El juicio al "chófer de la coca", la sentencia de Griñán y el caso FIVA

El nuevo año judicial arrancará en septiembre en Sevilla con dos grandes juicios relacionados con las macrocausas de los ERE y de Invercaria. En el primero, se enjuiciarán las ayudas que el fallecido director de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Javier Guerrero concedió al que fuera su chófer Juan Francisco Trujillo por importe de 1.475.028,01 euros, dinero que en buena parte se empleó para la compra de regalos y cocaína. Y en el segundo, la Audiencia de Sevilla juzgará la primera pieza que se investigó de la macrocausa de Invercaria, en relación con las ayudas de más de un millón de euros que fueron invertidos en el proyecto fallido de las Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA).

La vuelta a la actividad de los juzgados traerá asimismo la publicación por parte de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de la sentencia del "procedimiento específico" de los ERE, cuyo fallo fue anticipado a finales de julio y que ratificó la condena del ex presidente de la Junta José Antonio Griñán a seis años de prisión, así como las penas de entre seis y ocho años de cárcel para otros ocho ex altos cargos de la Junta.

Una vez conocido el fallo, la expectación se centra en el voto particular que han emitido las magistradas Ana Ferrer García y Susana Polo García. Ambas magistradas consideran que debieron estimarse parcialmente los recursos de Griñán y de otros cuatro ex altos cargos -Miguel Ángel Serrano Aguilar, Jesús María Rodríguez Román, Francisco Vallejo Serrano y Carmen Martínez Aguayo-, y acordarse la absolución de todos ellos por el delito continuado de malversación de caudales públicos.

El juicio por las ayudas al "chófer de la coca" puede considerarse el verdadero juicio de los ERE, con permiso de la "pieza política" de los ex altos cargos. El juicio se celebrará en la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, que ha programado en principio siete sesiones para los días 5, 9, 14, 15, 16, 23 y 30 de septiembre.

El sumario de esta causa consta de siete tomos, así como 3.009 folios y 10 piezas de responsabilidad civil de los encausados. La juez impuso una fianza de 2,1 millones al chófer de Guerrero. En esta causa hay tres acusados, dado que además de Trujillo, están procesados el directivo de Vitalia Antonio Albarracín Muñoz – al que se impuso una fianza de 158.000 euros- e Isidoro Ruz Espigares, socio de una de las empresas del chófer y cuya fianza asciende a 585.000 euros, mientras que la esposa del conductor de Guerrero, Juana Gallego, debe hacer frente a una fianza de 77.000 euros como beneficiaria "a título lucrativo” de las ayudas que recibió su marido.

La Fiscalía Anticorrupción reclama para el chófer una condena de 14 años de prisión y 30 años de inhabilitación por delitos continuados de falsedad, prevaricación y malversación de caudales públicos, mientras que solicita una condena de seis años de prisión y diez de inhabilitación para el ex directivo de Vitalia Antonio Albarracín Muñoz, y seis años y tres meses de prisión y 17 años de inhabilitación para Isidoro Ruz Espigares, socio de una de las empresas del chófer.

El Ministerio Público reclama asimismo que Trujillo indemnice a la Junta con 900.000 euros; mientras que Trujillo e Isidoro Ruz deberán abonar otros 450.000 euros de otra ayuda. Por último, los acusados Trujillo y el ex directivo de Vitalia Antonio Albarracín deberán abonar otros 125.028,01 euros de la póliza que suscribieron a nombre de la madre del chófer. El fiscal pidió además que la esposa de Trujillo, Juana Gallego, responda de la cantidad de 24.000 euros como responsable "a título lucrativo" de parte de las ayudas que recibió su marido.

En su escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía Anticorrupción relata que el ex director de trabajo y su chófer "idearon inicialmente la constitución de sociedades mercantiles para poder disponer para ellos de parte de los fondos públicos que tenía a su disposición la Dirección General de Trabajo con cargo a la partida 31L”, conocida como el fondo de reptiles, y esas sociedades –Lógica Estratégica Empresarial e Iniciativas Turísticas Sierra Morena- recibieron cantidades "para financiar falsos proyectos de inversión".

Después, puestos de común acuerdo y "con ánimo de ilícito enriquecimiento" con un tercer investigado –Isidoro Ruz- decidieron que éste presentara como promotor ante la Dirección General de Trabajo "un proyecto, sin fecha, para el emplazamiento de una granja avícola en el cual como financiación de la inversión se disponía de una subvención de 450.000 euros”.

En la tramitación del pago de estas cantidades como ayudas o subvenciones a estas tres sociedades, precisa la Fiscalía, "se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legal establecido, concediéndose por el encausado Guerrero Benítez sin competencia para ello, sin la aplicación de los criterios de publicidad, concurrencia y objetividad legalmente establecidos para la concesión de subvenciones, sin que se acreditare el carácter excepcional de las ayudas, sin que se dictara resolución motivada de concesión con expresión de los requisitos exigidos a las sociedades beneficiarias, no sometiéndose a ningún tipo de fiscalización de la Intervención y sin hacer ningún tipo de seguimiento de la aplicación dada a los fondos públicos concedidos”.

El importe de 450.000 euros fue "fijado a propósito” por el director de Trabajo para "evitar” que el Consejo Rector del IFA las aprobase, añade el Ministerio Público, que relata cómo Javier Guerrero recibió "entregas en efectivo, antigüedades, un equipo de navegación para su vehículo oficial, invitaciones a restaurantes y locales de copas y entregas de cocaína” por parte de su chófer con los fondos transferidos de la agencia pública Idea.

Así, Anticorrupción destaca en su escrito de acusación que el destino que los acusados dieron a los fondos percibidos "supuso no sólo una merma importante en la disponibilidad presupuestaria para atender la finalidad del programa 31L –ayudas sociolaborales y a empresas en situación de crisis- por su cuantía (tres ayudas de 450.000 euros), sino también un grave perjuicio a la actividad a desarrollar por la Administración de la Junta de Andalucía ante las ciertas, concretas y singulares situaciones de crisis socioeconómica de la comunidad autónoma, privando a empresas andaluzas, en situación real de crisis, de concurrir y acceder a estas cantidades”, sentencia el Ministerio Público.

El juicio de FIVA, diez años después

El otro gran juicio con el que arranca el año judicial en Sevilla se inicia el próximo 26 de septiembre. Se trata del juicio por las ayudas de más de un millón de euros que fueron invertidos en el proyecto fallido de las Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA), la primera de las piezas de esta macrocausa que comenzó a investigarse en el año 2012, aunque este caso es el octavo juicio de Invercaria que tiene lugar desde el año 2019.

El retraso en el inicio de este juicio, que se celebrará en 45 sesiones entre los meses de septiembre y enero de 2023, se debe al colapso que arrastran las secciones de lo Penal de la Audiencia de Sevilla. Esta pieza de Invercaria, en la que están procesados dos ex presidentes de Invercaria (Tomás Pérez-Sauquillo y Laura Gómiz), fue la primera que comenzó a investigarse en el año 2012, y fue enviada a juicio por el instructor en septiembre de 2017, pero la vista oral arranca cinco años después.

El enjuiciamiento de la pieza de FIVA ha correspondido a la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla. El proyecto de las Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA) pretendía integrar a 50.000 empresas y consistía en la creación un portal virtual de presentación de productos para las empresas andaluzas, de modo que pudieran exhibir y ofrecer sus productos en internet, evitando así los costes y problemas de las ferias comerciales al uso.

En esta pieza están procesados los ex presidentes de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo y Laura Gómiz, y otras diez personas en relación con las ayudas de 710.000 euros concedidas a Fiva. La Fiscalía Anticorrupción reclama 19 años de cárcel y seis años y medio de prisión para los ex presidentes de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo y Laura Gómiz, respectivamente.

En concreto, el Ministerio Público pide 19 años de cárcel y 47 años de inhabilitación para Pérez-Sauquillo por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, negociación prohibida a funcionarios, falsedad en documento mercantil y delito de contrato simulado. Para Laura Gómiz solicita seis años y medio de prisión y 16 años de inhabilitación por un delito de contrato simulado en concurso con delitos de prevaricación y malversación.

Los otros diez procesados, entre los que se encuentran el ex director financiero de Invercaria Antonio Nieto Garrido; el representante de Novasoft Francisco José Barrionuevo, y los representantes legales de Innovaes, Juan Antonio Bardón, y de Grupo Imagen, Francisco Gallardo Hill, se enfrentan a penas de entre 16 años y medio de cárcel y cuatro años de prisión. También se acusa a los consejeros de Invercaria Juan Vela Quiroga, Ramón Martín López, Isabel de Haro Aramberri, Bienvenido Martínez y Jacinto Cañete, y a Mariano Pérez-Sauquillo, hermano del ex presidente de Invercaria.

La Fiscalía reclama a los 12 procesados una indemnización de 1.365.000 euros para Invercaria.