“Queremos ser interlocutores clave entre los profesionales de la construcción y las administraciones públicas”

En un momento clave para el sector de la construcción, marcado por los retos de la sostenibilidad, la digitalización y la necesidad de mano de obra cualificada, el papel de los colegios profesionales cobra una relevancia especial. El pasado 25 de marzo, Granada Hoy habló con María Paz García García, presidenta del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Granada, quien repasó los logros y desafíos de la institución, así como las estrategias para reforzar la colaboración con las administraciones y garantizar un ejercicio profesional digno, actualizado y con plena proyección de futuro.

Pregunta.–El Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Granada mantiene una estrecha relación con organismos públicos y otras entidades. ¿Cuáles son las principales colaboraciones institucionales que lleva a cabo?

Respuesta.–Efectivamente, el Colegio ha consolidado relaciones institucionales con diferentes organismos públicos y entidades privadas, lo que nos permite desempeñar un papel clave en la mejora del sector de la construcción. Una de nuestras colaboraciones más importantes es con el Ayuntamiento de Granada, con quien trabajamos en la ordenación del territorio, la gestión del urbanismo y la supervisión de la actividad constructiva. Participamos activamente en comisiones consultivas y mesas técnicas donde aportamos nuestra experiencia en seguridad, accesibilidad, sostenibilidad y urbanismo. Además, mantenemos una relación fluida con la Junta de Andalucía, especialmente con la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. Hemos intervenido en el desarrollo de normativas que afectan directamente a la edificación y la eficiencia energética, promoviendo la rehabilitación sostenible y la adopción de estándares europeos. También colaboramos con entidades privadas del sector, lo que ha dado lugar a la aplicación de nuevas tecnologías y metodologías constructivas.

P.–¿Cuáles son los principales desafíos y oportunidades que enfrenta el Colegio en estas relaciones institucionales?

R.–Uno de los principales desafíos es la digitalización de los procedimientos administrativos, que requiere una mayor coordinación interinstitucional para agilizar la tramitación de licencias y otros procesos. También nos enfrentamos a la creciente demanda de profesionales especializados en eficiencia energética y edificación sostenible, lo que nos obliga a estar en constante diálogo con las administraciones para actualizar normativas y fomentar la capacitación de nuestros colegiados. No obstante, estos desafíos también representan oportunidades. Podemos consolidarnos como interlocutores clave entre las y los profesionales de la construcción y los organismos públicos, promoviendo una visión conjunta que impulse la modernización del sector y garantice un desarrollo urbano sostenible.

P.–En cuanto a la defensa de la profesión, ¿cómo protege el Colegio a los arquitectos técnicos en el ámbito de la Administración pública?

R.–Nuestro Colegio juega un papel fundamental en la protección de los derechos e intereses de nuestros colegiados. Para aquellos que ejercen en la Administración pública, aseguramos que sus competencias sean respetadas y que desempeñen su labor en condiciones dignas. Ofrecemos formación continua para mantenernos actualizados en un entorno normativo cambiante y participamos en comisiones y grupos de trabajo donde defendemos su papel dentro de la Administración. Además, brindamos apoyo a las y los profesionales que buscan acceder a la función pública, con cursos preparatorios para oposiciones y asesoramiento personalizado sobre homologaciones y procesos de selección.

P.–¿Y cómo se protege a quienes ejercen de manera libre la profesión?

R.–Para los colegiados en el ejercicio libre, la defensa de la profesión es una prioridad. Combatimos el intrusismo y garantizamos que los arquitectos técnicos y/o Ingenieros de Edificación colegiados actúen bajo los más altos estándares de calidad y ética profesional. El Colegio también actúa como mediador ante las administraciones y otras entidades para asegurar el respeto a nuestras competencias en proyectos de edificación. A esto se suma un servicio de asesoramiento jurídico que orienta a las y los colegiados en la resolución de conflictos, defensa ante litigios y comprensión de normativas.

P.–Desde el Colegio también se han promovido convenios de colaboración con las Administraciones. ¿Cuáles son los beneficios de estos acuerdos?

R.–La firma de convenios de colaboración con las Administraciones permite una relación más eficiente entre el sector público y los profesionales de la Arquitectura Técnica. Estos acuerdos facilitan la tramitación de licencias y agilizan procesos administrativos, en línea con lo regulado en la LISTA y su Reglamento. Gracias a estos convenios, los arquitectos técnicos y/o Ingenieros de Edificación pueden colaborar en la revisión documental de proyectos y en la verificación del cumplimiento normativo, lo que acelera los plazos y mejora la calidad de las obras. Además, refuerzan el reconocimiento de nuestra profesión dentro de la Administración, otorgándonos mayor protagonismo en el desarrollo urbanístico.

P.–Por último, hablemos de la situación actual del sector de la construcción. ¿Cuál es la perspectiva desde el Colegio?

R.–La situación del sector de la construcción en Granada y Andalucía es positiva. No existe desempleo en nuestra profesión, ya que las y los alumnos egresados de las escuelas consiguen trabajo rápidamente. Se ha producido un incremento significativo en la rehabilitación integral y la rehabilitación energética, impulsadas por diversas campañas de subvenciones y ayudas. Sin embargo, enfrentamos un reto importante: la falta de mano de obra cualificada. Es fundamental fomentar la formación y la especialización de las y los profesionales para cubrir la creciente demanda del sector. En este sentido, el Colegio continuará apostando por la capacitación y la defensa de la profesión para garantizar un futuro sostenible y de calidad para la construcción en nuestra región.