La Junta de Andalucía sostiene que no hay precariedad laboral en la universidad

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, niega que haya "precariedad laboral" en el sistema público de enseñanza superior. "No es tal", sostiene el consejero, que recuerda que los profesores funcionarios cobran el sueldo que fija el Estado para este cuerpo docente; subraya el complemento autonómico acordado con los sindicatos, cuyo decreto será publicado en breve; y que la administración andaluza es la segundad comunidad que más le paga a los ayudantes doctor.

Sí admite el titular de Universidades, no obstante, que la figura del profesor sustituto interino "se ha utilizado de una forma no adecuada dentro del sistema andaluz, igual que en otras comunidades se usó la del asociado, como consecuencia de los recortes en la crisis de 2008". Sobre estos sustitutos interinos, Villamandos defiende en una entrevista a Europa Press que se les ha ido solventado la "situación". "No hay una precariedad como tal en la comunidad universitaria andaluza", sentencia.

Sobre la fuga de talentos, Villamandos resalta las convocatorias de contratos postdoctorales: "Hemos hecho tremendamente atractivo venir a Andalucía". "Antes, cuando alguien conseguía un contrato postdoctoral, una vez que finalizaba, no se sabía nunca lo que iba a pasar; ahora, hay un compromiso de estabilización, así que cualquier persona que consiga un contrato en Andalucía, sabe que se va a estabilizar en una de nuestras universidades. Eso no pasa en ninguna otra comunidad. Estamos intentando dar esa certidumbre a la carrera académica, que es fundamental", argumenta el consejero, que ha fijado como objetivo que el proceso de estabilización del profesorado investigador de las universidades públicas se reduzca en diez años. Actualmente, esa estabilización oscila entre los 40 y los 45 años. La intención es situarlo en los 35 años en una década. 

Críticas a la ley universitaria del Gobierno central

El consejero arremete contra la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) del Gobierno central porque supone una "injerencia tremenda en lo que es más importante para una Universidad, las políticas de personal". La ley, a juicio de Villamandos, "pone límites que hacen que las universidades están maniatadas. Eso es un peligro", advierte. En la Ley Universitaria para Andalucía, sostiene el consejero, "vamos a intentar limitar hasta donde podamos todas esas cortapisas que pone la LOSU para dar más autonomía en la política de personal".

En relación con la LOSU, el consejero insiste en el "agravio" que sufre Andalucía con respecto a Cataluña en el reparto de plazas de ayudante doctor que se incorporan a los campos andaluces. "Mientras que a Cataluña, que es el tercer sistema universitario público le dan 710 plazas, a Andalucía 468. "Aunque estábamos en desacuerdo con esa distribución, hemos asumido lo que se nos ponía encima de la mesa, porque las posibilidades de negociación han sido nulas con el Ministerio". "Donde no llegue la financiación del Ministerio, llegará, desde luego, la financiación de la Junta", se compromete.