Las playas de Motril y Castell de Ferro, en el punto de mira con dos banderas negras

Granada/A pocos días de iniciar de forma oficial el verano, la Costa Tropical pone a punto sus servicios y playas para iniciar la temporada de descanso y esparcimiento cerca de la orilla del mar. Ganas de pasarlo bien, largas jornadas de olor a salitre y protector solar, refrescos en las terrazas de bares y chiringuitos... y de poner sobre la mesa los problemas o deficiencias que durante el resto del año las administraciones implicadas no han solucionado. Una labor de 'sacar los colores' que cada año Ecologistas en Acción realiza gracias al análisis de los 8.000 kilómetros con los que cuenta el litoral español para señalar aquellas zonas más características de afecciones por contaminación y mala gestión ambiental.

Y la costa de Granada no se queda atrás en el repaso de los ecologistas. Tras recorrer los algo más de 73 kilómetros de playas, y sacar de la lista -desde la confederación de grupos ecologistas inciden en que pese a que la mayoría de las playas comprendidas entre Motril y el límite de Almería se merecen una bandera negra, solo señalan dos por año- a la playa de La Herradura (Almuñécar) y La Rábita- El Pozuelo (Albuñol), que en la edición de 2023 consiguieron el punto negativo. En 2024 ponen el foco sobre Motril y Castell de Ferro por contaminación y mala gestión, respectivamente.

En el caso de Motril, los ecologistas le otorgan la Bandera negra por contaminación a las playas de Poniente y Granada por "vertidos frecuentes de aguas residuales en la playa de Poniente por el balate de la Culebra con origen en el polígono industrial de Alborán y vertidos recurrentes de origen urbano por la acequia del Puentecillo provenientes de las urbanizaciones de Playa Granada".

Además, ponen el foco en el Puerto de Motril y sus depósitos de graneles al aire libre. Desde Ecologistas en Acción remarcan que cuando hace viento o hay operaciones de carga se producen grandes nubes de polvo y olores que llegan a esta playa, una situación que los propios vecinos de la zona han denunciado por redes sociales en varias ocasiones.

Por otro lado, el vertido que el pasado mes de enero sorprendió a unos vecinos de la Costa que se encontraron en uno de sus paseos por la playa como una acequia que desemboca en la playa de Punta del Río, entre Motril y Salobreña, se había teñido de un azul intenso, no pasa desapercibido. Hace unos meses, y en mitad de todo el revuelo, distintos grupos ecologistas instaron a que se realizase un estudio de las muestras recogidas para conocer su procedencia y las causas que determinaron el suceso. Hace algunas fechas, el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pachecho, anunció durante el transcurso de una sesión plenaria que el vertido fue producto de "un abono que cuenta con la preceptiva autorización de la Unión Europea (UE) para su comercialización y, según la información del producto, no contiene elementos nocivos para las plantas ni para el medio ambiente".

En su informe, exponen que tanto el Ayuntamiento de Motril como el resto de administraciones responsables tienen "una actitud de pasividad y dejadez total" con resto a los vertidos, ya que, según resaltan, es una "problemática recurrente desde hace décadas sin que nadie haga nada para solucionarlo". Y señalan el "deterioro ambiental" y la "contaminación" a causa de los vertidos, extracciones de áridos de la Playa de Poniente para realimentar Playa Granada, polvos en suspensión y circulación y estacionamiento de vehículos en su interior. Motivo por el que inciden en que la solución para acabar con dichos problemas pasarían por "acabar con los vertidos, depurar las aguas residuales, cesar las extracciones de arenas y solucionar el problema de los depósitos de graneles y minerales al aire libre del puerto".

Por otra parte, ponen el foco en la Playa de Castell de Ferro por autorizar la construcción, como chiringuito estacional, de una edificación permanente de hormigón de 300 m2 de superficie en plena playa, además de realizar excavaciones en la ribera para utilizar las arenas en la construcción de dicha edificación.

Una zona que, según apuntan, en el informe de Costas se advierte expresamente, que la zona pertenece a la ribera de mar y puede ser inundable por su propia naturaleza, por lo que el concesionario asume los riesgos y daños derivados, tanto para las instalaciones como para sus usuarios, de dicho emplazamiento y de su proximidad al mar, debiendo establecer las medidas de seguridad y vigilancia oportunas.

"Dado que los establecimientos objeto de concesión se encuentran localizados en una Zona de Servidumbre de Arqueológica definida por la Orden de 20 de abril de 2009, cualquier remoción del terreno que se produzca en su construcción o en instalaciones necesarias para su funcionamiento, deberá constar con una actividad arqueológica preventiva que consistirá en un Control Arqueológico de Movimientos de Tierras, tal como establece el Reglamento de Actividades Arqueológicas (Decreto 168/2003 de 17 de junio)".

En este sentido, aseguran que una vez vista que la ubicación del establecimiento coincide con un parque biosaludable del Ayuntamiento de Gualchos-Castell de Ferro, se recibe un escrito por parte del Ayuntamiento en el que solicita un cambio en la ubicación del parque, por lo que se informa de forma favorable a la

concesión solicitada una vez se retiren dichas instalaciones municipales del DPMT. Y recalcan que es solo un ejemplo más, ya que "la Junta de Andalucía ha concedido numerosas autorizaciones y regularizaciones de establecimientos en muchos puntos del litoral de Granada para la instalación en el DPMT de edificaciones de nueva planta".

Por lo que explican que la solución pasa por "no justificar, autorizar y dar licencia a edificaciones permanentes cuando la ley no lo permite y reclamar que nuestras administraciones se dediquen a su función, defender el interés general y el patrimonio público y no a privatizarlo y urbanizarlo".