El chófer de Guerrero llegó al juzgado con 11 delitos y fue encarcelado por 22

Juan Francisco Trujillo, que fuera chófer del ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, llegó el martes al juzgado para declarar ante la juez Mercedes Alaya, que investiga la trama de los ERE fraudulentos, imputado en once delitos. Salió del interrogatorio, pasadas las dos de la madrugada, con el doble: 22. Y podrían ser más. La propia instructora, en su auto de prisión, no se resiste a destacar que Trujillo, "de manera casi inconsciente y sin calibrar el alcance de sus respuestas, ha admitido la comisión de otro numeroso grupo de delitos, que podían aumentar", ya que él mismo "reconoció que no podía asegurar si había cobrado más facturas falsas por la intermediación de Guerrero".

Fuera inconscientemente o no, como subraya la juez en su auto, el caso es que Trujillo no dudó en revelar en su testimonio que las ayudas que concedía Guerrero "eran del PSOE o próximas al PSOE". Personas en su "mayoría" del "entorno" del ex alto cargo de la Junta, "gente de Sierra Norte, amistades, los suyos, ya que se veían y tomaban copas juntos", declaró el chófer, quien desconoce si esos beneficiarios de las ayudas "eran también amigos de otros cargos de la Junta".

Trujillo quiere anular su encarcelamiento alegando su colaboración con la Justicia y que la mayor parte de los 22 delitos que le imputan están prescritos. Su abogado, Antonio Aguilar, recurrirá directamente ante la Audiencia de Sevilla la prisión sin fianza decretada por la juez Alaya, lamentando que la política y el período preelectoral hayan "envenenado esta causa judicial".

Según Aguilar, no es cierto lo que afirma el auto de prisión de que Trujillo puede tener otras empresas, pues se gastó todo lo que recibió y la Agencia Tributaria ya ha investigado sus propiedades en Jaén, sin encontrar nada, a raíz de la inspección abierta al descubrir que no había tributado por las subvenciones percibidas. Trujillo "llegó a imputarse a sí mismo, no ha obstaculizado nunca la acción de la Justicia y no existe riesgo de fuga" pues sólo percibe un seguro de paro "mínimo", afirmó su defensor. Aguilar sentenció: "No era más que un chófer".

No piensan lo mismo letrados personados en la causa, que consideran que entre los delitos que se multiplicaron por dos a raíz del interrogatorio, podría incluirse el de tráfico de drogas. No en vano, Trujillo reconoció el gasto de 25.000 euros mensuales en cocaína que él y su jefe consumían.

El conductor hizo estas revelaciones, en una declaración que se prolongó más de ocho horas, lejos de cualquier "resentimiento personal" hacia Guerrero. Nada ni nadie, subrayó Trujillo, le ha empujado a "inventar la historia de que Guerrero le ofreciera confeccionarle una póliza a nombre de una persona mayor, y que en su presencia falsificara la firma de esta persona" [en referencia a su propia madre] para obtener 122.649,21 euros de una póliza, extremo que también fue negado por el inculpado.

Según el acta de su declaración, la juez Alaya le preguntó si "es cierto que, por resentimiento personal a Guerrero, ha inventado la historia de que éste le dijera que creara las sociedades para compartir las subvenciones, el tema de los regalos, de las copas y de la cocaína con el dinero de las subvenciones". Trujillo respondió: "No es cierto, es totalmente falso". Y al final del interrogatorio, Alaya inquirió si había "recibido indicaciones de cierto sector político o de algún implicado en la causa a cambio de ciertos ofrecimientos para que cuente toda esta historia". Y Trujillo volvió a negar: "No es cierto, no he recibido ninguna indicación por parte de nadie".

Y el conductor, que inició su declaración imputado de once delitos -tres de obtención indebida de subvenciones, uno de falsedad en documento mercantil, un delito continuado de cohecho, otro de tráfico de influencias, un delito continuado de prevaricación, otro de malversación y tres delitos de falsedad en documento oficial-, fue enviado a la cárcel imputado de once más: uno de alzamiento de bienes por vender una de las fincas que compró con las subvenciones, dos de falsedad en documento mercantil por los falsos contratos de trabajo por los que está cobrando el paro, tres de falsedad y otros tres de cohecho por las tres facturas falsas que reconoció por trabajos ficticios a Delphi, Dhul y Estudios Jurídicos Villasís, y dos de cohecho por los sobres con dinero en efectivo que recogió para su jefe.