Juan Espadas se alía con el PSOE de Valencia por un modelo de financiación basado en la población

El líder andaluz y Diana Morant evitan pronunciarse sobre el concierto catalán y piden blindar los servicios públicos frente a "los destrozos del PP"

Juan Espadas organiza un frente municipal para hacer oposición a la Junta

Imagen del encuentro del secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, y la secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Diana Morant.
Imagen del encuentro del secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, y la secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Diana Morant. / Marcelo del Pozo/EFE

Ha estado todo medido hasta la última coma. Juan Espadas, secretario general de los socialistas andaluces "ha unido fuerzas" con su homóloga valenciana, la ministra de Ciencia Diana Morant, para reclamar un "modelo justo de financiación autonómica". Y lo han hecho a puerta cerrada en una reunión que ambos han mantenido este viernes en el despacho principal de la sede regional socialista en Sevilla, casi a la misma hora que el presidente valenciano, Carlos Mazón, se reunía con Pedro Sánchez en La Moncloa dentro de la ronda de contactos con los presidentes autonómicos. Para evitar conflictos (y preguntas incómodas de la prensa), Espadas y Morant, uno portavoz en el Senado del PSOE y la otra ministra del Gabinete de Sánchez, han difundido un documento por escrito para defender un modelo "cuyo eje central sea la población" y "que blinde los servicios públicos fundamentales (sanidad, educación y dependencia) frente al destrozo, los recortes y las privatizaciones que lleva a cabo el PP allí donde gobierna".

En el documento, comparten "que tan perjudicial es para la ciudadanía la falta de financiación como la ineficacia en la gestión y las políticas neoliberales y privatizadoras del PP, que están empeorando seriamente la calidad de vida de andaluces y valencianos". En el texto consensuado por los secretarios generales no se hace ninguna referencia al concierto catalán exigido por ERC o a la quita de la deuda de la Generalitat Catalana que pactó el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez. Aseguran, eso sí, que están a favor del "acceso de toda la ciudadanía a unos servicios públicos de calidad independientemente de la comunidad donde se viva".

Ambos piden que el nuevo modelo garantice la "igualdad, solidaridad y la justicia social y fiscal" basada en la progresividad fiscal, la autonomía financiera y la competencia desleal entre los territorios a través del dumping fiscal, así como seguridad y estabilidad.

Hay que tener en cuenta que Andalucía y la Comunidad Valenciana son, junto a Murcia y Castilla La Mancha, las autonomías más perjudicadas por el actual sistema de financiación hasta tal punto que en septiembre de 2021 el entonces presidente valenciano, el socialista Ximo Puig vino hasta el Palacio de San Telmo a reunirse con el presidente Juanma Moreno para unir sus fuerzas al margen de los colores políticos. Precisamente, y por el orden de prelación de los estatutos de autonomía, estos tres presidentes, los de Valencia, Murcia y Castilla La Mancha, han sido los que han pasado este viernes por La Moncloa. Y todos han reclamado una financiación justa y el fin del cupo catalán.

La gestión del 70% de los impuestos

Juan Espadas había evitado hasta ahora pronunciarse abiertamente sobre su propuesta de modelo de la financiación autonómica. Pero este viernes ha puesto sus cartas boca arriba. Y en varios documentos. Porque junto al que ha firmado con la ministra Diana Morant, el líder de los socialistas andaluces ha entregado un documento al consejero de la Presidencia de la Junta, Antonio Sanz, sobre los asuntos a debatir entre el Gobierno andaluz y la oposición en el que reclama que la Junta acepte la "propuesta de reestructuración de la deuda autonómica propuesta por el gobierno de España" porque liberaría fondos del presupuesto andaluz.

Además, Espadas apuesta porque la Junta reclame la gestión de "al menos el 70% del IVA y los impuestos especiales" a cambio, eso sí, de que cualquier cambio en ambos impuestos debería ser ratificado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Lo que significa, en la práctica, que el Ministerio de Hacienda no podría subir o bajar el IVA según considere como sucede hasta ahora.

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