La Junta pide al Gobierno central "celeridad" en las canalizaciones de la presa de Rules tras enviar un nuevo informe

Granada/Hace tres meses, el Gobierno central anunció el "desbloqueo" de las canalizaciones de Rules. Según avanzó el presidente de la Diputación Provincial, José Entrena, Gobierno central se había comprometido a destinar 50 millones de euros para la construcción de la primera fase de las conducciones de Rules, cuyas obras comenzarán en 2021. Sin embargo, la Junta de Andalucía ha vuelto a pedir ahora "celeridad" en el proyecto tras enviarle, por segunda vez, según indican, "un informe elaborado en un mes y medio que ya se le remitió hace 15 meses".

En concreto, se trata de un documento necesario para avanzar en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de las conducciones de las presas de Rules y Béznar que permitirá llevar agua de riego a la Costa de Granada. Un documento, que según destacan desde el Gobierno andaluz, se ha elaborado en un mes y medio tras ser requerido por el Ministerio para la Transición Ecológica, pese a que ya fueron remitidos los perceptivos informes el pasado 2019.

Las canalizaciones para llevar el agua de la presa a los agricultores acumulan un retraso de más de quince años, tiempo en el que el proyecto ha protagonizado enfrentamientos constantes entre los gobiernos central y regional.

La delegada territorial de Agricultura, María José Martín, consideró que el Gobierno central busca así desacelerar "claramente" la tramitación de la declaración de impacto ambiental y retrasar la ejecución del proyecto.

El Gobierno central pidió el 27 de marzo de 2019 a la Junta que remitiera sus consultas o alegaciones al proyecto de las conducciones de Rules, un informe que se remitió en mayo de ese mismo año sin que desde entonces, según el Gobierno andaluz, se hayan registrado avances.

En agosto de este año, el Ministerio volvió a solicitar más informes sobre el proyecto, una reiteración que la Junta ha reprochado al considerar que se frena así un proyecto que supondría un impulso para la agricultura de Granada que permitiría ampliar en más de 5.000 hectáreas la superficie regable.

Ante este nuevo proceso administrativo, la Junta asegura que intentará agilizar todo lo posible cualquier tramitación necesaria hasta que concluya el proyecto en beneficio de la provincia.