El retraso en la prestación para la dependencia sube al año y ocho meses

Ángel, sevillano de 53 años, quedó en estado vegetal después de sufrir un derrame cerebral fulminante. Su hermana, Juana, solicitó en mayo de 2022 a la Junta de Andalucía el reconocimiento de la situación de dependencia y el derecho de acceso a la correspondiente ayuda. En abril de 2024, casi dos años después, Juana lamentaba que todavía no había recibido de la resolución administrativa de la prestación económica para la modalidad de “cuidados en el entorno familiar”. De los lamentos de Ángel, debido a su estado de postración, nada se sabe. Es sólo un ejemplo que recoge el Defensor del Pueblo Andaluz sobre la demora en la ayuda a la dependencia que excede el plazo legal. Los nombres son ficticios; los hechos, desgraciadamente, son reconocibles por todos los andaluces. 

La administración andaluza tarda de media un año y casi ocho meses en conceder una ayuda a la dependencia, dos meses más que hace un año. Los datos publicados por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), correspondientes al 31 de julio, señalan que el tiempo medio desde la solicitud de la dependencia hasta la resolución de la prestación en Andalucía ha pasado a ser de 594 días, superando a Canarias como la comunidad que más retraso acumula. Hace justo un año esa cifra era de 532 días en Andalucía, dos meses menos que en la actualidad. La Consejería de Inclusión Social, que no termina de afinar el procedimiento a pesar de la implantación en marzo de un modelo administrativo nuevo, se defiende calificando que la administración se encuentra en un “periodo de transición”, aunque admite que todavía “queda mucho por hacer”.

Las estadísticas del Imserso señalan sin embargo una reducción de 7.886 andaluces en el apartado de solicitantes pendientes de resolver el grado de dependencia desde el 31 de julio del pasado año al actual, un 18% menos. De ese modo, son 36.523 los andaluces que, después de haberlo solicitado, aguardaban una cita con la administración a fecha de 31 de julio. El 99% de ellos, es decir, 36.112 solicitantes, suman más de seis meses de espera, que es el periodo que exige la normativa para este tipo de resoluciones. Este porcentaje es el dato más discreto de España, revelándose así que el verdadero problema en Andalucía es la demora de la administración para resolver los casos de dependencia. Martín Durán, presidente de la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM), ha declarado al respecto: “Desgraciadamente no nos coge de sorpresa, lo veníamos advirtiendo, incluso avisando a la Consejería de Inclusión Social y al mismo presidente de la Junta de Andalucía, de que si no se tomaban medidas, desgraciadamente llegaríamos a esta situación”.

Retrasos pese a los intentos normativos

Las medidas que ha tomado la Junta de Andalucía para solventar el tapón de la dependencia no surte del todo efecto, al menos en lo referente al tiempo de demora en la resolución de los expedientes. Continúa existiendo un notable retraso en la tramitación pese a la vigencia desde junio de 2021 del Decreto–ley 9/2021 por el que se adoptó con carácter urgente la agilización del procedimiento, aparte de la adopción, desde febrero de este año, de un nuevo modelo de gestión que ha fusionado en un único paso la valoración del grado y la elaboración del programa individual de atención. Estas demoras acarrean situaciones indeseables. 

De ese modo lo recoge el último informe anual del Defensor del Pueblo: “Lamentablemente existen numerosos expedientes de dependencia en los que las personas solicitantes fallecen sin haber podido hacer efectivo el derecho subjetivo, con perjuicio propio y de toda su familia”. Según las estadísticas del Imserso, han sido 1.472 los andaluces muertos esperando una valoración en los siete primeros meses del año. La FOAM cifra en 134 personas fallecidas en julio en las listas de espera, lo que hace un promedio de más de cuatro muertes al día.

Las políticas de dependencia, señala la FOAM, está “colapsada”, en una “situación dramática”. El presidente de la asociación andaluza “urge a una solución, que pasa necesariamente por un aumento de la financiación por parte del Gobierno central y de la Junta de Andalucía, y una mejora notable de la gestión”. Ambas administraciones están obligadas desde 2007, año de la aprobación de la ley estatal, a financiar en un 50% las ayudas a la dependencia en las comunidades autónomas. En 2022, según los datos recopilados por la FOAM, la Junta de Andalucía aportó el 67% del total del presupuesto a la dependencia y el Gobierno central, el 33% restante.