Siete millones de euros al año, y por ley, para costear el diálogo social con empresarios y sindicatos

El saldo de una deuda histórica. Así calificaban los portavoces respectivos de PP y PSOE la aprobación definitiva este miércoles de la Ley de Participación Institucional de Andalucía, cuatro años más tarde de lo que prometió el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Salía adelante, eso sí, con el acuerdo de los dos partidos mayoritarios en la Cámara andaluza, PP y PSOE, a pesar de que el Gobierno no ha aceptado ni una sola de las enmiendas que quedaban vivas plantadas por la oposición. Los dos extremos de la Cámara, Vox y Adelante Andalucía votaban en contra y Por Andalucía se rompía para esta votación, ya que desde IU y Sumar votaron a favor, mientras que los tres diputados de Podemos optaban por la abstención.

El nuevo texto legislativo consolida a los sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones Obreras, y la Confederación de Empresarios de Andalucía, CEA, como interlocutores del Gobierno andaluz para la concertación social, lo que significa que podrán participar en la toma de decisiones de los sucesivos ejecutivos autonómicos y deberán ser consultados de los anteproyectos de las leyes que les afectan.

Un papel que se les venía atribuyendo en los diferentes acuerdos de concertación pero que no tenían recogido en ninguna norma con rango de ley. Tras años de demandas a los gobiernos socialistas, Juanma Moreno cogió la bandera y ha hecho realidad una promesa por la que ayer se felicitaban los secretarios generales de los sindicatos mayoritarios, Óskar Martín y Nuria López, como el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, CEA, Javier González de Lara.

Una de las claves de la ley es lo que denominan “compensación económica por la dedicación” al diálogo y concertación social que se traduce literalmente en una subvención que para 2025 será de más de siete millones de euros (7.083.043 euros exactamente). De estos fondos, la UGT recibirá 1.770.761 euros, exactamente la misma cantidad que el sindicato Comisiones Obreras. La Confederación de Empresarios de Andalucía, CEA, por su parte, recibirá 3.541.521 euros.

Como la normativa se ha aprobado en este último mes del año y esos fondos no estaban previstos en el Presupuesto de la Junta de Andalucía que se aprobará este jueves en el Parlamento andaluz, esta partida ha entrado en las cuentas vía enmiendas del PP.

Así, entre las modificaciones a las cuentas públicas que ha presentado el PP, y que se van a aprobar por la mayoría absoluta que tienen en el Parlamento, se incluyen estos tres cambios.

Compensación por su dedicación

La ley, que tiene ocho artículos, tres disposiciones adicionales y otras tantas finales, recoge la compensación económica por la participación institucional que los sucesivos gobiernos de la Junta de Andalucía deberán entregar a las organizaciones sindicales y empresariales intersectoriales más representativas como compensación por su dedicación y asistencia a órganos colegiados y a otros ámbitos de negociación, concertación o diálogo social.

Según se recoge en los artículos 6 y 7, las organizaciones sindicales y empresariales recibirán una “compensación anual en concepto de indemnización por la participación institucional” que tendrá que solictarse cada año a la Consejería de Empleo antes del 1 de marzo y que deberá estar recogida en los créditos iniciales del Presupuesto de la Junta de Andalucía, “garantizándose” que la cuantía que recibirán las organizaciones empresariales serán iguales que las de las sindicales.

Estas subvenciones se abonarán con periodicidad trimestral y son incompatibles con otras que puedan percibirse con la misma finalidad.