"La enseñanza concertada se siente defraudada por lo que prometió la Junta"

Lleva casi un año en el cargo. Desde el verano de 2021, Rafael García Porras es secretario de Escuelas Católicas de Andalucía, la patronal de colegios concertados que en la comunidad autónoma representa a 400 centros que tienen escolarizados a 225.000 alumnos y en los que trabajan 16.000 profesionales. Está presente en las ocho provincias.

Las últimas semanas ha sido noticia por reclamar una mejora del acuerdo firmado con el consejero de Educación y Deporte, Manuel Alejandro Cardenete, con el que se ha conseguido la equiparación salarial de los docentes de la concertada con la pública. Pese a este anhelado logro, aún siguen pendientes otras reclamaciones históricas, como una mayor dotación de recursos a los colegios de esta red y los conciertos de las etapas posobligatorias, especialmente el Bachillerato, prometido por PP y Cs en la campaña electoral de los anteriores comicios autonómicos.

Al finalizar la legislatura andaluza, el profesor cordobés hace balance de estos cuatro años y no se deja nada en el tintero. La entrevista se desarrolla en la sede de Escuelas Católicas en Los Remedios, donde repasa todos los temas de actualidad que conciernen a la educación. Se quita la chaqueta y emplea un hablar pausado que facilita seguir la conversación.

-¿Qué balance hace de su primer año como secretario de Escuelas Católicas en Andalucía?

-Empezó siendo duro. En septiembre hubo un acuerdo con la Consejería de Educación. Seguíamos en pandemia. Ha sido un año complicado, pero al final todo se ha desarrollado bien. Creo que los colegios han sido ejemplares y el trabajo del profesorado en ellos ha resultado espectacular. Al principio tuvimos problemas con las bajas, pero todo se ha ido resolviendo con mimo y cuidado por parte de la dirección de los centros y de la Administración autonómica.

-Sinteticemos. ¿Qué es lo que le falta al acuerdo de equiparación de la concertada para que sea pleno?

-La equiparación salarial se ha conseguido, aunque faltan cosas, como sexenios y otros complementos que el profesorado concertado aún no tiene. Pero la base salarial está resuelta. No obstante, la realidad es que los centros de titularidad pública disponen de unos recursos que los concertados no poseen. La propia consejería, en el acuerdo firmado, acepta el afrontar este problema en un futuro, aunque sin establecer plazos. El acuerdo de función directiva con los colegios concertados es de 1999 y el de dotación de profesorado, de 2005. Los de los públicos nacen de una orden y un decreto de 2010.

-En el día a día, ¿en qué repercute esa escasez de recursos?

-Pongamos el ejemplo de un colegio de una línea. En Infantil hay un maestro más y en Primaria, dos más, por lo que nos encontramos con una dotación muy inferior. Esto supone que no podamos atender a los alumnos de la misma manera. Por ejemplo, nos resulta difícil desdoblar unidades, crear puestos de coordinadores de bilingüismo y TIC. Es decir, cuestiones que han sido necesarias a partir de este siglo y que los acuerdos no contemplan, debido a que son de la centuria pasada y no de la actual.

-¿El déficit también afecta a la atención individualizada que recibe el alumno?

-Por supuesto. A la orientación educativa y a las aulas de integración. Cuando nos acusan de que no atendemos a los niños con dificultades es falso. No nos dan los recursos para prestar este servicio. Y en el caso de los equipos directivos, un colegio de Infantil a Secundaria tiene un director y un jefe de estudios, pero sin liberación horaria para desempeñar tales funciones, por lo que han de acometerlas fuera de la jornada lectiva.

-¿Ha habido poca negociación por parte de la consejería?

-A mí me avisaron desde la dirección general un lunes por la tarde para firmar el acuerdo el martes por la mañana. No sé si a eso se le puede llamar negociación. Es verdad que nos sentamos aquella mañana y estuvimos hablando largo tiempo, pero la tarde anterior, el vicepresidente Juan Marín anunció que se había llegado a un acuerdo, cuando aún no lo habíamos firmado.

-¿Qué ganan los docentes de la concertada con el acuerdo?

-La equiparación salarial con los de la enseñanza pública. En este sentido, se ha conseguido mucho. Supone a largo plazo la inyección de más de 50 millones de euros a los sueldos de los profesores de la concertada en Andalucía.

-En estos cuatro años de gobierno autonómico de PP y Cs, ¿cuáles son las principales reivindicaciones históricas de la concertada que no se han abordado?

-La principal era la salarial y de recursos. Pero también hay un problema que es el de las líneas quebradas, es decir, los centros que, por ejemplo, tienen un aula por curso en Infantil y dos en Primaria, lo que provoca un efecto embudo.

-Pero los conciertos quedan condicionados por la demanda de escolarización, afectada por la bajada de la natalidad...

-No nos convence ese argumento por una razón: si miramos los centros concertados, se llenan las 25 plazas de Infantil, las 50 de Primaria y hasta las 75 de Secundaria, por lo que la bajada de la demanda no afecta al colegio en cuestión. Si no tuviéramos las líneas quebradas, cubriríamos toda la oferta.

-¿Alguna reivindicación más?

-La orientación en Infantil y Primaria, que es necesaria. Ahora mismo en la ESO, la consejería nos paga una hora por unidad en funcionamiento. Es decir, si tengo ocho aulas, me pagan ocho horas de orientación. ¿Con ese tiempo se pueden atender todos los problemas que hay en Secundaria? En las etapas anteriores no nos dan nada. Y no sólo es eso. En la nueva ley de la FP y en los borradores de la enseñanza obligatoria se incide en la necesidad de la atención a la diversidad, para la que no nos proporcionan ningún tipo de recurso. ¿Cómo se puede hacer una FP sin una orientación profesional ni académica? Y peso a ello, estamos prestando este servicio con recursos propios.

-¿Han sido insuficientes los conciertos prometidos en las etapas posobligatorias?

-En FP de grado superior no nos han dado nada, excepto la continuación de lo que ya había. Los ciclos de grado medio que se han concertado son pocos en comparación con la promesa realizada en la anterior campaña electoral y a la importancia que desde el Ejecutivo regional se le ha dado a la FP. En la Básica se otorgaron algunas unidades, pero insuficientes para las necesidades de los centros. Aulas de apoyo a la integración se concertaron bastantes el año pasado, pero en el actual han sido pocas. Seguimos teniendo centros con problemas a la hora de prestar servicio a alumnos con dificultades para aprender, menores con TEA, con trastorno del espectro autista, con síndrome Down, a los que atendemos, pese a que los recursos sean insuficientes. En algunos colegios estamos al límite de nuestras posibilidades, pero no hay ningún niño al que no asistamos.

-El concierto del Bachillerato se quedó en el papel...

-Ha sido una gran mentira. Los centros están defraudados, pues algunos hicieron una importante inversión para el Bachillerato Internacional y se han quedado sin concierto. Es falso que al concertarse esta enseñanza se le quite alumnos a la educación pública. Los jóvenes que están en centros concertados no se van a ir a un instituto público para estudiarlo, la mayoría siguen en su centro, aunque esa etapa sea privada. También es falso que con los medios exclusivamente públicos se pueda atender a todos los alumnos de Bachillerato.

-Pero hay una verdad irrefutable: la demanda para estudiar el Bachillerato ha bajado hasta el punto de que ya es mayor el alumnado de FP...

-Pues entonces que nos concierten los ciclos formativos que solicitamos. En este asunto estamos atascados y es un problema de concepto. Para la enseñanza concertada se piensa de dos maneras: como viene recogida en la Ley de Educación Andaluza (LEA), redactada por un gobierno socialista, que la define como complementaria de la red pública, por lo que somos iguales; o subsidiaria, que es en lo que no estamos de acuerdo.

-¿Ha existido cierto complejo en el actual Gobierno andaluz a la hora de atender a la concertada?

-No podría hablar de complejo. Es verdad que se ha avanzado mucho con la actual Junta de Andalucía y el diálogo ha sido fluido y fácil, pero después de estos cuatro años, la sensación de los concertados es de estar defraudados ante lo que se nos prometió. También hay que reconocer que se ha vivido una situación extraordinaria con la pandemia, que ha requerido de un especial esfuerzo y la dotación para hacer frente al Covid ha sido equitativa en la red pública y concertada. Pero, insisto, lo que se nos prometió se ha quedado en el tintero.

-¿Teme que un cambio de signo político en la Junta suponga una aplicación más severa de la Lomloe para los concertados?

-Escuelas Católicas ha trabajado muchos años en Andalucía con un Gobierno de signo político distinto al actual. Hubo momentos mejores y peores. Yo no le temo a un posible cambio. Trabajaremos con las mismas reivindicaciones con un partido a la izquierda o a la derecha. Con el PSOE también tuvimos diálogo fluido durante esos largos años. Al final, todos se dan cuentan de que hay una gran cantidad de centros concertados con los que tienen que entenderse.

-¿Qué opinión le merece la reducción horaria de la asignatura de Religión?

-Lo que nos preocupa como patronal de los centros concertados es la consideración de la Religión como una enseñanza menor. Cada ley educativa ha ido mermando los horarios de la asignatura. En Andalucía pasaremos de nueve a siete horas y media a la semana en toda la Primaria. Esto supone no darle importancia a los valores que se transmiten con esa materia, sea la religión que sea, pues no sólo se trata de la católica. Además de los problemas con los puestos de trabajo que provoca.

-¿Las humanidades están cada vez más arrinconadas en el currículo formativo?

-Creo que es una estrategia muy sibilina que atenta contra la formación ética, moral y de valores de las nuevas generaciones. Se ha mermado Filosofía y Ética. Hay una clara intención de apostar por enseñanzas que elevan el valor de los alumnos en el mercado laboral, pero ¿y la formación como persona?. Eso es lo que preocupa a Escuelas Católicas, y lo viene advirtiendo desde que entró en vigor la Logse en los 90. Hemos perdido una base moral y ética en las aulas estos años.