El juez paraliza de nuevo la suspensión de relaciones de la Universidad de Granada con entidades de Israel

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Granada ha suspendido de nuevo de manera cautelar la decisión de la Universidad de Granada (UGR) de detener la cooperación científico técnica con instituciones israelíes. La decisión de romper con centros de investigación de aquel país se tomó en consejo de gobierno el pasado día 17 de mayo. En esas fechas varios estudiantes y simpatizantes de la causa Palestina protagonizaron una acampada en el campus de Fuentenueva.

El auto 257/2024 de 18 de julio estima parcialmente la solicitud planteada en el Juzgado por la Asociación Acción y Comunicación Sobre Oriente Medio (Acom). Esta entidad presentó un recurso contencioso administrativo por el procedimiento especial, al entender que estaba en juego la protección de derechos fundamentales, contra la decisión tomada en consejo de gobierno por la UGR.

En concreto, la Asociación pedía paralizar tres puntos del acuerdo, el 1, 2 y 5. El primero hacía referencia a la paralización de la movilidad estudiantil y de personal entre la UGR y universidades israelíes; el segundo punto previó suspender los convenios de lectorado y cursos de verano suscritos con dos de las universidades israelíes, la de Bal Illan y la de Tel Aviv; el quinto punto recogía la suspensión de la cooperación científico técnica con instituciones israelíes en el seno de consorcios de investigación promovidos por la Comisión Europea en los que participa la institución granadina y en los que exista al menos un socio israelí. Los consorcios en cuestión son Nabihela, IRISCC, NanoPaInt e Intense. El punto especificaba que "se evitará la explotación de infraestructuras científicas de la Universidad de Granada por personal investigador de estas instituciones y se suspenden las estancias de investigación tanto entrantes como salientes".

En un primer auto, del 14 de junio, se suspendía el acuerdo de consejo de gobierno de la UGR. En este segundo se consideran las alegaciones hechas por la Universidad, en el sentido de que los cursos de verano no se están ejecutando y que no hay israelíes que hayan solicitado movilidad en Granada ni a la inversa, por lo que la Universidad señaló en las citadas alegaciones que "no podemos entender que existan intereses generales ni de personas afectadas que justifiquen la suspensión" que solicitaba la Asociación.

El juez, por otra parte, sí mantiene la medida cautelar de suspensión del punto 5 del acuerdo de consejo de gobierno, el que señala que se evitará la explotación de infraestructuras científicas de la UGR por personal de centros israelíes y que se suspenden las estancias de investigación. El juez señala en el auto -que no es sentencia- que esta medida de la UGR "sin duda" puede tener una "incidencia en personas concretas", por lo que "debemos estimar la medida cautelar únicamente en lo relativo a este punto del acuerdo impugnado". Esta medida se mantendrá hasta que recaiga sentencia firme que ponga fin al proceso.

El acuerdo del consejo de gobierno llegó después de varios pronunciamientos, algunos de ellos tras el inicio del conflicto en el mes de octubre de 2023, en el que se manifestaba el interés de la comunidad universitaria por la paz. Esta postura llegó al seno de la Conferencia de Rectores (CRUE) donde se armonizó una posición común entre centros universitarios españoles de apoyo a la paz y rechazo al conflicto. Tras ese pronunciamiento, y mientras proliferaban distintas acampadas en campus españoles, entre ellos el de Fuentenueva en Granada, la UGR llevó a consejo de gobierno el acuerdo que ahora ha sido parcialmente suspendido en el juzgado.

Con ese acuerdo, son dos los países con los que la UGR ha limitado sus relaciones, el primero fue Rusia.