La Universidad de Granada abrirá expediente a varios profesores por sentencia judicial

El rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, confirmó que la UGR "va a hacer lo que dice la sentencia" en relación al fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ratifica la sentencia anterior del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Granada que obliga a la institución a abrir expediente por un presunto caso de acoso laboral denunciado en la Facultad de Filosofía y Letras.

"No vamos a demorar más" el cumplimiento de la sentencia, indicó el rector a preguntas de este medio. La sala del TSJA determina que no procede anular la sentencia anterior, de marzo de 2023, y que la Universidad debe investigar la denuncia de presunto acoso laboral denunciado por la profesora Milena Rodríguez. Cabía la posibilidad de recurso de casación ante el Tribunal Supremo, un recurso que la Universidad no ha interpuesto finalmente.

El primer fallo, del marzo de 2023, estima en parte el recurso interpuesto por la profesora contra la resolución de marzo de 2021 de la rectora Pilar Aranda. En esa resolución se señalaba que, tras abrir una información reservada al recibir una denuncia de la profesora Rodríguez, no existían indicios de infracciones disciplinarias. La sentencia, que no entra en determinar si existió o no el presunto acoso laboral denunciado, determinaba la ilegalidad de la resolución de la rectora y obligaba a la incoación y tramitación de un "expediente disciplinario" a varios profesores de la Facultad donde trabajaba la denunciante, Filosofía y Letras, para determinar si efectivamente se había producido un caso de acoso laboral.

Contra esta sentencia la Universidad y varios profesores interpusieron recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y, tras ser admitido, se remitieron las actuaciones a la Sala del TSJA que falló en favor de la profesora denunciante. Según la sentencia, se confirmaba la decisión del juez de lo Contencioso Administrativo número 2 de Granada y se desestimaba el recurso de apelación de la UGR.

El caso pasa ahora de nuevo a la Inspección de Servicios, encargada de abrir de nuevo el procedimiento, del que se determinará si existió o no la situación que denunció la profesora.

La UGR cuenta desde 2016 con un protocolo para la prevención y respuesta ante el acoso, en el que se define qué es acoso y se determina cómo actuar en caso de que se produzcan situaciones de ese tipo. El informe del Defensor Universitario recoge trece actuaciones por presuntos casos de acoso desde 2016 a 2022 remitidas a la Oficina para la Prevención y Respuesta ante el Acoso (OPRA) de la Universidad de Granada.