Una sentencia del Supremo abre la puerta a que 145 investigadores de la Universidad de Granada reclamen 3 millones de euros por cuotas indebidas

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación planteado por la Universidad de Valladolid y determina que la institución académica debe abonar el importe mensual de las ayudas María Zambrano y Margarita Salas, promovidas por el entonces Ministerio de Universidades y destinadas a la atracción de talento, sin descontar las cuotas patronales, como hacía la Universidad vallisoletana y otras instituciones académicas, como la Universidad de Granada (UGR). Esto abre la puerta a que hasta 145 investigadores que trabajan en Granada gracias a estos programas puedan reclamar las cantidades detraídas en concepto de cuotas patronales. El montante total del dinero que pueden reclamar asciende a los tres millones de euros, según la estimación ofrecida por el vicerrector de Investigación y Transferencia, Enrique Herrera Viedma.

En el caso de Granada, una decena de investigadores del programa María Zambrano ya presentaron una reclamación ante la Inspección de Trabajo para reclamar esas cantidades. Por otro lado, procesos similares en otras universidades han dado la razón a los trabajadores, que vinieron a universidades españolas atraídos por sueldos de 4.000 euros al mes a los que, finalmente, se les descontaban esas cuotas. Es el caso de la sentencia del Supremo que ratifica una sentencia anterior.

"El régimen jurídico al que se ha sometido la ayuda y sus cuantías en modo alguno ha previsto que de él se descuente la cuota patronal", dice el Alto Tribunal, que señala que las universidades "en modo alguno" pueden descontar importes. A la reclamación de la Universidad de Valladolid en el recurso de casación responde la sentencia que "si lo que pretende la demandada es que a la subvención recibida se le impute la cuota patronal, mediante su repercusión en la ayuda que recibe el trabajador como retribución, realmente estaría alterando el régimen jurídico que el Real Decreto y la Orden Ministerial han establecido", ya que cuando algún coste está previsto en el importe de la subvención se señala expresamente. "Es un importe destinado al beneficiario y éste, en su condición de trabajador, no puede asumir la cuota patronal".

Tras conocerse esta sentencia, el vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universidad de Granada, Enrique Herrera, señaló en un mensaje difundido por la Oficina de Gestión de la Comunicación que "creemos que tenemos unos 145 afectados" y se estima que la Universidad debería abonar unos tres millones de euros en concepto de devolución de las cuotas patronales cobradas a estos investigadores.

Herrera señaló que para contratar a estos científicos dentro de los programas Margarita Salas y María Zambrano el Ministerio de Ciencia les otorgó unos 15,5 millones que se emplearon en atraer investigadores de fuera con un "esfuerzo grande". El vicerrector asimismo subrayó que la convocatoria se hizo bajo los "parámetros" marcados por el Ministerio y con la supervisión de los servicios jurídicos.

La sentencia cambia el escenario y, ante la decisión del Supremo, Herrera apunta que "acataremos la resolución" y "estudiaremos cómo proveer ese dinero", una tarea para la que pide ayuda directamente al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. "Esperamos que nos ayude a resolver este problema económicamente", añade Herrera.

En el caso de los María Zambrano, el contrato establecía la percepción de 4.000 euros brutos mensuales mientras que para los Margarita Salas las cantidades iban entre los 3.500 euros brutos para aquellos que solicitasen plaza en el extranjero y 2.800 para los que estuvieran en España. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ya dio la razón a los trabajadores, tras lo que la Universidad de Valladolid decidió recurrir. El Supremo ratifica la sentencia previa y, de paso, abre la puerta a que en otras universidades se agilicen procesos similares. En el caso de Granada, una decena de María Zambrano se personaron en Trabajo para presentar una reclamación.