El laberinto jurídico de la listeriosis

Un auténtico laberinto jurídico en la crisis de la listeriosis detectada en los productos comercializados por la empresa Magrudis. El caso de ‘la Mechá’, que ha provocado ya la muerte de tres personas, cinco abortos y la infección hasta el momento de 204 personas, apenas ha comenzado a ser investigado en la vía judicial, aunque ya están proliferando las actuaciones tanto en la Fiscalía como en los juzgados.

Hasta el momento y a la espera de que puedan presentarse nuevas denuncias de afectados, hay ya al menos siete actuaciones en marcha. En la Fiscalía de Sevilla se han presentado tres denuncias –dos de la Consejería de Salud de la Junta y una tercera, de esta misma semana, del Ayuntamiento de Sevilla-, mientras que la Fiscalía Superior de Andalucía ha abierto unas diligencias de investigación tras la denuncia presentada por la Asociación Defensor del Paciente en relación con la carne mechada contaminada.

A las actuaciones abiertas por la Fiscalía se suman, al menos, las dos diligencias previas que ha abierto el juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla por sendas denuncias de afectados, y la reciente querella de la asociación de consumidores Facua, cuya investigación debe ser encomendada a un juzgado. La asociación de consumidores va a ejercer la acusación particular y, de hecho, va a representar a los familiares de una de las víctimas mortales, la mujer de 74 años.

Lo normal en estos casos en los que hay tantas denuncias cruzadas es que todas ellas se aglutinen en un mismo juzgado de Instrucción, que sería el primero que haya abierto la investigación al recibir la primera denuncia. Además, las diligencias de Investigación abiertas por la Fiscalía tendrían que cerrarse de forma anticipada una vez que el Ministerio Público constate que el caso ya está siendo investigado por un juzgado, dado que no pueden solaparse ambas investigaciones y sería en la instrucción judicial donde intervendría el Ministerio Fiscal como en el resto de los procesos en los que actúa de oficio. Las diligencias de investigación tendrían, por tanto, que archivarse y remitirse al juzgado las actuaciones que se hayan llevado a cabo hasta ese instante por parte de la Fiscalía.

Una vez que se esclarezca, en función de las normas de reparto del decanato, cuál de los 20 juzgados de Instrucción de Sevilla investigará el brote de listeria, comenzará una instrucción que en principio será compleja, debido al número de afectados, por lo que se convertirá en una macrocausa que incluso podría acabar en la Audiencia Nacional, tal y como ocurrió con la estafa de las clínicas Idental.

En este caso, hay afectados en al menos cinco provincias andaluzas (Sevilla, Huelva, Málaga, Cádiz y Granada), aunque también se han producido algunos contagios de esta bacteria en otras comunidades autónomas, y el hecho de afectar a varias provincias es uno de los criterios para que un juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional pueda asumir la competencia de la investigación.

Ante la Fiscalía de Sevilla se han presentado tres denuncias. La primera, de la Consejería de Salud de la Junta, se remonta al pasado 22 de agosto, y motivó la apertura de unas diligencias de investigación que fueron encomendadas a un fiscal.

En esta denuncia, la Junta pide que se investigue si la empresa Comercial Martínez León comercializó carne mechada de Magrudis, reenvasándola y sin indicar el proveedor del producto, según han confirmado a este periódico fuentes de la Fiscalía hispalense. La carne mechada que Magrudis comercializada como marca blanca también estaba contaminada con la bacteria listeria.

La segunda denuncia, también de la Consejería de Salud, se refiere a la supuesta obstrucción a la labor inspectora por la presunta ocultación de todos los productos que comercializaba Magrudis, tras haberse constatado la existencia de productos en los supermercados que la empresa no había comunicado a las administraciones y que no se encontraban en la fábrica del parque empresarial de El Pino, de acuerdo con las actas realizadas por los inspectores de la Junta y del Ayuntamiento de Sevilla.

Obstrucción ante la inspección sanitaria

El Ayuntamiento de Sevilla, por su parte, ha denunciado igualmente ante la Fiscalía de Sevilla la existencia de indicios suficientes que acreditarían que Magrudis no ha facilitado a las administraciones competentes toda la información necesaria para atender la alerta sanitaria y ha ocultado listados de distribución y comercialización necesarios para la investigación.

El fiscal jefe de Sevilla, Luis Fernández Arévalo, deberá decidir en los próximos días si estas tres denuncias de las Administraciones públicas se unifican en unas mismas diligencias de investigación.

Junto a estas denuncias se encuentra la que abrió la Fiscalía Superior de Andalucía a instancias de la asociación Defensor del Paciente, y que también podría acabar siendo remitida para su investigación a la Fiscalía hispalense. De momento, el departamento que dirige Ana Tárrago está analizando la documentación adjuntada por los denunciantes y ha solicitado la actuación de oficio de la Unidad de Policía Adscrita a la Fiscalía Superior.

Penas de hasta cuatro años de cárcel

Inicialmente, los hechos que se investigan podrían enmarcarse en un delito contra la salud pública. El artículo 363 del Código Penal establece penas de entre uno y cuatro años de cárcel y multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio por tiempo de tres a seis años para “los productores, distribuidores o comerciantes que pongan en peligro la salud de los consumidores” de varias formas, entre ellas “ofreciendo en el mercado productos alimentarios con omisión o alteración de los requisitos establecidos en las leyes o reglamentos sobre caducidad o composición”.

También castiga con esas penas a los que hayan fabricado o vendido “bebidas o comestibles destinados al consumo público y nocivos para la salud”; traficando “con géneros corrompidos” o “elaborando productos cuyo uso no se halle autorizado y sea perjudicial para la salud, o comerciando con ellos”. Por último, se incluye entre esas formas de poner en peligro la salud de los consumidores a los que oculten o sustraigan “efectos destinados a ser inutilizados o desinfectados, para comerciar con ellos”.

Precisamente la querella presentada por la Facua contra Magrudis el pasado 23 de agosto en los juzgados de Sevilla solicita la apertura de una investigación por un delito contra la salud pública, además de los que puedan dilucidarse en el transcurso de la instrucción y sin perjuicio de otras personas físicas o jurídicas que puedan resultar objeto de imputación a lo largo de la investigación.