reflexionar va a haber. Pero es que Francisco Javier Guerrero declarará ante la jueza el día 7 de marzo, a dos días de iniciarse la campaña electoral, y en su intervención se supone que detallará las acusaciones contra el ex consejero de Empleo José Antonio Viera, a quien sitúa como el más interesado en que se concedieran 30 millones de euros en ayudas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla, donde este cargo público -hoy diputado- "llevaba mucho tiempo visitando, iba allí a cazar, tenía amigos que eran maestros y su pareja sentimental era ATS en la zona".

Guerrero ha decidido tirar de su manta en una estrategia de defensa: ya le ha ofrecido a la juez a Viera y, posiblemente, esté en disposición de dar a Alaya lo que Alaya anda buscando. Será una declaración de traca. De alturas. Claro, que habría que cribar todo lo declarado. Por ejemplo, Guerrero dijo a la Guardia Civil que todos las ayudas a los ERE y a las empresas pasaban por los consejos de dirección de los lunes en la Consejería de Empleo. Bastaría que Barberá, por ejemplo, hablase con la juez para que le explicase que Guerrero no asistía a muchos de ellos. Faltaba los lunes.

Pero al caso: que de las 12 personas que la juez Alaya le puso fecha para declarar el pasado miércoles, dos lo harán antes de la campaña del 25-M o durante ella. Las más fuertes: la de Guerrero y su chófer. Una bomba que inundará periódicos, radios y los telediarios.

No hay ni ley ni recomendación que le impida a la juez Alaya proseguir con sus acciones judiciales durante las campañas electorales, sólo la sensatez y la mesura, pero sí cabe el derecho a preguntarse si es tan urgente y preciso que todo esto caiga en esas fechas señalaítas. El PP de Javier Arenas no necesita a la juez Alaya para ganar las elecciones del 25-M. Ni mucho menos para saber del escándalo de los ERE casi más que ella. El malestar que la reforma de la administración ha provocado entre el funcionariado de la Junta ha convertido la sede del PP en la calle San Fernando de Sevilla en un inmenso buzón. Por eso el PP anda un paso por delante siempre de la juez.

Si Guerrero se reafirma en sus graves acusaciones contra José Antonio Viera, tal como ya ha declarado ante la Guardia Civil, la juez Alaya debería, al menos, preguntar al Tribunal Supremo si ella sigue con el caso o lo traslada a esa instancia debido a su consideración de diputado y, por tanto, aforado. Fue lo que hizo la juez de Lugo respecto al caso de José Blanco, el ex ministro de Fomento.

Pero es posible -y esto es una suposición, aunque bastante anclada en indicios- que Guerrero vaya más arriba, y que Viera, que es una suerte de imputado virtual, sea sólo un peón de un proceso que busca fichas más altas. Los jueces, a veces, se lían con los símbolos. Garzón quiso conocer la equis de los GAL, y Mercedes Alaya ya expuso en un auto de noviembre de 2011 que "por ausencia de documentación e información policial, y dado el escaso tiempo transcurrido desde que la UCO [Guardia Civil ] se hizo cargo de la investigación, sólo se ha podido tomar declaración a imputados que estarían situados en el último escalón de la pirámide". Una pirámide sostenida sobre peones negros y blancos. ¿Tiene la juez una idea preconcebida de lo que, realmente, pasó en la Junta? Si no es así, lo parece .