La imputación de la juez Alaya incluye seis delitos

La imputación formal que la juez Mercedes Alaya realizó este miércoles al ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero incluye hasta seis delitos, además de atribuirle el pago con dinero público de "cocaína y copas" tras la declaración ante la Guardia Civil del que fuera su chófer, Juan Francisco Trujillo.

Durante más de una hora, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla estuvo leyéndole un exhaustivo relato de imputación a Francisco Javier Guerrero, al que se imputan formalmente tres delitos continuados de malversación de caudales públicos, prevaricación y cohecho, y otros tres delitos de falsedad: dos de ellos relacionados con falsedad en documentos oficial y un tercero en documento mercantil.

Al término de este relato de imputación, la instructora incluyó la referencia al testimonio de su antiguo chófer, al manifestar que una vez que Francisco Javier Guerrero finalizaba su jornada laboral en la Dirección General de Trabajo, ambos "iban a locales de copas donde consumían alcohol y cocaína" que pagaban con parte del dinero procedente de los fondos públicos. Francisco Javier Guerrero ha negado con la cabeza cuando la instructora realizaba estas imputaciones, según aseguraron fuentes del caso. Entre los hechos que le imputa la juez se incluye también que Guerrero tenía conocimiento de todos los "intrusos" que fueron introducidos en los ERE para cobrar ayudas públicas a pesar de que no habían trabajado nunca para estas empresas. Guerrero también negó con la cabeza cuando la magistrada se refirió a la inclusión de María del Carmen Fontela en el ERE de Río Grande.

La instructora citó en al menos media docena de ocasiones al PSOE, al afirmar que muchas de las ayudas se concedieron a Ayuntamientos gobernados por el PSOE y a empresas dirigidas por personas vinculadas con este partido. Alaya le recordó en este punto a Guerrero las ayudas que por importe de 29 millones de euros se concedieron a "entramados de empresas" de la Sierra Norte de Sevilla, vinculados a los empresarios José Enrique Rosendo y José María Sayago, el primero hijo del ex alcalde de El Pedroso (Sevilla) y también imputado en la causa Rafael Rosendo. El relato de imputación fue minucioso y en el mismo la juez fue detallando todas las ayudas concedidas a empresas en las que se han detectado irregularidades y que pueden servir para exigir una posible fianza millonaria a Francisco Javier Guerrero. Algunas fuentes del caso destacaron ayer sobre los delitos que se le imputan que la inclusión del carácter continuado en varias de las infracciones que se le atribuyen pretende salvar la posible prescripción que pudiera afectar a algunos hechos aislados.