El Gobierno avisa a Andalucía de que llevará a los tribunales el pin parental
Educación
Imbroda afirma que la autorización de los padres a que los alumnos asistan a clases sobre diversidad sexual está en "fase embrionaria"
La Junta admitió la reclamación de Vox en el acuerdo de la investidura de 2020
El Ministerio de Educación y FP ha advertido que recurrirá por la vía judicial cualquier iniciativa "dirigida a socavar el derecho a la educación y censurar la actuación de los centros docentes y su profesorado" como es el caso del pin parental, según ha anunciado la ministra del ramo, Isabel Celaá.
El pin parental, una medida defendida por Vox y organizaciones como Hazte Oír para que los padres autoricen la asistencia de sus hijos a clases con contenidos sobre diversidad sexual, "vulnera el derecho fundamental y constitucional a ser educado".
La Junta de Andalucía acordó con Vox, para recabar su apoyo al Presupuesto de 2020, el establecimiento de "una autorización expresa de las familias para la participación de sus hijos en actividades complementarias" con el objetivo, según quedó redactado en el documento, de "impulsar la igualdad de oportunidades que permita a las familias educar a sus hijos en libertad, sin imposiciones de ningún tipo".
En la mañana de este jueves, al ser preguntado por los periodistas, el consejero andaluz de Educación, Javier Imbroda, ha apuntado este jueves en Sevilla que la cuestión del pin parental es "algo que todavía está en una fase embrionaria" y que "tenemos que analizar bien, porque lo que no se puede es contradecir con la ley y todo tiene que estar dentro del marco normativo", ha recogido Europa Press en una nota.
El mes pasado, Imbroda afirmó en una entrevista que no le parecía "mal" que se implantase el pin parental en Andalucía "siempre y cuando no sea para autorizar contenidos curriculares". "Estamos valorando cómo ese tipo de actividades van a poder formar parte del proyecto educativo del centro", dijo el consejero, que añadió que "son los centros son quienes toman la decisión finalmente".
En ese punto la Junta y el Gobierno central coinciden. Celaá ha declarado este jueves que la competencia para la toma de decisiones curriculares está "atribuida los centros educativos", cita una nota de Europa Press desde Madrid.
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